La Generalitat de Catalunya gestiona 16 residencias de mayores. 776 trabajadoras y trabajadores integran la plantilla de auxiliares de geriatría de estos centros de titularidad pública. La temporalidad es seña de identidad, y alcanza el 87,5% del total, con 97 personas contratadas como personal fijo y 679 como personal temporal, según datos ofrecidos por el Departamento de Derechos Sociales, responsables de estas residencias y sus respectivas plantillas.
El pasado 30 de diciembre entraba en vigor la ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%. Con la aprobación de esta norma, se reservarán concursos de méritos, y no solo oposiciones, para puestos de trabajo que hayan estado ocupados de manera temporal durante al menos cinco años. Esta ley recoge el reconocimiento de convertir en fijas aquellas plazas –que no personas– de trabajo ocupadas por personal temporal, aunque los criterios están aún por definir.
La Unión Europea viene avisando del abuso de la temporalidad en el sector público desde hace más de 20 años, con la directiva 1999/70/CE. Pero no hace falta remontarse hasta dos décadas atrás. El pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea volvió a tirar de las orejas a España y aclaró que el abuso de los contratos de interinos en España es contrario al derecho comunitario. Son varias también las sentencias del Tribunal Supremo en las que se advierte de que los interinos que superen los tres años se encuentran en fraude de ley.
Los colectivos de interinos denuncian que, tras años reivindicando el derecho a acceder a una plaza fija, las oposiciones para dichas plazas se han seguido convocando mientras Gobierno y comunidades autónomas estaban en pleno proceso de elaboración de sendas normativas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. El Parlament de Catalunya está aún inmerso en el proceso de discusión de enmiendas para la nueva ley de estabilización de empleados temporales en la Administración Pública.
Un ejemplo de estas oposiciones son las del pasado 18 de diciembre, día en el que se celebró en Catalunya la primera prueba de la convocatoria para auxiliar de geriatría. Estas oposiciones no se convocaban desde el año 1999. Para dicho proceso selectivo estaban convocadas 1.496 personas para 458 plazas ofertadas. Asistieron a esta primera prueba 1.068 aspirantes. Una de las principales denuncias de estos colectivos es que, cuando se hizo pública dicha convocatoria, la no superación del examen implicaba la pérdida del puesto de trabajo, ya que no se recogía la posibilidad de concurso de méritos, del que podrían beneficiarse las personas que llevan años ocupando un puesto con contrato temporal. Por el momento, no hay nuevas fechas para este proceso de oposición.
Ruth Gras, presidenta de la asociación de Interinos de Catalunya (PIC), asegura que llevan luchando desde 2015 por hacer fijos a los trabajadores y trabajadoras en abuso de temporalidad. Para ello, han llevado su lucha al Congreso, a los parlamentos autonómicos y también a Europa. “Hemos asistido a más de 100 reuniones, elaborado dossiers legales, nos hemos reunido con expertos en legislación pública, con políticos de toda ideología, hemos estudiado e incluso hecho un trabajo que no nos corresponde, ¿para que están los políticos y los sindicatos?”, se pregunta. Gras es trabajadora social y lleva más de 15 años trabajando como interina.
“Ahora han recuperado una de nuestras demandas iniciales, el concurso de méritos, pero esa demanda se remonta a los primeros pasos de nuestro recorrido, cuando no sabíamos nada, ahora que sabemos que tanto Europa como el propio Tribunal Supremo avalan el derecho a la fijeza, nos ofrecen desde administraciones y sindicatos esos concursos de méritos que en su día nos negaron. Pero queremos un paso más”, remarca Gras. Una veintena de asociaciones y plataformas de trabajadores temporales de la Administración Pública reclaman dos conceptos básicos; fijeza y justica. Se sienten abandonados por administraciones y sindicatos.
Desde el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, de quien dependen las auxiliares de geriatría, aseguran que su objetivo es consolidar una plantilla que alcance los 555 efectivos fijos, para darle la vuelta así a esa interinidad que supera el 87%. “El objetivo del departamento es asegurar la máxima estabilización de la plantilla y el máximo número de personas con una vinculación fija. En este sentido, la convocatoria del pasado diciembre busca contribuir a la reducción de la temporalidad en la categoría de auxiliar de geriatría”, aclaran desde Derechos Sociales.
Mujeres mayores de 55 años
Jorge Sánchez, delegado sindical de IAC-CATAC (Candidatura Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la Administración de Catalunya) asegura que el 70% de la plantilla de auxiliares de geriatría son mujeres mayores de 55 años que llevan años encadenando contratos temporales. “Hemos consultado a muchos expertos en la materia que nos animan a seguir luchando, nos dicen que a la larga acabaremos ganando”, asegura Sánchez. Y eso es lo que han tratado de pedir en el Parlamento catalán: “Como en otras ocasiones, este parlamento ha mirado más hacia Europa que hacia Madrid, ahora les pedimos que sean valientes, que miren hacía Europa y consideren llevar adelante una ley de consolidación del empleo para estas personas”, remarca el delegado sindical.
Tanto Ruth Gras como Jorge Sánchez, ambos representantes de distintos colectivos de interinos, coinciden en que gracias a su lucha se han conseguido muchos avances. “Antes, tanto administración como sindicatos solo querían hablar de oposiciones, ahora ya han introducido el concurso de méritos, pero necesitamos que las personas que llevan años desempeñando su trabajo de manera profesional y con total entrega, tengan reconocidos sus derechos y no sean enviadas a la calle con indemnizaciones ridículas”.
El incumplimiento de las directivas europeas supone multas económicas para los Estados miembro. Además, esos incumplimientos pueden suponer también un problema para la entrega de los fondos Next Generation. Razón que esgrime Ruth Gras para afirmar que “las auxiliares de geriatría, las trabajadoras sociales y otros interinos» serán «la asignatura suspensa con la que España pasará de curso”.
