Mohammed Suman Miah, de 34 años, era un trabajador de la construcción que murió repentinamente en Qatar después de trabajar todo el día a la intemperie con temperaturas que alcanzaron los 38 °C. Era 2020. Su historia, como la de miles de trabajadores invisibles, podría quedar en el olvido, pero ha sido documentada en el informe de Amnistía Internacional En lo mejor de su vida. La inacción de Qatar a la hora de investigar, poner remedio y evitar las muertes de los trabajadores.
El próximo 20 de noviembre comienza la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha enviado una misiva a los 32 países participantes en el evento deportivo en la que les insta a “centrarse en el fútbol”. “Si Infantino desea que el mundo ‘se centre en el fútbol’, la solución es muy sencilla: la FIFA podría empezar a ocuparse por fin de los problemas graves de derechos humanos en vez de barrerlos debajo de la alfombra”, ha manifestado Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.
La elección de Qatar como sede de este Mundial en 2010, que se interpuso en las votaciones a Estados Unidos, no estuvo exenta de polémica desde el principio. La sombra de la corrupción sobrevoló sobre los dirigentes de la FIFA, que, actualmente, siguen repartiendo culpas. Joseph Blatter, quien dirigía la organización en aquel tiempo, ha tildado de “error” la celebración del Mundial en el emirato a dos semanas del evento. Las condiciones climáticas del Estado del golfo Arábigo han provocado que el Mundial no se pueda jugar en verano como se viene haciendo desde sus inicios.
No se trata de un dispendio económico, sino de un coste en vidas humanas. “Es imposible conocer el número de personas que han fallecido en la organización del Mundial”, asegura a La Marea Carlos de las Heras, responsable de Deporte y DDHH de Amnistía Internacional. Las autoridades qataríes se han limitado a informar de que 15.000 personas extranjeras han fallecido en su país desde 2010, sin especificar las causas. Una investigación de 2021 de The Guardian cifraba en 6.500 las muertes en Qatar por causas laborales de personas procedentes de Pakistán, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, desde que fuera nombrado sede de la Copa Mundial de 2022.
Amnistía Internacional ha lanzado la campaña #PayUpFIFA para reclamar a la Federación que dedique parte de los ingresos que genera el Mundial a reparar e indemnizar a los trabajadores y trabajadoras migrantes que han sufrido condiciones lamentables. “Este fondo de indemnización debería ser de mínimo 440 millones de dólares, la misma cantidad que se va a dedicar en premios a las selecciones que participan”, indica De las Heras. El responsable de Deporte y DDHH de Amnistía Internacional destaca que ya hay una decena de federaciones de fútbol que se han sumado a la petición, como las de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Bélgica. “La Real Federación Española de Fútbol sigue fuera de juego”, explica. Amnistía Internacional le ha enviado siete cartas invitándole a hablar sobre “qué papel puede jugar respecto a la defensa de los derechos humanos en Qatar”. No han respondido a ellas, asegura la organización. “Pedimos la creación del fondo y un gesto público de apoyo a las personas migrantes que han perdido su vida”, afirma De las Heras.
Desde el año 2017, se han aprobado algunas leyes en materia laboral en Qatar que mejoran las condiciones sobre el papel. “Se supone que ahora se permite la circulación de los trabajadores y que hay mejoras en condiciones salariales”, explica De las Heras. Los empleados que han sido contratados para trabajar en Qatar, así como en otros países de la zona, han sufrido el sistema de kafala, que establecía que la persona contratada dependiese completamente de la empresa que puede anular su visado. En algunos casos, han sido obligados a aceptar cláusulas abusivas, como el pago de una comisión por ser contratados, que les ha obligado a endeudarse y se les ha retenido el pasaporte para evitar que puedan macharse o denunciar su situación. En Qatar está prohibida la asociación sindical. “Hay personas que siguen atrapadas en la explotación laboral con jornadas de más de 16 horas al día”, asegura De las Heras. Amnistía internacional también pone el foco en las deplorables condiciones laborales y el maltrato que sufren las trabajadoras del ámbito doméstico. “Son las grandes olvidadas y denuncian impagos y agresiones físicas allí y otros países de la zona”.
