¡Se sienten, coño!, gritaba iracundo, a los miembros del Congreso democrático, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981.
Los diputados y las, pocas, diputadas, se sentaron. Pero también mantuvieron la firmeza ante el golpe de Estado que intentaba aplicar una parte de la ultraderecha española, apoyada por otra parte (en una proporción no pequeña) del Ejército y la prensa madrileña.
Tejero ha pasado a la Historia como el ejemplo del peligro constante que sufre nuestro débil sistema democrático ante una derecha que nunca ha creído en él. Lo utiliza, si le sirve, y lo desmonta, si no puede aprovecharse. Es cierto, también, que la sociedad española, tan afecta al humor, ha convertido a Tejero en un fantoche y un hazmerreír. Pero únicamente porque fracasó y no queremos pensar en la alternativa.
Nos encontramos ahora, diciembre de 2022, en otra encrucijada para salvar el maltrecho sistema democrático. Y, de nuevo, la sociedad española contempla entre indiferente y sorprendida. También, y como entonces, este nuevo ataque cuenta con el apoyo de la prensa madrileña mayoritaria.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), González-Trevijano, nombrado directamente por Rajoy hace 11 años, con su mandato caducado, afectado personalmente por una reforma legal y sin ninguna legitimidad, ha pactado con sus magistrados amigos del TC, todos ellos igualmente nombrados por el PP y alguno tocado por casos de corrupción, parapetarse en el tribunal, al margen de cualquier procedimiento legal, reglamentario, competencia o argumento jurídico.
Se ha dicho hasta la saciedad, pero hay que recordarlo: el Tribunal Constitucional no tiene ninguna competencia para suspender un pleno de cualquiera de las cámaras de las Cortes Generales pues, tanto el Congreso como el Senado, son inviolables. Las Cortes Generales son la representación de la soberanía popular. El TC no puede interferir en el procedimiento legislativo porque el Tribunal Constitucional carece de capacidad legislativa. Ésta, según la Constitución que deberían defender, descansa en las Cortes gracias al mandato representativo de toda la población española.
Los seis magistrados de derechas (conservadores sería un calificativo inexacto puesto que están promoviendo alterar la Constitución por la vía de los hechos, ignorando el procedimiento previsto para ello y, por tanto, y en todo caso, se comportan como perfectos antisistema) han violado, a mi parecer, la sede de la soberanía popular, eliminado a la ciudadanía la conexión de representatividad indirecta con sus diputadas y senadores, y han obstruido, ilícitamente, el proceso legal y constitucional para aprobar leyes. Es un árbitro tirando los penaltis.
Para comprender la gravedad de la cuestión, démosle la vuelta: imaginen que el Senado, mañana, decide emitir una sentencia del Tribunal Constitucional. ¡No puede!, manifestaríamos al unísono. ¡No es vinculante!, gritaríamos todas. Pues bien, el Tribunal Constitucional tampoco puede cortar un debate parlamentario y prohibir votar a nuestros representantes elegidos por sufragio universal. Y si no tiene esa competencia, su decisión es, o debe ser, papel mojado.
Los magistrados rebeldes del Constitucional (que únicamente son mayoría porque se aferran al puesto, y al sueldo, de manera ajena a toda ética, moral o argumento jurídico) han planteado dos interrogantes a la sociedad española. La primera ¿sirve de algo votar? En la opinión de sus señorías, no. La segunda, ¿son la Constitución y las leyes españolas vinculantes para la acción de los miembros del TC? La respuesta de estos seis jueces es nuevamente negativa. En un solo acto han hecho desaparecer el principio democrático y el principio de legalidad. No queda, entonces, gracias a estos magistrados y desde esta semana, Estado de Derecho en España.
Que hayan sido dirigidos o no por Feijóo, Abascal y sus huestes es irrelevante. Son orgánicamente independientes y son los responsables del mayor ataque al parlamentarismo de la Historia del régimen del 78 desde el 23-F. Son los responsables políticos pues su decisión es política, nunca jurídica. Pero son también susceptibles de responsabilidad penal. No hay duda que la decisión tomada el pasado lunes puede ser constitutiva de un delito de prevaricación y de otro de usurpación de funciones.
No es, tampoco, un comportamiento lejano a la sedición, en su redacción actual (art. 544 CP), pues es evidente que estos jueces han impedido «fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». No es sedición porque falta el elemento tumultuario requerido. Pero nótese qué cerca se han quedado.
En defensa de la soberanía popular
Ante un golpe al parlamentarismo tan evidente y, permítanme la expresión, cutre, el Senado y el Congreso tienen la obligación de defender la soberanía popular, ignorando una decisión carente de base jurídica y emitida por un órgano sin competencias, impulsada por un presidente del TC claramente afectado por el asunto e incapaz de ser imparcial. La derecha española partidista (no sus votantes) y judicial ya han abandonado el juego democrático. Corresponde a las instituciones elegidas democráticamente recomponer el entuerto. Continuar el debate y aprobar las leyes que consideren. Exactamente lo mismo que cuando la mayoría parlamentaria sea de derechas. Volver a ser timorato, como anuncian el PSOE y sus medios afines, es dar alas a un golpe más duro.
El procedimiento de Gónzalez-Trevijano es más fino y elegante que el de Tejero pero el resultado es el mismo: un asalto a las instituciones democráticas por parte de una élite dispuesta a todo, incluido el desprestigio del Tribunal y el fin de la Constitución, para mantener sus privilegios y los de aquéllos a quienes nombraron. Si no hay parlamentarismo, si no sirven los resultados electorales ni los procedimientos legales, ¿qué propone la derecha judicial y política? Democracia no, desde luego. Tejero no logró revertir el orden constitucional. No permitamos que lo haga González-Trevijano.
Ander Gutiérrez-Solana Journoud es profesor de Derecho en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
