Por ACCOUNTABLE2019 // La única evaluación de los 200 puntos del pacto de coalición [consultar aquí] entre PSOE y UP es la de @Accountable2019 y arroja un 29% de cumplimiento 3 años después de las elecciones y, por tanto, al 75% de legislatura (en principio). Sin embargo, el elevado grado de incumplimiento del Gobierno no se ve reflejado ni siquiera en los medios de comunicación considerados alternativos ni exigen estos lo firmado ni por supuesto lo hacen los mayores medios de propaganda del Régimen (RTVE, El País, La SER, La Sexta, Antena 3…). Esto se debe a la propiedad capitalista de los grandes medios y su concentración, su financiación en todo o gran parte proveniente de grandes empresas y publicidad institucional y/o su vinculación al Ejecutivo de turno (o a los principales partidos de la oposición).
A continuación, pueden consultar las cifras de implementación de lo firmado en cada área de gobierno, muy alejadas de las proclamadas por Moncloa (según Pedro Sánchez, a 30 de junio de 2022, habían cumplido un 53,3% de todos sus compromisos y un 54,9% del pacto de coalición, con un 41,8% en proceso y un 2,6% no iniciados; el resto de puntos estaban «decaídos»). Sus informes son presentados semestralmente y sustentados por expertos seleccionados por Moncloa.
En nuestro caso, el análisis, actualizado a noviembre de 2022, consiste en reunir enlaces a fuentes oficiales y mediáticas y valorar de 0 a 10 el grado de realización de cada punto del pacto (que puede contener varios compromisos). Los datos completos fueron enviados a los tres partidos presentes en el Gobierno, para identificar posibles errores o insuficiencias. Una versión posterior se envió al único que respondió (IU). Hay que recordar que el alto grado de incumplimiento observado se produce incluso sobre el modesto acuerdo de coalición redactado con posterioridad a las elecciones, y que sería aún mayor si se analizaran los programas electorales de los partidos en cuestión o si se ponderaran las cifras según la relevancia de cada medida, y no con la media aritmética que aquí se reproduce:
Se aprecian grandes divergencias entre ministerios, aunque esto no sea achacable exclusivamente a ellos sino a la acción conjunta del Gobierno. La evolución en los últimos 15 meses muestra que Trabajo (17 puntos) y Ciencia son los que más han crecido. La reforma laboral no concuerda con lo firmado inicialmente por los grupos parlamentarios de PSOE, UP y EHB el 20 de mayo de 2020, y ni siquiera alcanza lo suscrito por PSOE y UP antes, pero, al ser esto último más modesto y ser lo aquí evaluado, no afecta tanto a la calificación. En el conjunto de la legislatura destaca Educación, con una observancia de un 61,7% sobre lo firmado, siendo la única que supera el 50%.
La gravedad de los incumplimientos afecta en especial a las medidas que iban a realizarse «a la mayor brevedad» (como la sustitución de la Ley Mordaza, que fue ampliada justo tras las elecciones, o la revisión de la ley 15/97 antes de 6 meses para garantizar la sanidad pública) y a las estratégicas y de regeneración, en tanto afectan a reglas básicas del sistema. Aquí destaca la inacción en lo referido al poder judicial, el modelo electoral (salvo por el voto rogado) y anticorrupción.
Lo concerniente a los territorios también despliega un grado de cumplimiento especialmente bajo, con un sistema de financiación autonómica caducado desde 2014.
El inicio de la dinámica permanente de incumplimiento del PSOE, con la aquiescencia y el voto de UP, fue en julio de 2018, con la designación –luego declarada inconstitucional– de Rosa María Mateo como administradora única provisional de RTVE, cargo que ostentaría casi 3 años. Esa votación se produjo después de que el PSOE impidiera lo pactado con UP (que éste propondría a la presidenta del ente público) y tras el supuesto error de varios diputados al votar el Consejo de Administración previsto. Desde entonces, UP ha votado a favor de cuatro presupuestos (2019, 2021, 2022 y 2023) a cambio de unas leyes que luego, reiteradamente, no se han llevado a cabo: en especial la Ley de Vivienda, en tres ocasiones (cuatro contando el pacto de coalición, violando además la fecha marcada por la UE para ello), pero también la de Familias, así como reducir el IVA veterinario o llevar el IMV al nivel de cobertura que se anunció.
En un sistema democrático, se debería esperar la inmediata aplicación de lo votado. Puede haber condicionantes que aplacen o modifiquen una medida o varias, pero tal cosa sólo puede ser la excepción, nunca la norma –como está ocurriendo–. Dado que Unidas Podemos, ERC, Más País y compañía han renunciado a exigir lo firmado, pues siguen regalando las leyes al PSOE a pesar de su continuo fraude, necesitamos partidos con mandato imperativo, que obedezcan a sus compromisos con el electorado, cuyos cargos estén sujetos a revocabilidad en caso de desviarse y que no pacten con quien sistemáticamente desprecia lo acordado, como mínimo hasta que no empiece a cumplir.
Las opiniones y los datos aportados en este artículo son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el ideario ni la metodología de trabajo de La Marea.