El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ambos en funciones, han rubricado hoy el acuerdo para la reedición del Gobierno de coalición tras las elecciones del pasado 23 de julio. Lo han hecho en un acto simbólico en el Museo Reina Sofía, de Madrid, en el que ambos mandatarios políticos han plasmado su firma sobre la documentación que recoge los principales puntos del pacto.
Ha sido Díaz la encargada de desglosar los ejes principales del acuerdo, algo que, entre risas, Sánchez le ha recriminado en su posterior intervención: «Hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo, en otras no tanto; en las intervenciones, no, así que voy a repetir lo que ha dicho Yolanda», ha señalado en tono de broma. La vicepresidenta, en un discurso plagado de metáforas, ha presentado avances en materia laboral, de feminismo, en el ámbito de la sanidad, la educación y la vivienda pública, medidas para paliar los efectos del cambio climático, así como nuevas reformas fiscales.
«El único sentido de este acuerdo es mejorar la vida de los españoles», ha expresado Yolanda Díaz, quien ha anunciado, además, «un nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI» para «convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida». Tal y como ya se dio a conocer ayer, el pacto incluye una reducción de la jornada laboral sin merma en el salario. El calendario establecido es el siguiente: en 2024, los y las trabajadoras pasarán a trabajar un máximo de 38,5 horas y, en 2025, 37,5 horas. A partir de entonces, cualquier nueva reducción dependerá de la negociación con los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal.
PSOE y Sumar también han acordado una nueva subida del salario mínimo (aunque no han indicado cuál será la cuantía), así como una regulación del despido, uno de los puntos que no se abordaron en la pasada reforma laboral. El nuevo Gobierno de coalición rescatará, asimismo, la aprobación del Estatuto del Becario, «el último reducto de la precariedad», en palabras de Díaz.
En el Día del Cambio Climático, la vicepresidenta ha añadido que toda política pública será «una política climática». «Queremos ser una potencia en energías renovables y […] vamos a anticipar las reducciones de CO2 al año 2030″, ha explicado en su intervención, en la que ha asegurado que se van a mantener las bonificaciones al transporte público así como la prohibición de los vuelos cortos siempre que exista una alternativa.
En materia sanitaria, el acuerdo incluye nuevos servicios como el dentista o ayudas para la compra de gafas y lentillas, así como el incremento en las partidas dedicadas a la salud mental. Además, la vicepresidenta ha prometido «defender y dignificar» las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública. Por otra parte, en el ámbito de la educación, ambos partidos han acordado universalizar la educación de 0 a 3 años.
Otro de los grandes ejes del pacto será la vivienda pública: «Tenemos que dar tranqulidad a las familias y no a los fondos de inversión», ha dicho. Por ello, el nuevo gobierno aumentará al 20% el parque de vivienda pública y regulará los alojamientos turísticos «para que las ciudades sean lugares para vivir y no para especular». En su intervención posterior, Sánchez ha vuelto a recordar que la vivienda «es un derecho constitucional»: «Este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta gran parte de la sociedad», ha enfatizado el presidente en funciones.
Díaz también ha tenido guiños para el feminismo, uno de los grandes escollos de la vicepresidenta con sus socios de Podemos, que reclaman el ministerio de Igualdad para Irene Montero. La líder de Sumar ha anunciado un permiso de 20 semanas por maternidad y paternidad, de las cuales 8 serán retribuidas. Asimismo, promoverán un Pacto de Estado en favor de las personas LGTBI.
Un «gran acuerdo fiscal» y territorial
Díaz ha desglosado algunas de las medidas del futuro Ejecutivo para hacer crecer el presupuesto estatal: «Las grandes empresas pagarán un 15% sobre los beneficios reales que perciben, sin ingeniería fiscal. Con ello vamos a recaudar 10.000 millones de euros», ha señalado la vicepresidenta. Además, PSOE y Sumar pretenden «reforzar» el impuesto a la banca y a las energéticas, ya puestos en marcha en la pasada legislatura, y a usar los llamados beneficios caídos del cielo para rebajar la factura de la luz.
De manera menos directa, la vicepresidenta también se ha dirigido a los partidos nacionalistas, los cuales tendrán que votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez para que el nuevo gobierno de coalición pueda ser posible. A ellos les ha prometido «un nuevo acuerdo territorial» y la revisión de la «infrafinanciación» de comunidades como la valenciana, además de la derogación de la Ley Mordaza, otra de las tareas pendientes de la anterior legislatura.
Este pacto es solo el primero de una larga lista que PSOE y Sumar deben cerrar a partir de ahora con sus socios de investidura para recibir sus votos favorables: EH Bildu (quien ya ha anunciado su intención de apoyar la formación del nuevo Ejecutivo), ERC, PNV, BNG e incluso Coalición Canaria. El acuerdo con Junts per Cat, la formación de Carles Puigdemont, será el más complicado de todos ellos, y girará en torno a la amnistía para todos los participantes en el referéndum del 1 de octubre.
