En solo unos días comenzará en Qatar el Mundial de Fútbol 2022. En solo unos días, la afición futbolística celebrará los goles de sus partidos favoritos. Pero también, en solo unos días, estaremos asistiendo a un evento en el que, como suele ocurrir cuando el negocio está de por medio, los derechos humanos quedarán pisoteados. Ya lo están siendo en un país donde, por poner solo un ejemplo, las mujeres o las personas homosexuales son ciudadanas de segunda. Lo que viene a continuación son algunas cifras que permiten hacernos una idea rápida de cuál es la situación general del lugar donde esta vez se jugará la cita deportiva.
Qatar es una monarquía encabezada por el emir. Es hereditaria de padres a hijos varones entre los miembros de la familia Al Thani. El 29 de abril de 2003 se aprobó por referéndum una nueva Constitución, que entró en vigor el 8 de junio de 2004. La Constitución establece una separación formal de los poderes del Estado, define sus competencias y contempla un catálogo de derechos y libertades para su ciudadanía (entre ellos, no discriminación, igualdad, prohibición de la tortura, presunción de inocencia, no retroactividad de normas penales) y deberes (respeto por las normas, orden público moral y costumbres locales) para sus residentes. Eso es en la teoría. Distintas organizaciones denuncian constantemente la violación de derechos humanos en este país.
La población estimada, con capital en Doha, es de 2,9 millones de habitantes, de los que la mayor parte son extranjeros. La mayoría provienen del sur y sureste de Asia, principalmente de India, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistán, Filipinas y Sri Lanka. Según una investigación de The Guardian, más de 6.500 trabajadores de estos países han muerto en la construcción de infraestructuras para el Mundial.
Una de las economías más ricas del mundo en renta per cápita, es el tercer mayor productor de gas del mundo y el mayor de gas natural licuado, según un informe de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y exporta el 75% de lo producido. Sus principales mercados son: Corea del Sur (21,5% del total de exportaciones), India (14,5%), China (14,4%) y Japón (13,9%).
Sin derecho a sindicarse
El sistema ha otorgado poder a las entidades empleadoras, que supervisaban la entrada y la residencia de las personas trabajadoras migrantes en el país y podían anular sus permisos de residencia o presentar contra ellas cargos de fuga, conductas abusivas que ponen en peligro su presencia legal en el país. Estos trabajadores no pueden formar sindicatos o afiliarse a ellos. En su lugar, las autoridades introdujeron comités conjuntos, una iniciativa promovida por las entidades empleadoras para permitir la representación de los trabajadores y trabajadoras que distaba mucho de respetar el derecho fundamental a formar sindicatos y afiliarse a ellos, denuncia Amnistía.
Discriminación de las mujeres
Las mujeres están discriminadas. Según un informe de Amnistía Internacional, en virtud del sistema de tutela masculina, continúan estando ligadas a su tutor varón, habitualmente su padre o un hermano, abuelo o tío o, en caso de estar casadas, su esposo. Además, seguían necesitando el permiso de su tutor para tomar decisiones vitales clave como casarse, estudiar en el extranjero con becas públicas, trabajar en muchos puestos del gobierno, viajar al extranjero hasta cierta edad y recibir algunos servicios de salud reproductiva. La legislación relativa a la familia continuaba discriminando a las mujeres al dificultarles el divorcio. Las mujeres divorciadas continuaban sin poder ejercer la tutela de sus hijos e hijas.
El gobierno rechazó las conclusiones de un informe de Human Rights Watch sobre la discriminación contra las mujeres en Qatar y prometió investigar y enjuiciar a cualquier persona que hubiera infringido la ley. No se conoce ninguna investigación.
Como recoge Amnistía, Noof al Maadeed, mujer qatarí de 23 años que solicitó asilo en Reino Unido alegando abusos en el ámbito familiar, decidió regresar a Qatar tras pedir garantías a las autoridades. Comenzó a documentar su retorno en las redes sociales, pero no se volvió a saber nada de ella tras denunciar a la policía amenazas de familiares.
Libertad de expresión y de reunión
Con ejemplos, tal vez, se ve mejor la dimensión. El 4 de mayo de 2020, las autoridades sometieron a desaparición forzada al keniano Malcolm Bidali, vigilante de seguridad, bloguero y activista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, a quien recluyeron durante un mes en régimen de aislamiento y negaron el acceso a asistencia letrada. El 14 de julio, el Consejo Supremo del Poder Judicial le impuso una multa por publicar “noticias falsas con la intención de menoscabar el sistema púbico del Estado” en aplicación de la controvertida ley de delitos informáticos. La resolución penal se dictó sin que Malcolm Bidali hubiera sido acusado formalmente, comparecido ante un tribunal ni informado de los cargos penales que pesaban contra él. Malcolm Bidali abandonó Qatar el 16 de agosto tras pagar la cuantiosa multa.
Dos periodistas noruegos que investigaban la situación de la población trabajadora migrante fueron detenidos por entrar y filmar en propiedad privada, acusaciones que los periodistas negaron. Fueron interrogados sobre su actividad informativa y se les confiscó todo el equipo. Quedaron en libertad sin cargos 36 horas después.
En un momento anterior del viaje, los periodistas habían previsto entrevistar a Abdullah Ibhais, exdirector de comunicación del comité organizador de la Copa Mundial de Qatar, pero fue detenido unas horas antes de que se celebrara la entrevista, el 15 de noviembre. Su detención arbitraria se produjo durante el proceso de apelación contra una condena a cinco años de prisión que se le había impuesto en un juicio injusto basado en una “confesión” obtenida bajo coacción y sin que estuviera presente un abogado. Un tribunal desestimó su apelación y lo condenó a tres años de prisión.
Derechos LGBTI
El Código Penal tipifica las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible con hasta siete años de prisión. Su artículo 296 especifica los delitos de “conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera para que cometa sodomía o disipación” e “inducir o seducir a un varón o a una mujer de cualquier manera para que cometa acciones ilegales o inmorales”.
Pena de muerte
Qatar mantiene la pena de muerte, sobre todo para delitos de espionaje. El emir detuvo la ejecución de un tunecino declarado culpable de asesinato recientemente. No se tuvo noticia de ninguna ejecución, según Amnistía.
