Seis jóvenes. Un vídeo. Un mitin de VOX. Y la palabra de un policía. Estos son los ingredientes que han acabado dando forma a la historia de los conocidos como Seis de Zaragoza, unos jóvenes condenados por altercados en un acto del partido de ultraderecha en la capital aragonesa en 2019. En esa movilización hubo cargas policiales y lanzamiento de objetos contra los agentes, diversos detenidos y policías heridos. Se inculpó a seis jóvenes por desórdenes públicos y se les condenó a seis años de cárcel con una sola prueba: la palabra de un policía.
Las otras evidencias que había, unos vídeos de las cámaras de seguridad, fueron desestimadas por el juez porque no se les reconocía y, por lo tanto, no se podía demostrar su inocencia. Quedando lejos aquello de “inocente hasta que se demuestre lo contrario”, las familias interpusieron recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pero el juez no solo tampoco aceptó los vídeos, sino que rizó el rizo. Recuperó la acusación de lesiones a policías, que había sido desestimada anteriormente por falta de pruebas, y la añadió a la cesta de la sentencia. El resultado: siete años de cárcel. De nuevo, todo basado en la declaración de un agente.
“Es tremendamente injusto que se crea a la policía sistemáticamente y nuestros hijos tengan que demostrar que no han hecho nada”, se lamenta Francho Aijón, padre de uno de los condenados. A finales de octubre llevaron el caso a la Eurocámara, porque “España tendrá sus virtudes, pero la judicial no es una de ellas”, dice Aijón. Por eso, reclaman a Europa que vigile de cerca al Estado para garantizar que “la presunción de veracidad no pase por delante de la de inocencia y que se juzgue a los jueces que se toman la Justicia a la ligera”.
CONTEXTOS DE MOVILIZACIÓN
El caso de los Seis de Zaragoza no es la única historia de sentencia basada en una declaración policial. Es lo que argumenta el periodista Guillermo Martínez, que denunció que un policía lo había agredido mientras cubría una concentración antifascista en un mitin de Vox. La jueza, en este caso, considera acreditado que no se produjo la agresión. «La jueza no solo absuelve al policía sino que me condena a pagar las costas. Lo más grave es que pide deducción de testimonio para mí y mis tres testigos periodistas».
Uno de los casos más difundidos en los últimos meses ha sido el del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por atentado a la autoridad por dar una patada en la rodilla a un policía en una manifestación contra la LOMCE en 2014. En un voto particular, sin embargo, dos jueces sostienen que debería haber sido absuelto porque las pruebas están “muy lejos” de ser suficientes.
Según el abogado Erlantz Ibarrondo, este tipo de sentencias son “frecuentes en contextos de movilización”.
Es recurrente que las manifestaciones en las que hay altercados acaben con detenidos que, en algunas ocasiones, son acusados de delitos como desorden público o atentado contra la autoridad. Estas acusaciones nacen con una declaración policial, pero esta no puede ser la que sustente todo el proceso. “En jurisdicción penal, un atestado policial no tiene valor pericial [es decir, no es una prueba], pero los jueces no siempre lo ven así”, dice Ibarrondondo, quien recuerda sentencias como la de Fran Molero, que cumple cinco años de cárcel por agredir a tres policías en los hechos de Rodea al Congreso. De nuevo, una condena basada en la palabra de un agente.
El abogado denuncia la frecuencia con la que las detenciones en contextos de protesta se acaban convirtiendo en este tipo de sentencias. Las veces en que la persona acusada llega a quedar absuelta, normalmente es porque la defensa es capaz de aportar pruebas objetivas, como un vídeo o una fotografía. Eso fue lo que intentaron las familias de los Seis de Zaragoza y no consiguieron.
En el caso de Pere Terron, de 22 años, sí ha resultado definitivo un video de menos de dos minutos. A finales de 2019, el joven se encontró con una concentración en Barcelona. Unas pocas personas –un par de decenas– protestaban contra el desahucio de un local ocupado por el movimiento juvenil del barrio. Pere se quedó en la concentración de casualidad, según explica. “Llegué cuando ya estaba empezada. Por eso, me quedé en la línea de prensa, muy lejos de las otras manifestantes. En un momento, empecé a aplaudirlas y fue cuando un mosso vino hacia mí, me cogió del cuello, y al suelo”, relata el joven.
