La semana pasada escribí un artículo sobre la sesión que tuvo lugar en el Capitolio en relación con la Inteligencia Artificial (IA) generativa, en la que compareció el CEO de OpenAI (la empresa impulsora de ChatGPT), Sam Altman. Era una pieza informativa que sintetizaba el diálogo mantenido en dicha sesión, donde también participaron senadores y expertos y, para mi sorpresa, se situó inmediatamente entre las más leídas de este medio.
Sin embargo, después de publicarla, me quedé con la sensación de que le faltaba análisis; de que satisfacía la necesidad inmediata de contar esa reunión en el Capitolio, pero carecía de un contexto más amplio donde ubicarla y entenderla. Para intentar remediar esos fallos, escribo ahora este otro artículo complementario.
Capitalismo de la vigilancia
Lo primero es señalar las coordenadas históricas en que nace la IA y cómo esta nueva versión se diferencia de las anteriores. El “capitalismo de la vigilancia”, explica la investigadora y profesora emérita de Harvard Shoshana Zuboff, es el sistema que surge en torno a 2002 basado en la extracción de datos personales, resultado de nuestra interacción con los ya ubicuos espacios digitales (webs, tarjetas de crédito, apps, ordenador del coche, la Roomba o cualquier cosa que lleve Internet), a partir de la cual generar predicciones sobre nuestras conductas, que luego son vendidas sin consentimiento y para fines más o menos espurios.
En un marco legal insuficiente, por mucho que Meta haya sido multada en Irlanda por violar la privacidad de los usuarios (ciudadanos), se da una competición empresarial exacerbada dirigida a acumular trazos cada vez más íntimos de nuestra experiencia y, ya no sólo predecir comportamientos, sino también modificarlos. Se trata, dice Zuboff, de “transformar el mercado en un proyecto de certeza total”, pues, una vez sabido cómo pensamos, sentimos, qué nos duele o nos emociona, es muy fácil manipularnos con el objetivo de que compremos ciertos productos, y hasta de que votemos en una u otra dirección –justamente lo que ocurrió con el escándalo de Cambridge Analytica–. En estos procesos interviene la Inteligencia Artificial no generativa de los algoritmos, que analizan los datos y aprenden de ellos.
Ahora bien, advierte el profesor emérito de Ciencia Neuronal y Psicología en la Universidad de Nueva York Gaby Marcus: para que Rusia pudiera interferir en las elecciones norteamericanas de 2016 tuvo que gastarse cantidades millonarias en la producción de desinformación (principalmente en la creación y difusión de anuncios malintencionados en redes) y, con una herramienta como la IA generativa, los costes habrían sido prácticamente nulos. Esto es así porque herramientas como ChatGPT –y otras similares– no reproducen mensajes, sino que los fabrican, a partir de datos –desconocidos hasta ahora– que actúan de combustible, con un alto nivel de verosimilitud, no de veracidad.
Consecuencias devastadoras
Las consecuencias pueden ser absolutamente devastadoras en un clima ya afectado por la posverdad algorítmica, donde abundan las fake news, muchos gobiernos o partidos políticos han adoptado las estrategias trumpistas de institucionalización de la mentira, y el lucro de la élite ha quebrado los cimientos de la democracia. Estamos hablando de campañas masivas destinadas a alterar procesos electorales, pero también de la suplantación de identidades gracias a fotografías que parecen reales, programas de clonación de voz, y un más que probable incremento de los ataques cibernéticos, a lo que se sumaría la falsificación de pruebas judiciales y, por consiguiente, una casi total incapacidad humana para distinguir qué es cierto y qué no, con la lógica pérdida de confianza en las instituciones. Si ya habitamos un mundo de fanatismos, asaltos al Capitolio, desencanto y descrédito del periodismo y la política, la nueva IA tendría un potencial gigante para amplificar estos problemas.
Se ha hablado también de la posibilidad de integrarla en armamento que funcionaría de manera autónoma; de la degradación de las prácticas educativas (millones de estudiantes ya utilizan ChatGPT para sus trabajos, a pesar de que incorpora información falsa) y la merma de inteligencia colectiva que esto supone; de las dificultades para producir investigación científica fiable si, de repente, una marea de papers ficticios lo inunda todo; de una inestabilidad social insoportable que puede conducir a conflictos y respondería asimismo a la eliminación sustancial de empleos que serían sustituidos por máquinas “inteligentes”.
Con el fin de calmar los ánimos, algunos apuntan a los beneficios de la IA, por ejemplo, en el sector sanitario. El Dr. Isaac Kohane, profesor en Harvard, afirmaba en esta entrevista que, como faltan médicos de atención primaria en EEUU, la Inteligencia Artificial podría usarse para responder a las cuestiones de los pacientes, ofrecer diagnósticos y recomendar tratamientos. Lo curioso es que en ningún momento sugiere la contratación de más facultativos, lo cual invita a pensar en una automatización de la sanidad, privada de contacto humano y dependiente de artilugios no regulados, programados sin ningún tipo de transparencia que –según sus creadores– pueden sufrir “alucinaciones”, es decir, generar mentiras mientras perpetran lo que Naomi Klein ha llamado “el mayor robo de la historia” al caer en manos de unas pocas empresas poderosísimas todo el conocimiento humano.
Matices de la regulación
Los magnates de estas corporaciones son completamente conscientes; de ahí que Altman se haya acercado primero a los congresistas de su país, movido por el afán de colaborar a favor de que se regule su criatura, y ahora se halle de gira por Europa persiguiendo el mismo propósito. La pregunta de qué organismos, existentes o futuros, se encargarán de supervisar un monstruo capaz de destruir los pilares de la vida como los hemos conocido ha centrado la conversación de Altman con Pedro Sánchez, de igual forma que ya lo hizo en la sesión del Senado estadounidense, donde la ejecutiva de IBM Christina Montgomery enfatizó varias veces la necesidad de regular los contextos de aplicación de la IA, pero no la innovación tecnológica, dejando claro que el monstruo seguirá creciendo mientras los lentos marcos jurídicos se actualizan –si lo hacen–.
Se replicaría así la situación de los primeros pasos del capitalismo de la vigilancia (el extractivismo impune de la intimidad), hoy imparable. De todo ello podría inferirse que la petición de regulación por parte de Altman obedece más bien a la búsqueda de connivencia gubernamental con el avance de la IA, y a la creación de ciertos permisos o licencias que sirvan para evitar las peores consecuencias –por ejemplo: en el desarrollo de escenarios bélicos, y no es casual la constante comparación con las armas nucleares–, pero también para blindar legalmente a las empresas del oligopolio frente al daño infligido en otros ámbitos.
Dados los antecedentes del fenómeno, las grietas jurídicas en que se inserta y las amenazas democráticas que plantea dentro de un panorama donde, de por sí, la democracia cada vez garantiza menos derechos, la pregunta quizá debería ser: ¿ofrece algún horizonte de mejora social la IA? Recular antes que prosperar en desastres es algo que aún no está sobre la mesa.
