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Las grandes empresas eléctricas españolas han encontrado en la universidad un socio de primer nivel. En la Universidad de Comillas, por ejemplo, las energéticas patrocinan la Cátedra de Energía e Innovación, financiada por Iberdrola; la Cátedra de Familia y Discapacidad y la de Impacto Social, en las cuales participa la Fundación Repsol; o la Cátedra de Energía y Pobreza, a cargo de Naturgy y Endesa. Es decir: las cuatro grandes eléctricas del IBEX 35 pagan algún tipo de estudios en esta universidad privada, que también acoge la Cátedra de Industria Conectada –en cuyo patronato están Repsol, Endesa o Enagás, entre otros– y la Cátedra de Energía y Sostenibilidad, que paga British Petroleum, empresa más conocida como BP.

Si bien el ejemplo de Comillas es paradigmático por la cantidad de investigaciones patrocinadas que acoge, la lista de universidades que se suman al fenómeno de las cátedras y estudios pagados por las empresas eléctricas es larga: las politécnicas de Madrid, Barcelona y Cartagena, las universidades de Barcelona, Salamanca, Navarra, Lleida, País Vasco, Zaragoza, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Islas Baleares, Vigo u otras como la Universidad Rovira i Virgili, la Internacional de Andalucía o el Colegio Europa, además de centros extranjeros.

La mayoría de las fuentes consultadas por este medio coinciden en apuntar hacia el papel que juegan este tipo de formaciones e investigaciones financiadas en la limpieza de imagen de las compañías patrocinadoras: es el academicwashing o, en términos de Pierre Bourdieu, la transformación del capital económico de estas empresas –mediante las aportaciones económicas– en capital social, es decir, en una mayor aceptación por parte de la sociedad. Greenwashing a través de la academia. Otras fuentes, sin embargo, sí consideran que la colaboración entre empresa y universidades es beneficiosa para el alumnado –que de otra forma no tendría acceso a determinada formación– y para el conjunto de la sociedad.

“Son empresas tan grandes que dentro de sus estrategias de relaciones públicas no podían dejar fuera a la universidad”, explica Mario Sánchez-Herrero, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y fundador de Ecooo Revolución Solar. Argumenta que la academia da a estas compañías “un marchamo de conocimiento, de seriedad y de importancia”: “En términos de imagen, es muy rentable para una eléctrica tener una cátedra en una universidad”.

El colectivo UniversidadxClima, compuesto por docentes universitarios, personal técnico, investigador y alumnado, sostiene que la financiación de este tipo de estudios sirve a las empresas “para limpiar su imagen”. La organización surgió porque estaban «hartos de ver cosas en la universidad que nos parecen muy hipócritas», se quejan. Por eso, a través de su cuenta de Twitter, denuncian todas las investigaciones universitarias que consideran que contribuyen a este greenwashing desde la academia.

Consecuencias de la infrafinanciación pública

En el periodo comprendido entre 2010 y 2017, la universidad pública ha dejado de percibir casi 10.000 millones de euros, pasando de representar el 2,15% del gasto público a prácticamente la mitad: el 1,6%. Este descenso continuo de recursos públicos ha abocado a muchas instituciones universitarias a echarse a los brazos de las grandes empresas eléctricas. “España está por debajo de los niveles europeos en financiación para la investigación, y esto lo que ha provocado es que se hayan abierto las puertas de par en par a todas las empresas que traigan. Se ponen un antifaz, bajan el listón y permiten que entren las compañías privadas. Les da igual que sean empresas contaminantes”, se quejan desde UniversidadxClima.

El colectivo universitario señala que se trata de un modelo importado desde Estados Unidos y que “empezó con las farmacéuticas” a partir del auge de las tesis neoliberales y la privatización de los servicios públicos. Sánchez-Herrero tampoco cree que sea un fenómeno nuevo: “Yo llevo viendo al Banco Santander en la universidad desde que estudiaba en los 90. Le abrían una cuenta a cada estudiante y ya tenían clientes cautivos que en el futuro podrían tener importantes ingresos. Si a eso le sumas la visibilización como empresa que apoya el conocimiento y la universidad, es una estrategia muy buena”, reconoce el profesor de la UCM.

