Ni a juicio ha llegado la acusación policial de desórdenes públicos contra el único detenido en los incidentes que se produjeron durante la marcha en Madrid por el asesinato de Samuel Luiz. El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha decidido el sobreseimiento provisional de las diligencias previas contra el joven, nacido en 1996, por no considerar acreditado que lanzara objetos contundentes a vehículos policiales ni que opusiera resistencia activa a su detención ni que agrediera a los agentes de policía.
Esta fue la acusación de los policías nacionales que lo detuvieron en la madrileña calle Andrés Mellado el 6 de julio de 2021. La decisión judicial se produce tras la declaración del detenido, quien negó los hechos que les imputaban, y el visionado de dos grabaciones periodísticas en los que la jueza no vio al acusado arrojar ningún objeto a los vehículos policiales u oponer resistencia “en ningún momento”. Los vídeos, grabados por el autor de esta noticia, y aportados por el abogado defensor, Gonzalo Guadalupe, «han servido para acreditar la inocencia» del joven, según el letrado.
Según el relato del atestado policial que rechaza la jueza, el detenido lanzó “objetos de manera contundente a los vehículos policiales” y, fruto de la “resistencia activa” a la detención y del “forcejeo con el detenido”, una gorra policial colgada del cinturón de un agente había «sufrido una rotura”. El balance de bajas policiales de aquella noche, siempre según el atestado, además de la gorra, consistió en un vehículo con impactos en la rejilla protectora del parabrisas y la puerta del conductor, otro que perdió el emblema trasero de la marca, con una abolladura “en la defensa trasera del lateral izquierda”, y un agente con una contusión con herida en su mano derecha junto con “un deterioro en su pantalón de dotación”.
La Policía identificó a siete “radicales de extrema izquierda” según la ropa que llevaban
El atestado policial aclara algunas de las preguntas que se quedaron sin respuesta sobre las cargas tras el comunicado emitido por la Delegación del Gobierno en Madrid. Ese comunicado incluía la siguiente frase: “Previamente [a la concentración en la Puerta del Sol], la Policía había detectado la presencia de varios grupos de ideología radical de extrema izquierda. Siete de estas personas son identificadas en la zona”.
Según el atestado, un indicativo policial se percató de «la existencia de un grupo de 15 jóvenes vistiendo con una indumentaria compatible con grupos radicales de ‘EXTREMA IZQUIERDA’» diez minutos antes de la hora de comienzo de la concentración en el cruce de la calle Preciados con Tetuán, a escasos metros de la Puerta del Sol, donde se inició la protesta. Al introducirse “en la masa” no fue posible interceptarlos, afirma el escrito policial.
En otro punto de la plaza, en la esquina con la Carrera de San Jerónimo, otro “grupo de unos siete jóvenes”, con indumentaria “similar” al otro grupo de “extrema izquierda”, fue “interceptado” por querer “introducirse en la masa de personas que se congregaban”. A estas personas identificadas por sus ropas, según el atestado policial, les hicieron un “cacheo superficial con la mayor discreción posible” sin encontrarles “ningún objeto peligroso susceptible de poder ser usado para provocar disturbios”, por lo que los dejaron continuar su marcha.
Este documento también narra cómo, una vez la concentración se convirtió en una marcha improvisada, interceptaron la cabecera para entrevistar a la “posible portavoz” del Sindicato de Estudiantes (por llevar un megáfono) para conocer las intenciones de la manifestación. No fue identificada para “primar la seguridad” de los agentes, quienes se retiraron “rápidamente del lugar debido a la tensión que se estaba generando”, según el citado documento.
Los antidisturbios actuaron para evitar que la marcha llegase a la sede del PSOE
Uno de los agentes del dispositivo policial informó a sus superiores de que, “por la dirección emprendida por la masa”, existía la posibilidad de que el objetivo de la manifestación fuera llegar hasta la sede del PSOE, situada en Ferraz. La respuesta fue «la orden de la superioridad» de que la marcha no llegara «bajo ningún concepto» a la sede del PSOE y que se tomaran las «medidas necesarias para tal efecto». También se dio la orden de reforzar la seguridad de la sede del Partido Popular en la calle Génova, según el escrito al que ha accedido La Marea.
Los antidisturbios intentaron “contener y frenar” la cabecera de la marcha “mediante órdenes verbales”, que estaba dirigida por un grupo de unas 70 personas “con estética radical”, afirma el atestado policial. De hecho, llegaron a interponer vehículos policiales cuatro manzanas antes de donde ocurrieron las cargas pero la línea de vehículos fue rebasada, siempre según el texto policial. La orden recibida a continuación fue la de “seguir acompañando a la masa con los vehículos policiales con el fin de ralentizar su marcha en la medida de lo posible”.
Un antidisturbios comunicó que si se bajaban de los vehículos para lograr detener la marcha se podían producir disturbios “y ser necesario el uso de la fuerza”. Pese a esa advertencia interna, el coordinador del servicio “ordena establecer una barrera de prohibición” en la intersección de la calle Alberto Aguilera con la calle Princesa “para evitar» que la masa llegara «a la sede del Partido Socialista Obrero Español, en cumplimiento de lo ordenado por la superioridad”. La instrucción se cumple, con el despliegue de nueve efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), “con el fin de frenar el avance de la masa hacia la calle Princesa”.
Pero un grupo de manifestantes de “apariencia radical” rebasan “con agresividad” la línea a la altura de El Corte Inglés de Argüelles, según la versión del atestado, acometiendo contra los antidisturbios.
Estas personas que driblaron a la UIP establecen barricadas y lanzan escombros y otros materiales de una obra en el lugar. Siempre según el parte policial, este fue “el motivo” por lo que los agentes de la UIP “se ven obligados a realizar una intervención orgánica con defensa [porra] al objeto de repeler dichos lanzamientos y agresiones físicas directas” usando “la fuerza mínima indispensable”. Los vídeos grabados por el autor de estas líneas muestran, sin embargo, cómo la “intervención orgánica con defensa” comienza en la acera contra personas que no están lanzando objetos ni se encuentran en las barricadas improvisadas que se montaron en la calzada.
Como consecuencia de la decisión de evitar el corte de la calle Princesa y que la marcha se acercase a la sede del PSOE, se produjeron disturbios y los agentes usaron la fuerza física, tal y como avisó a sus compañeros uno de los agentes del dispositivo. También se detuvo a una persona acusada de desórdenes públicos, ahora absuelta.
Debido al revuelo mediático y político que la difusión de las imágenes de las cargas policiales generó, la Delegación del Gobierno en Madrid anunció que analizaría los vídeos y estudiaría la actuación policial realizada, así como el operativo aplicado. Medio año después, preguntada por La Marea, la Delegación del Gobierno no ha podido determinar si las cargas en Madrid fueron «desproporcionadas». Quien sí lo hizo fue Amnistía Internacional, que atestiguó el “empleo de defensas contra manifestantes pacíficos” así como contra al menos dos periodistas que estaban cubriendo esta movilización “en disconformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.
