Mi compañero Eduardo Robaina, periodista especializado en información climática, advirtió hace poco de un caso preocupante: las respuestas destacadas a un tuit del prestigioso climatólogo británico Ed Hawkins, doctor en astrofísica y profesor en la Universidad de Reading, eran de usuarios negacionistas cuyas cuentas habían sido verificadas. El mensaje irrefutable de Hawkins –que el cambio climático se agrava, y es producto de la quema de combustibles fósiles y la deforestación–, estaba siendo contestado por perfiles portadores del check azul, esa marca que antes significaba una comprobación previa de la identidad por parte de la plataforma y a la que, a partir del pasado 20 de abril, rebautizada como Twitter Blue, sólo se accede mediante el pago de 8 euros mensuales (u 84 anuales). Cuando corroboré yo misma el negacionismo de estas cuentas, noté que apenas tenían seguidores, una señal de que podría tratarse de bots, o usuarios falsos creados específicamente para desinformar.
Lejos de constituir una simple anécdota, la historia es representativa de un fenómeno que han constatado múltiples medios: que Twitter está perdiendo legitimidad como fuente informativa a pasos agigantados, y que la mudanza en su política de verificación –ahora a cambio de dinero y un teléfono asociado a las cuentas– contribuye a ello, socavando una confianza ya muy mermada desde que el magnate Elon Musk decidiera comprar la red en octubre de 2022. Nos encontramos ante un nuevo modelo de negocio, pero también frente otro capítulo de un contexto de posverdad, confusión generalizada que se nutre del caos mediático y tiene serias consecuencias en la calidad de nuestras democracias.
Menos rentabilidad, más perfiles falsos
Twitter ha perdido aproximadamente la mitad de su valor después de caer en manos de Musk. El multimillonario sudafricano-estadounidense vio cómo los ingresos provenientes de anunciantes caían en picado, entre ellos un 60% de los que más invertían en la red, debido a la sospecha de que una relajación de las normas de interacción hiciese proliferar todo tipo de mentiras, spam, o contenidos que pocas empresas quieren alrededor, como la pornografía. Los recelos se cimentaban en datos sólidos, pues Musk permitió que cuentas previamente bloqueadas por difundir bulos, como la de Trump, volviesen a estar activas, y distendió las reglas contra la desinformación vinculadas a la COVID-19. Tras despedir a un 80% de su plantilla, quedándose con 1.500 empleados, anunció que el servicio de verificación sería de pago, una opción que impulsa la «posición prioritaria en las conversaciones y búsquedas», según explican en la web, junto a otras ventajas, como poder editar tuits, o que éstos sean más largos.
Durante unos meses, las cuentas verificadas por suscripción y el antiguo modelo sin cobro que garantizaba la veracidad de los usuarios, utilizado por personajes de interés público –como periodistas, famosos, o políticos– convivieron en la plataforma, hasta que las últimas marcas azules gratis desaparecieron hace unos días, lo cual dejó sin identidad contrastada a celebridades como el papa Francisco, Bill Gates, Beyoncé, o la escritora J. K. Rowling. Inmediatamente surgieron perfiles falsos, que se hacían pasar por Hillary Clinton, fuerzas paramilitares sudanesas o el ayuntamiento de Nueva York, como ya ocurriera en noviembre con impostores verificados de Tony Blair, George W. Bush, o multinacionales como Coca-Cola. Si bien algunos tenían un tono claramente humorístico, cabe preguntarse cómo afecta esta facilidad para suplantar a cuentas reales, incluidas las de servicios de emergencia (policía, bomberos), centros de investigación, o comunicadores, a la ciudadanía. Aunque los perfiles gubernamentales aparecen ahora acompañados de una marca gris, la autoridad que generaba el check azul en otros miles se ha volatilizado.
Rechazo de los medios
No es casual que los principales medios de Estados Unidos hayan dado la espalda a esta nueva política de Musk. En una nota publicada por la CNN, la cadena recoge algunas reacciones: ni ella, ni The New York Times, The Washington Post o POLITICO, entre otros, se plantea pagar por Twitter Blue, precisamente porque no aporta ningún tipo de garantías. «La verificación ya no indica autoridad o credibilidad», apuntaba Los Angeles Times; un argumento muy parecido al esgrimido por el Post, que alegaba además la imposibilidad de confirmar la experiencia o profesionalidad de sus redactores.
En España, algunos medios como La Vanguardia, el ABC o la Cadena Ser han pagado por el check azul; otros como InfoLibre o La Marea no lo han hecho; mientras El País mantiene un sello dorado que, según el propio medio, ha sido «otorgado unilateralmente por la plataforma a los que considera una ‘cuenta comercial oficial en organizaciones verificadas de Twitter’». Lo que no aclara El País es si ha pagado por el sello, que cuesta 1.000 dólares al mes, o si pertenece a una de las compañías o anunciantes agraciados por Musk con esta distinción gratuita.
Sea como fuere, la verificación de pago ha provocado más repulsa que aceptación, con aproximadamente sólo un 5% de los antiguos usuarios con el logo azul suscribiéndose al servicio –de acuerdo con The Guardian–, y una campaña masiva en contra bajo el hashtag #BlocktheBlue con el que muchas personas animaban a bloquear a quienes han procedido al desembolso mensual o anual. Las negativas a que Twitter se convierta en un foro remunerado por sus usuarios y no tanto mediante publicidad le da otra vuelta de tuerca al modelo de negocio fundado por Google a principios de los años 2000 según el cual las compañías tecnológicas, entre ellas las redes sociales, se lucran a partir de unos anuncios personalizados que, a su vez, se nutren de nuestros datos. Esto es lo que la investigadora de Harvard Shoshana Zuboff llamó «capitalismo de la vigilancia», el sofisticado entramado que extrae información gracias a la interacción digital y la convierte en oro, pues de ella se infieren debilidades psicológicas y patrones de comportamiento susceptibles de ser modificados, como demostró el escándalo de Cambridge Analytica, consultora responsable de la alteración de resultados electorales.
En un giro inusitado, Musk parece querer instigar que los usuarios paguen, con dinero propio y no sólo con su privacidad, por una red tan problemática como las demás, pero que, hasta ahora, contenía un gran potencial comunicativo, en parte debido a sus mecanismos para limitar la mentira. Está por ver si nos hallamos ante otro fracaso del magnate, un nuevo cohete que explota, o ante la aceleración de una sumisión imparable a la vigilancia, la manipulación, que encima vienen con recargo.
