En septiembre de 2018 comenzó un calvario que jamás imaginaron decenas de vecinos de San Fernando de Henares. La construcción de la línea 7B de Metro por un recorrido no recomendado por los técnicos en su día estaba haciendo que, en sus casas, comenzaran a aparecer grietas. El fatal desenlace llegaría casi cuatro años después, cuando las familias afectadas, ya fuera de sus viviendas y reinstaladas en otros inmuebles, observaron con impotencia cómo sus hogares de toda la vida eran derribados. Ahora, este vecindario continúa batallando contra la Administración liderada por Isabel Díaz Ayuso (PP) para conseguir unas indemnizaciones lo más justas posibles.
En total, 41 viviendas han sido derribadas y 14 más tienen orden de ruina, a las que se suman 32 en estudio. En cuanto a plazas de garaje, 39 han sido destruidas, al igual que cinco locales comerciales. “Según el censo del Ayuntamiento, hay 650 viviendas afectadas de una u otra forma”, contabiliza Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación Afectados por el Metro Rafael Alberti-Presa.
“Nosotros vivíamos en la calle Presa número 19. Estábamos cinco personas en una vivienda unifamiliar de tres plantas. Tras la primera grieta, comenzamos a escuchar crujidos nocturnos y pronto supimos que cada crujido era una nueva grieta que se abría”, cuenta Mari Carmen Cortés. Las pequeñas grietas se fueron agrandando y los 20 centímetros que medían al principio terminaron convirtiéndose en metros. Los movimientos de tierra eran tales que la puerta peatonal de la entrada de Cortés acabó inutilizada.
El tiempo pasó, las operaciones para intentar remediar la problemática se sucedieron y ninguna surtió efecto. Así llegó el 20 de enero de 2022, cuando los bomberos inspeccionaron la casa de Cortés, a las 20.30 horas. “Recuerdo perfectamente la situación. En mitad del pasillo, tras valorar el estado del inmueble, me dijeron que teníamos que desalojar inmediatamente. Cuando bajamos de la segunda planta ya tenían preparada la orden de desalojo, ni siquiera podíamos dormir esa noche”, rememora la afectada.
Un arraigo incuantificable
Pero ella se negó. Con su padre de 89 años, a esas horas, no iría a ningún lado. Al final, consiguió 24 horas más de prórroga. “Llevaba viviendo ahí con mi marido desde que nos casamos, hace 32 años. Yo me he criado en esa casa y mis hijos igual. El arraigo es increíble. Todavía no entiendo por qué tengo que irme de mi pueblo por el hecho de que estos políticos hayan cometido una tropelía y hayan hecho mal las cosas”, dice Cortés emocionada.
El 20 de marzo derribaron su vivienda, y la de su marido, y la de sus hijos, y la de su padre. “David Pérez, antiguo consejero de Vivienda, dijo que iba a ser el edificio más seguro de España y que los problemas solo durarían tres meses”, recuerda la afectada. Juan Antonio Fuentes, presidente de la asociación vecinal, por su parte, incide en la buena sintonía establecida con el nuevo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, del que esperan que cumpla su palabra y cierre cuanto antes los expedientes administrativos para que las familias puedan llevar el caso a los tribunales.
Sin la casa de toda su vida, la familia de Cortés tuvo que desplazarse al apartahotel Meliá, muy retirado de San Fernando. Allí siguen tras 18 meses, teniendo que luchar casi mes tras mes por una prórroga de sus contratos para que la Administración se haga cargo de los costes. No fue solución para su padre, quien, según cuenta su hija, llegó a perder 10 kilos en las tres semanas en las que estuvo en el apartahotel antes de pasar por una residencia pública y, después, una privada, de la que se hace cargo su propia familia.
Mentiras de la Comunidad de Madrid
En cuanto a las indemnizaciones por daños morales, la Comunidad de Madrid se vio en la obligación de recular. Al que consideraban cabeza de familia, en un primer momento le abonarían 20.000 euros, al segundo adulto unos 8.000 y a los demás convivientes, 5.000. “Aquello era inconstitucional porque no era igualitario, además de que nos decían que era lo máximo permitido a nivel legal, y no era verdad”, insiste Fuentes. Al final, el Gobierno regional aprobó ingresar 20.000 euros a cada persona que vivía en las casas derribadas.