La organización también se une a la proclama de reivindicación de los derechos de las personas LGTBIQ con motivo de la celebración del Mundial en el emirato. “En Qatar hay otras violaciones de derechos humanos, como el delito punible con siete años de cárcel por tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo”, señala. “Desde Amnistía Internacional hemos enviado brazaletes con la bandera LGTBI a la federación española y tampoco hemos obtenido respuesta”, añade.
Carlos de las Heras destaca que Amnistía Internacional no se suma al “boicot” al evento deportivo que “sí puede fomentar el fútbol en otros países”. Recuerda que otros torneos deportivos se han desarrollado en países no democráticos, como los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 en la Alemania nazi o el Mundial de Fútbol del 78 en Argentina durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Su reivindicación se centra en la creación del fondo económico de indemnización a las personas trabajadoras. También en pedir que se incluyan “cláusulas a la hora de conceder cualquier evento deportivo que contemplen el respeto a los derechos humanos”.
El poder del maná del gas
El mayor torneo de fútbol se celebra en un país pequeño aunque poderoso y rico. Apenas 11.586 metros cuadrados forman el Estado de Qatar, una extensión similar a la provincia de Murcia. Un emirato absolutista gobernado desde mediados del siglo XIX por la dinastía Al Thani y que goza de independencia del protectorado del Reino Unido desde 1971. Su población ha crecido exponencialmente en las últimas décadas: en 1930 era de 10.000 personas y, actualmente, supera los 2,9 millones. Tan solo aproximadamente un 10% de sus habitantes son cataríes, unos 330.000.
Su crecimiento se debe en gran parte a sus reservas de petróleo y gas. El emirato alberga la tercera bolsa de gas más grande del mundo y es el primer productor de gas licuado. Esto le permite ser uno de los países con mayor renta por habitante, 67.470 dólares en PIB per cápita en 2022, casi el doble que España, según explican el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Ignacio Álvarez-Ossorio, y el profesor Ignacio Gutiérrez de Terán, en su ensayo Qatar. La perla del Golfo (Ediciones Península).
Las reservas de combustibles fósiles han propiciado su posición de poder en el tablero de las inversiones mundiales. Cuenta con uno de los fondos soberanos más importantes del mundo, el Qatar Investment Authority, que gestiona 450.000 millones de dólares e invierte en bancos, eléctricas o clubs de fútbol como el Paris Saint-Germain. En España, sus inversiones “se han concentrado en Iberdrola, Iberia, Inmobiliaria Colonial o el Grupo Prisa”, indican Álvarez-Ossorio y Gutíerrez. A raíz de la visita oficial del emir Tamim bin Hamad Al Thani a Madrid, en mayo de 2022, se acordaron nuevas inversiones por valor de 5.000 millones de dólares.
Su capital influye en la geopolítica mundial. Los periodistas Javier Blas y Jack Farchy recogen en El mundo está en venta (Ediciones Península) algunos ejemplos. Qatar utilizó a la comercializadora de Países Bajos Vitol para ayudar a los rebeldes libios en su guerra contra Gadafi mediante el suministro de diésel y gasolina. El fondo qatarí también unió fuerzas con la comercializadora suiza Glencore para comprar por 11.000 millones de dólares, en 2016, parte de la participación del Gobierno de Rusia de Rosneft, empresa de petróleo con sede en Moscú.
“Quién habría podido imaginar que una diminuta península habitada por pescadores y camelleros a comienzos del siglo XX se habría de convertir, entrados ya en el siglo XXI, en un verdadero emporio económico, comercial y empresarial”, afirman Álvarez-Ossorio y Gutíerrez. “Qatar es un claro ejemplo de como el interés económico prima sobre los derechos humanos”, concluye el responsable de Deporte y DDHH de Amnistía Internacional.
