Desde hace meses, en Alemania ha aumentado la agitación social debido, esencialmente, a la explosión de los precios. La tasa de inflación del 7,4% en marzo dobló la de España. Casi cada semana ha habido huelgas en diferentes partes del país, en hospitales, guarderías, la recogida de basura, correos y otras empresas del sector público. El pasado 27 de marzo, un gran parón paralizó la red de transportes, desde los ferrocarriles a la cancelación total de los vuelos en los dos principales aeropuertos alemanes, en Frankfurt y Múnich.
La huelga, bautizada en algunos medios como Mega-Streik, fue inusual en varios aspectos. Entre otros, fue convocada por dos de los grandes sindicatos sectoriales, Ver.di, que representa a los empleados y empleadas del sector público, y EVG, la central del ferrocarril. Ambas organizaciones pelean por una subida salarial sustancial, pero en negociaciones separadas. Aun así, de forma excepcional, unieron fuerzas para la protesta.
Desde el lado de la empresa, Deutsche Bahn, la Renfe alemana, calificaba el parón como desproporcionado y exagerado, dado que la demanda sindical no difiere tanto de lo que ofrecen los empleadores, y señalaba que perjudicaba a millones de personas. “Un conflicto social que no tiene repercusiones es un conflicto social inofensivo”, justificó el presidente de Ver.di, Frank Werneke.
Inofensivo o no, las imágenes de los aeropuertos y estaciones de tren vacías el día 27 en Alemania contrastaban bastante en los telediarios con las escenas que se proyectaban del país vecino. En Francia ardía la basura, incluso la entrada del Ayuntamiento de Burdeos, y se producían choques violentos entre huelguistas y policía. Nada de esto sucedía en Alemania, a pesar de que la preocupación y el enfado por la pérdida de poder adquisitivo son parecidos. ¿Cómo se explica esta diferencia notable en combatividad entre los dos vecinos?
En Francia, como en España, los principales sindicatos responden a líneas ideológicas, por lo menos en su origen. En Alemania, las centrales están organizadas según intereses sectoriales: Ver.di para el servicio público, EVG para el ferrocarril o el más grande de todos, IG Metal, cuyo origen está en la industria pesada y se ha extendido incluso a sectores tecnológicos. Los ocho principales sindicatos están agrupados en la Confederación de Sindicatos Alemanes, DGB, que, esto sí, está tradicionalmente más próximo a la socialdemocracia. Existen algunas organizaciones al margen, pero en las relaciones laborales son la DGB y sus asociados los que cortan el bacalao.
En el conflicto actual en Alemania, los dos sindicatos exigen una subida salarial del 10,5%, con un mínimo aumento de 500 euros, mientras las administraciones públicas han aumentado su oferta a un 8% y un pago único de 3.000 euros. En opinión de diversos especialistas, esta diferencia difícilmente justifica una huelga nacional total como la del 27 de marzo. Por eso, algunos ven un motivo adicional: la serie de paros en diferentes áreas desde principios del año ha reactivado el interés en la organización sindical. En lo que va de año, Ver.di ha registrado más de 70.000 nuevos afiliados. “El objetivo de ganar afiliados influye cada vez más en la estrategia de huelga”, opinaba Hagen Lesch, experto del Institut der Deutschen Wirtschaft (IW), en la televisión estatal ZDF.
Porque igual que en muchos otros países industrializados, los sindicatos alemanes han perdido afiliados y, con ello, influencia en las últimas décadas. Un estudio del IW calcula que en 2017 sólo el 17,4% de personas asalariadas del país tenía carné de un sindicato. En 1980, era el 32,5%. En 2022, la DGB tenía 5,64 millones de afiliados y afiliadas (IG Metall solo representaba 2,15 millones de esta cifra). A principios del siglo, casi ocho millones de personas pertenecían a la DGB.
Y la afiliación entre la gente de menos de 50 años es bastante menor que entre los mayores. En esto influyen, como en otros lares, los cambios del mundo laboral, el teletrabajo, el aumento de autónomos y el declive de las grandes fábricas industriales, entre otros aspectos. Además de la sangría en la afiliación, el sindicalismo alemán tiene que hacer frente a los efectos de la globalización, que pone en peligro uno de los grandes pilares del modelo alemán de la llamada economía social de mercado: la Mitbestimmung. Por ley, la plantilla tiene asegurada presencia en los consejos de administración de las grandes empresas. En sociedades de capital de 500 a 2.000 empleados, estos eligen una tercera parte de los consejeros y consejeras.
En las empresas más grandes, los órganos de supervisión deben ser paritarios entre representantes del capital y miembros de la plantilla. Sin embargo, desde hace años, muchos grandes grupos intentan librarse de la influencia de los sindicatos al transferir filiales al extranjero, por ejemplo. Varias empresas han cambiado de una Aktiengesellschaft (AG), que es equivalente a una S.A., a la figura de Societas Europaea (SE), entre otros con el fin de esquivar la Mitbestimmung. Pero en octubre pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a la demanda plantada por Ver.di e IG Metall contra SAP. El gigante tecnológico alemán se había reconvertido en una SE y pretendía reducir su consejo para rebajar el peso de los representantes sindicales.