En ese momento fue detenido y llevado a la comisaría de Les Corts, donde estuvo diversas horas incomunicado. Finalmente, supo que sería procesado por un delito de atentado contra la autoridad. Otra vez: solo basado en la declaración de un agente. Sin embargo, Pere tuvo más suerte que los Seis de Zaragoza, ya que en su caso un vecino grabó todo lo sucedido con su teléfono. “Se acercó a mis amigas y les envió el vídeo, diciendo que estaba dispuesto a declarar si hacía falta”, relata el joven. En el vídeo, que se hizo público a mediados de octubre, se ve perfectamente lo ocurrido: Pere aplaude, el mosso se acerca y le reduce. Fin de la historia. A raíz de este vídeo, se ha anulado el procesamiento y se investigará al agente por detención ilegal.
Pero esta misma prueba, que ahora ha sido aceptada por la Audiencia de Barcelona, había sido desestimada meses antes. ¿El motivo? “Porque no se puede grabar a la policía”, explica Pere. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, prohíbe “el uso no autorizado de imágenes […] de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Según afirma Ibarrondondo, en el vínculo entre las sentencias fundamentadas en declaración policial y la Ley Mordaza es donde se encuentra “la cuadratura del círculo”.
“Una de las pocas maneras de desmontar estas acusaciones es con una prueba objetiva, pero si periodistas y ciudadanos saben que pueden ser sancionados por sacar sus teléfonos móviles, nos quedamos ciegos”, explica el abogado. Y para muestra, solo hace falta recordar el caso del fotoperiodista de El País Alberto García, que a mediados de octubre fue juzgado por un delito de atentado contra la autoridad. Durante los disturbios en Barcelona por las protestas del Procés, García se dispuso a grabar una “detención que parecía fuera de protocolo”, según dijo él mismo en el juicio. A causa de esto, un agente antidisturbios le impidió grabar, le empujó y lo acabó deteniendo. Se le pidió año y medio de cárcel, aunque finalmente fue absuelto.
“La Ley Mordaza establece el respeto a la autoridad y la sospecha sobre toda la ciudadanía”, apunta Begoña Lalana, abogada y miembro de la plataforma No Somos Delito. Esta plataforma trabaja desde hace años por la derogación de la Ley Mordaza, una derogación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva tiempo prometiendo. Tras más de un año de bloqueo –avalado por votos socialistas–, finalmente se fijó llevar a debate la última semana de octubre la iniciativa de derogación presentada por el PNV y aprobada por la Cámara.
Pero este desbloqueo todavía no significa el fin de la polémica Ley Mordaza: después del debate, todavía deberá ser llevada a votación. “La mayoría del Congreso quiere esta derogación, pero el PSOE la detiene porque, como gobierno, no les interesa”, afirma Lalana. “Hablamos de una ley que presume que todos los ciudadanos somos culpables de algo, a pesar de que la presunción de inocencia figura en la Constitución. Pero solo se la invoca cuando viene bien”, añade Lalana, quien afirma que estamos viviendo “un incremento notable de la represión”.
El abogado Erlantz Ibarrondo se muestra de acuerdo: “En muchos casos, las penas que pide Fiscalía por delitos relacionados con la movilización llegan a superar los cinco años de cárcel. Por eso, muchos abogados tienden a llegar a acuerdos, a pesar de saber que sus clientes son inocentes, para evitar el riesgo de entrar en prisión”, reconoce el letrado.
A pesar de esto, algunos sectores de la policía consideran que hay “impunidad” entre las personas que cometen delitos de agresión contra los agentes. Es por este motivo que el sindicato policial JUPOL ha decidido impulsar una reforma legislativa para que se endurezcan las penas por estos delitos.
Según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, durante el año 2020 los delitos contra la autoridad crecieron en un 24%. “¿Crecen los delitos o los agentes que dicen ser víctimas de delito?”, se pregunta Ibarrondo, quien afirma contundente que “no existe ningún tipo de impunidad”. Ante noticias como estas, Francho Aijón opina lo siguiente: “Entre la policía, el gobierno y la justicia se ríen de nosotros. Nos lanzan el mensaje claro de que un sector de la sociedad casi tenemos que pedir permiso para existir”.
Esta sensación es lo que la abogada Begoña Lalana llama efecto desaliento. “Al ver que se castiga o persigue a periodistas de medios tan poco subversivos como El País crece el miedo a una detención arbitraria y la gente deja de salir a la calle”, explica. Este desaliento lo notó Aijón en la última manifestación convocada por los Seis de Zaragoza. “Fuimos muy pocos. Pero es normal, ¿cómo vas a convencer a alguien de que se manifieste contra una detención por manifestarse? Es como si nos boicoteáramos a nosotros mismos”, ironiza Francho Aijón, mientras su hijo sigue esperando su destino, con una sentencia de siete años de cárcel cargada a las espaldas.
