LA FÀBRICA DIGITAL // La pensión de viudedad es, actualmente, una prestación que tiene como objetivo paliar la sacudida económica que se produce con la muerte del cónyuge o la pareja de hecho, sea hombre o mujer. De manera general, la esposa o el marido de la persona fallecida tiene derecho a recibir un 52% de la base reguladora del sueldo o pensión que percibía su pareja. Es necesario, eso sí, cumplir algunos requisitos como que la persona que murió fuese un pensionista, tuviese una incapacidad permanente o fuese una persona que haya cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años. Y es compatible con estar trabajando o con la pensión de jubilación propia.
Esta pensión surgió en un contexto social y económico en el que el papel de la mujer era encargarse de las tareas domésticas y cuidar de los hijos y otros miembros dependientes de la familia, mientras que la responsabilidad de aportar ingresos recaía en el hombre. Una situación que no responde al modelo actual, en el que en la mayoría de las familias trabajan los dos miembros de la pareja. “No podemos continuar pensando en un modelo de familia en el que hay una persona sustentadora y otra dependiente”, afirma Carmen Castro, doctora en Economía que investiga la contribución de las políticas públicas en el avance de la justicia de género. La economista entiende que las pensiones de viudedad y las no contributivas –que se reciben, por ejemplo, por haber cuidado de un familiar– han intentado proteger a las mujeres que se quedaban desamparadas, pero destaca que son una anomalía y a menudo “muy precarias”.
Castro considera que es necesario “repensar qué modelo de sociedad queremos” y cambiar el sistema de impuestos y prestaciones para “avanzar hacia una individualización de derechos que permita la sostenibilidad de la vida”. Para hacer posible esta reforma, es necesario establecer un “ingreso básico universal”, una prestación que debería cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía. También permitiría, en su opinión, una redistribución del tiempo que se dedica al trabajo remunerado y el que se dedica a los cuidados, y aumentar la socialización de las personas.
Coincide con ella David Casassas, profesor de Teoría social y política en la Universidad de Barcelona, para quien “las pensiones de viudedad están supeditadas a la participación del mercado del trabajo de la persona que falta y esta condición representa un agravio para algunas personas que han contribuido al bien social de otras maneras diferentes al trabajo remunerado y que se encuentran en situación de pobreza en su vejez”. “Me pregunto si no es injusto que mujeres que han estado cuidando a base de bien a otras personas como a sus padres no tengan ninguna pensión o tengan una pensión no contributiva ridícula”, señala el economista.
«No podemos vincular el derecho a la ciudadanía a nuestra ocupación, de manera directa, y a las pensiones. Eso es ‘laborcentrismo’”, sostiene Casassas. Para él, el mercado de trabajo es inseguro y no debe ser el centro. “Es necesario garantizar la existencia digna de forma incondicional mediante la renta básica”, asegura el profesor, que acaba de publicar el libro Libertad incondicional: la renta básica en la revolución democrática.
La renta básica, que defienden economistas como Thomas Piketty, es una prestación universal y suficiente, independiente de las circunstancias que acompañen a la vida de cada uno. Casassas añade que “tiene que mejorar el estado del bienestar sin suponer ningún retroceso en el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación pública”. “El principio fundamental es que se recibe individualmente, y no por familia, y eso es un contrapoder doméstico para proteger a las mujeres”, afirma. También la recibirían las personas con rentas más altas pero habría una redistribución de la riqueza mediante los impuestos.
Carmen Castro indica que un país que ya cuenta con un sistema similar es Suecia, donde no existen las pensiones de viudedad y hay “una renta de emancipación que los ciudadanos reciben mientras no tienen ingresos propios”. Explica que el llamado ingreso mínimo vital que hay en España no es equiparable, ya que “no cubre las necesidades básicas” y no es similiar al salario mínimo interprofesional.
Carmen Castro reconoce que no es fácil llevar a cabo un cambio de modelo como este y añade que “hay resistencias patriarcales”. La economista indica que abolir las pensiones de viudedad es una medida que puede ser “muy impopular” y remarca que, antes de eso, habría que tener instaurada la prestación del ingreso básico universal y garantizar el aceso a las personas que actualmente cobran la pensión de viudedad. “Hay simulaciones que demuestran que la renta básica de 800 euros al mes es viable con una reforma progresiva del IRPF”, apunta el profesor Casassas.
Castro subraya la importancia de implantar una renta básica en el actual contexto de precarización del mercado de trabajo y para entender que “la vida es más que el tiempo mercantilizado”. “La renta básica es conflictiva porque da poder de negociación a la clase trabajadora, que tendría más margen para decidir a qué se quiere dedicar”, dice Casassas. El economista británico William Henry Beveridge afirmaba que la renta básica proporciona “seguridad de la cuna a la tumba”. Por eso, concluye Casassas, supondría “el triunfo del deseo de vidas más libres”.