“Yo no quiero que me den más de lo que merezco. Es imposible que me devuelvan la casa porque la han derribado, pero quiero lo mismo. Quiero que me den las llaves de una casa, que es lo que me han quitado. Ahora, con 59 años tengo que estar buscándome dónde vivir, quebrándome la cabeza para encontrar algo sin tener que irme de mi pueblo”, prosigue Cortés, quien lleva meses en tratamiento psicológico.
Media hora para guardar una vida
Marcial Rodríguez es otro de los nombres propios de entre las decenas de afectados. Él tiene 64 años y toda su vida ha sido encofrador. Vivía en el 1ºB de la calle Alberti, número 1. “Nuestro edificio justo hacía esquinazo y poco a poco se fue inclinando todo el bloque. En 2019 vimos las primeras grietas, unos pelitos que cada vez se hacían más grandes. Al tiempo, las puertas ya no cerraban y las ventanas se descuadraban”, relata.
Desde 1986 ocupó esta vivienda que terminó derruida en mayo de 2022. También en ella tuvo y crio, junto a su mujer, dos hijos. “Nos dijeron que teníamos que desalojar hará ahora tres años, en septiembre, por el posible desplome del inmueble”, aduce. Ellos no tuvieron tanta suerte como la familia de Cortés, ya que Rodríguez y su mujer tan solo tuvieron media hora para coger todo lo que pudieran de su casa.
“Menos mal que mi mujer tuvo más entereza, porque yo me quedé con la mente en blanco. Los bomberos también nos ayudaron mucho. Lo primero que cogimos fueron las escrituras, recuerdos de mis hijos, fotografías… No encontramos el libro de familia, pero bueno. Todo lo que es ropa, muebles, electrodomésticos, decoración, todo eso se quedó y destrozó cuando derribaron la casa”, narra este vecino de San Fernando de Henares.
Tal y como él mismo afirma, aquel momento fue uno de los más complicados de su vida. “Llevaba 40 años pagando ese piso, mi vida se formó allí, y de la noche a la mañana ves cómo te quedas sin casa y sin recuerdos”, comenta al respecto.
La espera eterna para poder vivir con dignidad
La familia de Rodríguez también tuvo que instalarse en un apartahotel: “Aquello no estaba en condiciones para alojarnos. No sé qué tenía la Comunidad de Madrid con esa empresa para mandarnos ahí, pero todo estaba bastante mal. La comida era horrorosa y cuando llegamos tuvimos que limpiar las paredes y los filtros de los aires de la habitación”, denuncia el encofrador.
Un año después, consiguieron encontrar un piso que se amolda algo más a sus necesidades, gracias a una amiga de la familia. “Pagamos 850 euros de alquiler y la ayuda de la Comunidad son 790, cuando yo tenía mi piso ya pagado”, añade Rodríguez. Los afectados llegaron a acampar durante 43 días a las puertas de la oficina informativa que el Gobierno regional creó para exigir una respuesta sobre la continuidad de sus ayudas. Por el momento, Jorge Rodrigo, el nuevo consejero, les ha confirmado que las ayudas se prorrogarán dos meses más, hasta septiembre.
“Aquí tenemos tres ríos. El Jarama, el Henares y los túneles de la línea 7B de Metro de Madrid, que no los impermeabilizaron”, resume Rodríguez. Una de las consecuencias más desesperantes de esta situación es que los propietarios de las viviendas tienen que seguir abonando sus hipotecas, aunque el edificio se haya derribado. “Hay mucha gente que se niega a pagar algo que nunca disfrutará, pero entonces los bancos van a por sus padres, que son quienes les avalaron. No hay derecho a estas cosas, es que no es normal”, se lamenta Rodríguez.
Ahora, este sexagenario se encuentra cansado de esperar tanto tiempo una solución que cree que, seguramente, no le acabará convenciendo. “No podemos hacer nada en condiciones con nuestra vida. A mí me da por llorar; pero por mi hija, para que no me vea, a veces parece que estoy más entero. En realidad, estoy destrozado por dentro, porque no hay derecho, porque nadie debería estar pasando por esto”, concluye el afectado.
