«Queremos manifestar, en este comienzo del año nuestro deseo y nuestra exigencia de que 2022 sea el año en que la Iglesia católica española pase de las tinieblas a la luz y proporcione a las víctimas de abusos sexuales en su seno la verdad, la justicia y reparación que merecen y necesitan y que por tanto tiempo les han sido negadas. Esta negación ha supuesto una nueva victimización que se prolonga en el tiempo y que no hace sino aumentar su sufrimiento y multiplicar el horror».
Así comienza una carta escrita por varias asociaciones, comunidades y colectivos de personas cristianas de base en la que denuncian la «falta de investigación sobre estos abusos y su negación o minimización por parte de la jerarquía de la Iglesia católica española, especialmente por parte de la Conferencia Episcopal Española». «Es una vergüenza absoluta, una ofensa al Evangelio y un gravísimo pecado de omisión. Constituye además, en muchos casos, un delito de encubrimiento», añaden en la carta.
La Fiscalía General del Estado ya ha pedido a las fiscalías autonómicas todas las denuncias y querellas que se estén tramitando sobre ello en cualquier institución religiosa. «Los abusos sexuales, especialmente los que se cometen contra menores y personas vulnerables, son una grave violación de los derechos humanos, un gravísimo delito y un horrendo pecado. Son, ante todo, un daño inmerecido e injustificable que ha condicionado la vida de personas inocentes hasta el punto de conducir a algunas de ellas hasta el suicidio ante el silencio, la indiferencia y la cobardía de muchos», prosiguen los colectivos firmantes de la carta.
El diario El País entregó al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos inéditos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso. Tras ello, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han presentado en el Congreso una petición para la creación de una comisión de investigación. Este mismo martes ha sido admitida a trámite por la mayoría de la mesa. PP y Vox han votado en contra, informa Europa Press. Ahora es la Junta de Portavoces la que tiene que incluirlo en el orden del día de un pleno.
Los colectivos cristianos inciden en la diferencia con otros países, en los que «los pasos dados han reconfortado a las víctimas sin suponer con ello el fin de la Iglesia, sino precisamente todo lo contrario: el camino hacia la recuperación de la confianza en una institución que debe ser coherente con los valores que la fundamentan y con el acompañamiento de las personas que sufren». «Las asociaciones, comunidades y colectivos de personas cristianas de base abajo firmantes queremos hacer un acto de contrición y pedir perdón a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica española, pues somos conscientes de que hemos guardado silencio por demasiado tiempo y a menudo hemos ignorado el horror que vivieron y el terrible dolor que les causó. Nosotros también hemos pecado de omisión. Este manifiesto busca activamente ese perdón y aspira a ser una muestra de solidaridad, un abrazo cariñoso y arrepentido a nuestros hermanos que no hemos sabido escuchar, abrazar e intentar sanar», añaden.
Según los datos de El País, recogidos en la carta, desde los años treinta ha habido en España al menos 602 casos de sacerdotes, religiosos y laicos ligados a la Iglesia que supuestamente abusaron de la confianza y la inocencia de 1.237 menores. «Muchos más de los 220 admitidos a regañadientes por la CEE y muchos menos de los que, según todos los expertos en el tema, realmente existen. Tristemente, estas cifras no son más que la punta del iceberg de un drama que se alimenta del silencio y la ocultación», denuncian.
Los colectivos piden la creación de una Comisión de la Verdad, financiada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Confederación de Religiosos de España (CONFER) pero con un mandato independiente que investigue la verdadera magnitud de los abusos sexuales. «Dicha comisión debe seguir el ejemplo de lo que se ha hecho en otros países como Irlanda, Alemania, Estados Unidos o, más recientemente, Francia; y de la Iglesia portuguesa, que ha anunciado que creará esa comisión a lo largo de los próximos meses», explican.
Reclaman también la creación de una oficina centralizada, financiada por la CEE y la CONFER, que establezca criterios unánimes de actuación y revise la adecuación de los protocolos de actuación de las diócesis y las órdenes religiosas españolas en materia de abusos sexuales a menores y otras personas vulnerables. Tendría que cubrir los siguientes aspectos: tramitación e investigación de las denuncias de abusos, referidas tanto a hechos actuales como a hechos sucedidos en el pasado; atención y acompañamiento psicosocial a las víctimas de abusos; medidas de reparación y, en concreto, de indemnización a las víctimas, garantizando el principio de igualdad en su acceso y prestación; y la creación de entornos seguros para los menores y otras personas con un enfoque en el que dichos menores y personas vulnerables sean protagonistas y no meros objetos de intervención.
Por otra parte, piden algunas medidas de extrema urgencia, como asegurarse de que las declaraciones públicas de sus portavoces en ningún caso minimizan o relativizan la realidad de los abusos sexuales; asegurarse de que cualquier denuncia sea investigada con la mayor celeridad posible; y asegurarse igualmente de que cualquier sacerdote, religioso o agente de pastoral que es acusado de abusos sea apartado de sus funciones hasta que se resuelva la investigación del caso.
Los colectivos firmantes, entre los que se encuentran Alandar, Revuelta de Mujeres en la Iglesia, Redes Cristianas, Movimiento por el Celibato Opcional y Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, invitan a sumarse a esta petición.
Actualización 1/02/2022 a las 13.42
