La Federación de asociaciones para la defensa de la salud pública (FADSP) acaba de pedir en un comunicado que se abra un “debate en profundidad” sobre la ganadería intensiva en España. Poco se ha oído esta demanda, porque los sanitarios se negaron a entrar en la polémica, a insultar en redes o incluso a opinar sobre las declaraciones de Alberto Garzón que han reabierto una guerra de las macrogranjas desde el principio del año, a raíz de una entrevista suya al diario inglés The Guardian.
La primera batalla del chuletón se dio en 2021, pero de poco sirvió para ganar terreno democrático en este asunto. Permitió a los españoles saber que, a Pedro Sánchez, el chuletón le gustaba “en su punto” y a Alberto Garzón “poco hecho”. El problema real no es solo el consumo individual de carne de los españoles, sino el actual modelo agroindustrial de España y el desastre ambiental, sanitario y social que provoca. Graves impactos ambientales y sanitarios sobre aguas y suelos, mucho beneficio para muy pocas empresas, subvencionadas con dinero público, que crean muy poco empleo, fijan muy poca población y no permiten una revitalización real de la España vacía. Como lo demuestran recientes informes de Greenpeace y Ecologistas en Acción, la ganadería intensiva vive un boom que destruye a gran velocidad el campo español y que el Estado no consigue regular o revertir.
De hecho, Pedro Sánchez acaba de declarar que “cumple con los ganaderos” y así no cumplió con el resto de su plena responsabilidad política: explicarnos concretamente su proyecto para cumplir también con el objetivo vinculante de transformar el modelo económico de la ganadería intensiva, dentro del Pacto Verde Europeo para alcanzar la “neutralidad climática en 2050”, con una reducción de al menos “un 55% de las emisiones para 2030” y de las emisiones de amoniaco como prevén los acuerdos de la COP26. En estas fechas, tras varias décadas de retraso y de criminal inacción en España y en Europa, tendrán que atenerse por fin a las recomendaciones de los científicos internacionales del IPCC y de la ONU: cambiar el sistema alimentario y apostar por una dieta que sigue integrando carne, pero en cantidades reducidas y producida de manera sostenible, con mucho menos emisiones.
Mientras tanto, el Estado español no actúa y justamente por eso la Comisión europea acaba de llevar a España delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el incumplimiento de la directiva europea sobre nitratos y la gestión de purines generados por estas macrogranjas. España se encuentra, de hecho, en el grupo de países de la UE que peor regula la ganadería intensiva y que tiene la peor calidad del agua en su territorio. Por eso, Bruselas considera «insuficientes» las medidas tomadas hasta la fecha en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia, y reclama «medidas adicionales» para que todas ellas puedan alcanzar los objetivos fijados.
La falta de acción política, tanto a nivel nacional como autonómico, es evidente y no se resuelve a base de polémicas en Twitter. ¿Dónde está hoy el espacio democrático de debate profundo que piden nuestros sanitarios y que podría desbloquear la situación?
El macrodecrecimiento ya no es una utopía, es la realidad
De momento, Alberto Garzón se ha metido en esta batalla necesaria, pero la está manteniendo mediáticamente polarizada sobre el “enemigo macrogranjas” y enfocando principalmente la solución al papel del “consumidor actor” nacional. El consumo de carne en los hogares españoles ha disminuido de un 50% en los últimos quince años y debe bajar todavía mucho para respetar las recomendaciones de la OMS: no más de 500 g de carne por persona a la semana. Desde la reducción del consumo individual se puede avanzar, pero no se soluciona el problema de la ganadería intensiva en España porque no se toca el tema central: concretar un plan nacional de “macrodecrecimiento” de la ganadería industrial intensiva, que es la única vía para bajar drásticamente nuestra masiva producción cárnica destinada a la exportación.
Organizar políticamente el macrodecrecimiento de las macrogranjas pese a la oposición de los grupos agroindustriales y con el pleno apoyo de la ciudadanía ya no es ninguna utopía. Los lobbies de la ganadería industrial española lo saben muy bien y por eso se activan con polémicas cada vez más agresivas, llegando ahora a reclamar la cabeza de un ministro de Estado.
En 2022, el final de la ganadería intensiva es una realidad ya en marcha en el resto de Europa. Países Bajos, nación conocida como la “macrogranja de Europa”, apostó por un modelo de agricultura hipertecnológica y productivista, y llegó a ser el segundo exportador mundial de carne, detrás de EEUU. Hoy tiene un 60% de sus suelos contaminados por nitratos y amoniaco y el Gobierno ha lanzado desde 2019 un plan drástico de reducción de un 30% de la producción nacional de carne. Hasta se ha creado un ministerio específico para la planificación de la transición que gestiona la conversión a la ganadería extensiva y la compra de tierras agrícolas privadas, en el país que es la cuna histórica de la invención del liberalismo económico en Europa. El intenso lobbying de la ganadería intensiva no pudo parar este “macrodecrecimiento” de la ganadería intensiva porque está respaldado por la sociedad civil holandesa, para quien no hay guerra del chuletón posible.
