ACCOUNTABLE2019 | Sufrimos un sistema mediático oligopólico, con nulo pluralismo en grandes medios, y centralista (las 26 televisiones con licencia de emisión estatal están en Madrid), que impide toda democracia. España es el único país en la Unión Europea que no dispone siquiera de un Consejo Audiovisual a nivel nacional, como denunció el Consejo Audiovisual andaluz en 2013. Sus funciones irían desde registrar lo emitido a recomendar unos mínimos de pluralismo y valores democráticos, así como la aplicación de sanciones a las peores prácticas. La ONU tuvo que investigar la sistemática violación por parte del Estado de la libertad de expresión de la sociedad civil, con cientos de medios comunitarios vetados, sin acceso siquiera a la legalidad.
Con este Gobierno, la gravísima situación mediática ha empeorado más aún: la Ley Audiovisual, tramitada de urgencia por PSOE y Unidas Podemos, aumenta los privilegios, ya desorbitados, de los conglomerados de Atresmedia y Mediaset. RTVE, por su parte, sigue siendo el NO-DO: constantemente ensalza al rey heredero de Franco, veta toda crítica al Régimen y la más mínima pluralidad, con Partido Popular y PSOE privilegiados en cada telediario, una serie para enaltecer a la Policía, otro programa para la tortura de toros, otro para la Iglesia (que sigue llevándose 11.800 millones anuales, según el informe de Europa Laica), etcétera.
PSOE, Unidas Podemos y PNV votaron para RTVE a voceros vinculados a PP y PSOE, y que en seis de los nueve casos ni siquiera aprobaron el concurso público: Jenaro Castro sacó un 0 y Ramon Colom un 2 sobre 30 en sus respectivos proyectos. También suspendió en la valoración general la actual presidenta de RTVE, Elena Sánchez, impuesta con solo cuatro votos y el de ella misma, y con poderes otorgados por el Gobierno ilegítimamente, pues ha reformado los Estatutos de RTVE sin pasar por el Congreso. Ya la anterior elección de Rosa María Mateo (estrella del NO-DO con Franco vivo) fue declarada inconstitucional. Fue administradora única provisional durante casi 3 años, sin Consejo de Administración.
El continuo incumplimiento del pacto firmado por el Gobierno de coalición sería más difícil si no contara con la complicidad incluso de los medios considerados alternativos. El día después de que el PSOE impidiese junto al PP medidas sobre Vivienda que firmó cuatro veces con UP (y a cambio de tres Presupuestos), la información no aparecía entre las decenas de noticias de portada de elDiario.es, y en la versión móvil de Público había que bajar hasta la pieza 70 para encontrarla (mucho más arriba estaban ¿El tamaño importa? y varios publirreportajes de empresas del IBEX 35). Y así cada vez.
Ambos medios han celebrado recientemente eventos centrados en presumir de su periodismo independiente/valiente. Actos patrocinados paradójicamente por macroempresas. En caso de Público, además, el propio lugar de la celebración lleva el nombre de un banco del IBEX. En cuanto a elDiario, la lista de grandes empresas que pagaron su festival es muy largo, algo recurrente, no puntual.
La escasa o nula atención a los incumplimientos del Gobierno es especialmente irresponsable y cómplice al considerar que estos mismos medios y otros cobran por publicidad gubernamental y que la clase trabajadora soporta varias crisis históricas a sus espaldas, además de las injusticias propias del sistema en sí. La pérdida de poder adquisitivo es enorme, hay 108 desahucios al día de media, récord de lista de espera en operaciones en la sanidad, récord de suicidios (2021), récord de gasto militar (2023, 2022, 2021, 2020), récord de beneficios de no pocas empresas del IBEX, récord de subvenciones para UGT y CCOO… La situación es gravísima, pero no se ven partidos ni medios exigiendo como mínimo lo prometido por el Gobierno (con un 71% de incumplimiento de su modesto pacto de coalición). No digamos la ruptura democrática 47 años evitada y la impugnación del sistema capitalista y de EEUU, el mayor terrorista mundial desde 1945.
Por otro lado, existen medios, como La Marea que, junto a El Salto y pocos más, representan el límite actual de lo posible, siendo los únicos que renuncian a los anuncios del Ibex. Aun así, la directora de La Marea admitía en un artículo publicado en el número 90 de la revista que este medio no publica las piezas que “debería” sobre el gobierno de coalición. Al formularle esa misma crítica desde Accountable, me pidió un artículo que ayudara a mejorar en ese ámbito*.
Las medidas que en el campo mediático podrían tener efectos beneficiosos para la sociedad en su conjunto son innumerables y de toda clase de ambición: tender hacia el modelo de los tres tercios (uno de medios públicos, otro de privados y otro de comunitarios); adjudicar la publicidad institucional según criterios democráticos (por ejemplo: igualdad salarial y de género en plantilla, grado de transparencia sobre la confección de la información, no vinculación a grandes empresas…) y repartir al azar las entrevistas y las presencias en ruedas de prensa gubernamentales; crear un Consejo Audiovisual activo en la promoción de los derechos humanos; retirar a la Iglesia católica sus licencias por desigualdad con las demás confesiones; conceder licencias televisivas a movimientos sociales, cooperativas de periodistas, sindicatos con alto porcentaje de financiación de sus afiliados…; compensar a los medios pequeños y comunitarios para que tengan mayor fuerza ante los grandes, en especial aquellos cuya legalización haya sido bloqueada durante años; que cada ciudadano reciba un cheque anual para invertir en los medios que elija; que en campaña electoral y al menos en parte, los medios privados respeten una distribución equitativa de los tiempos de los partidos -como ya se pide al ente público- y con algún espacio para opciones extraparlamentarias, etc.
* El artículo al que se hace referencia en el texto se ha publicado en dos partes. La primera de ellas puede leerse aquí.
Las opiniones y los datos aportados en este artículo son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el ideario ni la metodología de trabajo de La Marea.
