Un «engendro jurídico» según el Partido Popular; una «chapuza» para Ciudadanos»; y un problema para la «seguridad jurídica» en palabras de Vox. La derecha política, encabezada por el PP, ha rechazado tomar en consideración el nuevo gravamen extraordinario y temporal a entidades financieras y energéticas propuesto por el Gobierno. A pesar de ello, la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos seguirá el trámite parlamentario gracias al apoyo de la izquierda y los nacionalistas: 187 votos a favor, 153 en contra y ocho abstenciones.
Así, la propuesta ha logrado aglutinar no solo a los socios habituales del Ejectivo sino también a otras formaciones como la CUP, el BNG o Coalición Canaria. Unos votos favorables que, por ahora, solo permiten que la medida sea tomada en consideración por parte de la Cámara Baja, ya que hasta su aprobación definitiva todavía pueden transcurrir varios meses.
Los apoyos no han estado exentos de críticas. Tanto es así, que el voto final de EH Bildu y PNV depende de que se reconozca en el texto la potestad de las haciendas vascas y navarras de poder recaudar el nuevo tributo. Por su parte, Esquerra Republicana (ERC), Bildu y Más País han pedido al Gobierno que estos impuestos no sean temporales sino permanentes: «Por encima de lo que digan el señor Imaz [Repsol], el señor Galán [Iberdrola] o el señor Garamendi [CEOE] nos importa lo que necesita la gente. […] Lo que hace solo unos meses era imposible, hoy es no una necesidad, sino una realidad en cada vez más estados europeos», ha asegurado la diputada de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua.
El PNV no desveló su voto hasta el mediodía, cuando su portavoz, Aitor Esteban, dio un respiro al Gobierno y explicitó su apoyo. A pesar de ello, Esteban se ha quejado de que “las cosas se han hecho deprisa y corriendo”. Los nacionalistas vascos defienden que el gravamen debería haberse presentado como proyecto de ley y no como proposición de ley y piden estar «muy atentos» a las recomendaciones de Bruselas: «A lo mejor hay que adaptar las medidas», ha dicho en rueda de prensa.
La norma prevé establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas entre 2023 y 2024. En total, el Gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros entre ambos ejercicios. Superada la primera votación, el texto debe ser enviado a la Comisión competente y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas.
La derecha del no a todo
Frente a la negativa anticipada de Ciudadanos y Vox, el PP también esperó hasta el día de la votación para decidir su voto, ya que llegaron a barajar la abstención. Finalmemente, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, anunció que el partido conservador no apoyaría ni siquiera la toma en consideración de la medida. Durante el pleno, el diputado Mario Garcés fue el encargado de explicar la posición de la formación popular: «El PSOE ha emprendido un viaje a ninguna parte: a la ilógica más absoluta. Un viaje que socaba los principios constitucionales más básicos. Qué engendro jurídico», ha explicitado desde la tribuna.
Garcés considera la medida como un «programa fiscal a la carta» en el que el Gobierno recoge las «amenazas» y los «prejuicios» del «comunismo más bilioso del siglo XX»: «Ustedes no persiguen que no haya pobres, sino que no haya ricos», ha denunciado. Asimismo, el PP ha centrado su argumentario en criticar la recaudación tributaria extraordinaria que las arcas de Estado estarían obteniendo como consecuencia del aumento de los precios, y que cifran en 22.000 millones de euros.
Un mensaje similar al expresado por Ciudadanos: «La inflación sigue creciendo mes a mes y el Estado recaudando más. Y, ni aun así, señorías del Gobierno, se abren ustedes a conceder un pequeño gesto a la ciduadanía y deflactar el IRPF«, ha criticado la diputada Mª Carmen Martínez.
PP y PSOE a veces sí votan unidos
A pesar de las aparentes diferencias irreconciliables entre el bipartidismo histórico, PP y PSOE han votado unidos hoy durante la Junta de Portavoces para tumbar tres peticiones llevadas a cabo por Unidas Podemos, Bildu y ERC. Estas formaciones pretendían la apertura de sendas comisiones que permitiesen investigar la actuación policial que tuvo lugar en la valla de Melilla en junio y en la que murieron hasta 37 migrantes, además de los papeles de Uber y las pruebas falsas fabricadas por la «cloaca policial». Vox se ha unido al voto en contra de bipartidismo y el PNV ha optado por la abstención.
Según el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, será el ministro de Interior, Fernande Grande-Marlaska quien comparezca en la Cámara Baja la próxima semana para dar explicaciones sobre lo sucedido en Melilla. Asimismo, considera que la comisión de investigación sobre la trama ‘Kitchen’ ya aborda todo lo relacionado con las cloacas. Finalmente, la propuesta sobre los papeles de Uber también ha sido tumbada ya que «no afecta a ciudadanos españoles».