Debate profundo y participación ciudadana real
¿Qué pasa cuando se abre el espacio democrático de “debate profundo” que tanto reclaman nuestros sanitarios? Las experiencias recientes de participación democrática demuestran que el decrecimiento es factible a gran escala y que la ciudadanía en Europa apuesta decididamente por ello.
En Reino Unido y Francia, las dos asambleas ciudadanas climáticas reunidas en 2020 han zanjado inmediatamente la muy interesada batalla que fomentan los lobbies agroindustriales, ateniéndose estrictamente a lo que recomienda la ciencia en cuanto a cambio de modelo productivo. Las dos asambleas seleccionadas por sorteo representativo fueron creadas bajo la presión de las movilizaciones masivas del colectivo inglés Extinction Rebellion y de los chalecos amarillos galos en 2018, y tuvieron una amplia difusión mediática en el resto de la sociedad.
Tanto en la Climate Citizen Assembly como en la Convention Citoyenne, los ciudadanos se informaron, deliberaron y aprobaron una propuesta de plan de reducción del 40% del consumo de carne en Reino Unido, con una serie de medidas para garantizar la viabilidad de la ganadería sostenible. En Francia, los ciudadanos también apostaron por medidas de reducción masiva y llegaron incluso a reclamar al Gobierno la renegociación del tratado de libre comercio del CETA. Porque las macrogranjas solo son la cara visible de los flujos macroeconómicos globales.
La asamblea climática española debe deliberar y decidir sobre decrecimiento justo
En España, el Ministerio de Transición Ecológica hasta ahora ni se ha pronunciado en el tema de las macrogranjas a pesar de su profundo impacto ambiental y sobre la salud de los ciudadanos, pero sí está emulando la iniciativa de las asambleas ciudadanas de nuestros vecinos europeos. Con dos años de retraso organiza entre noviembre 2021 y abril 2022 una asamblea ciudadana por el clima que reúne, de manera virtual y sin ningún impacto mediático, a 100 ciudadanos seleccionados por sorteo para informarse y deliberar sobre el cambio climático.
Este es el espacio político democrático real que necesitamos para organizar un debate profundo. Allí mismo Alberto Garzón debería llevar el debate sobre las macrogranjas, y también las soluciones de decrecimiento real y de reducción de emisiones de metano firmados por el Gobierno en la COP26. Las estrategias que recomiendan los científicos del IPCC en su último informe, filtrado antes de publicación en verano 2021 por el colectivo Scientists Rebellion y Extinction Rebellion España, tienen principalmente que ver con una “prosperidad sin crecimiento”, como dijo el economista Tim Jackson. Demostró que el crecimiento se opone tanto a la prosperidad como a la justicia social y acuñó el término de “prosperidad sin crecimiento” para poder situar la acción pública y las inversiones estratégicas fuera de la órbita del productivismo y de la explotación intensiva.
Pero, aunque lo pretenda la ministra Teresa Ribera, lo que se organiza en España ni es asamblea, ni es climática: con condiciones de selección no inclusivas y esencialmente digitales, la muestra de 100 personas seleccionadas no representa realmente a la sociedad española. Sin objetivo concreto de descarbonización previamente fijado y sin garantías vinculantes de aplicación de las resoluciones, lo que vemos es una simple charla climática sobre una pregunta muy vaga: “¿Cómo hacer España más segura frente al cambio climático?”.
El Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez, que declaró en enero 2020 el estado de emergencia climática en España, ha desaprovechado durante dos años una oportunidad histórica para emular lo que han iniciado otros países europeos, o apostar por el cambio que Chile está llevando a cabo con su nueva Constitución: construir una democracia ambiental fundada sobre la participación ciudadana y el renovado protagonismo de los actores sociales. Las asambleas ciudadanas son unas de las palancas que permiten que la sociedad civil y los actores sociales se conviertan en un contra-poder a los lobbies, y puedan imponerse como actores democráticos claves de transformación del modelo económico que nos lleva a la destrucción masiva de nuestro planeta y de la vida de las generaciones futuras.
La lucha de cada pueblo español contra la macrogranja que se instala en su comarca es desigual y a menudo desesperada. Las campañas de las ONG visibilizan el desastre de la ganadería intensiva e impactan la sociedad, pero no abren vías de participación inmediata en la toma de decisión política. Y desde las redes sociales, las repetidas batallas del chuletón solo sirven a los intereses de los grupos de presión para confiscar y anular el debate público.
Necesitamos una asamblea ciudadana real y vinculante donde debatir públicamente sobre una estrategia rápida de macrodecrecimiento de las macrogranjas. Este es el espacio democrático que reclaman nuestros sanitarios, para un nuevo gobierno de los bienes comunes a la vez participativo, sostenible, duradero y justo. La Rebelión en la granja de la que hablaba George Orwell y que está por llegar.
Participación de todas y de todos en una rebelión democrática para salvar la vida.
———————
Agnès Delage, Extinction Rebellion Europa
Fernando Prieto, Observatorio de la Sostenibilidad