Desde la federación Ingeniería Sin Fronteras (ISF) se retrotraen a 2007, el año de la implementación del Plan Bolonia, una reforma universitaria que, denuncian, “ha supuesto un avance hacia la privatización y la mercantilización de la Universidad”. Destacan que, entre otras medidas, el Plan Bolonia apostaba por “responsabilizar a las universidades de su propia sostenibilidad financiera, proponiendo la captación de fondos de empresas privadas para aumentar su presupuesto”. Esto, sumado a los recortes en la inversión pública, se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para la entrada de estas compañías en las instituciones universitarias.

Diferentes fuentes de la docencia y la investigación universitaria, varias de las cuales han accedido a hablar de manera anónima, consideran que las grandes compañías eléctricas han virado la temática de las formaciones que financian. “Antes vendía más lo que tenía que ver con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y ahora la Transición Ecológica y la Sostenibilidad”, defiende una de ellas, que asegura que, después de los bancos, las energéticas son las empresas más poderosas del país. Es este difuso concepto, el de la sostenibilidad, el que impregna una parte importante de estas investigaciones financiadas.

Entre los ejemplos más recientes destaca Repsol. Antes, las cátedras patrocinadas por la petrolera versaban sobre temas como la “excelencia en comunicación”, “familia y discapacidad” o la “competitividad”. A partir de 2019, sin embargo, han creado la Cátedra de Transición Energética en cuatro centros diferentes: en la Universitat de Barcelona (UB), en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad de Navarra. Asimismo, este año ha impulsado la creación de un máster en Tecnologías de Hidrógeno junto a cinco universidades. El pasado año 2020, Repsol fue la compañía que más emisiones de gases de efecto invernadero generó en España, según el Observatorio de Sostenibilidad.

En segunda y tercera posición de este ranking de grandes emisores se sitúan Endesa y Naturgy. Ambas compañías, junto a otras tantas como Repsol, ACS, Enagás, Exolum, Cepsa, EDP y Red Eléctrica, son las impulsoras de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Medioambiental (FUNSEAM). Esta organización cuenta en la Universidad de Barcelona con una Cátedra de Sostenibilidad Energética, un ejemplo paradigmático de la convergencia entre lo público y lo privado y su difusa frontera, ya que en ella participan dos empresas semipúblicas: Enagás y Red Eléctrica.

Además, al frente de la misma se sitúa la catedrática de Economía María Teresa Costa-Campi, diputada en el Congreso por el PSOE entre 2000 y 2004, y secretaria de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya entre 2004 y 2005. Posteriormente ha sido consejera de diversas empresas como Abertis, EDP Renováveis y Red Eléctrica (en esta última a propuesta del Gobierno), además de la primera mujer al frente de la Comisión Nacional de Energía (2005-2011) y una de las personas de confianza de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Desde la propia cátedra subrayan que han recibido el reconocimiento por la Generalitat de Catalunya como Grupo de Investigación Emergente en Sostenibilidad en los años 2014 y  2017 y como Grupo de Investigación Preconsolidado en 2017.

El caso de BP es también relevante. Considerada como la sexta empresa que más gases de efecto invernadero ha emitido históricamente en el planeta –34.02 billones de toneladas desde 1965–, patrocina la Cátedra de Energía y Sostenibilidad en la Universidad de Comillas desde 2002, la cual “considera que un modelo energético sostenible es aquel que contribuye al bienestar de la humanidad, mientras preserva los recursos ambientales o institucionales, y contribuye a su distribución de forma justa”. BP fue declarada culpable en 2014 por el derrame de petróleo que se produjo en el Golfo de México cuatro años antes al considerar el juez que fue fruto de una negligencia grave por parte de la compañía. El desastre le costó la vida a once trabajadores y causó el vertido de más de 500 millones de litros de crudo durante casi tres meses, con las evidentes consecuencias medioambientales. Está considerado como el mayor derrame de petróleo de la historia. 

No son las únicas contradicciones entre patrocinios y hechos. Así, Iberdrola anunció en 2018 su patrocinio de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial en Comillas: “Iberdrola apoya la investigación en ética empresarial”, publicó la propia universidad tras la firma del acuerdo por parte del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. En el verano de 2021, tanto el máximo mandatario de la energética como su filial Iberdrola Renovables fueron imputados por la Audiencia Nacional en el marco del caso Villarejo. El juez Manuel García Castellón investiga la presunta trama de espionaje contratada por la compañía energética para obtener información del grupo ACS, de Florentino Pérez. Asimismo, Iberdrola supuestamente también habría contratado los servicios de la empresa del excomisario para investigar a un juez, para infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica o para hostigar a sindicalistas de la central nuclear de Cofrentes. 

¿Conclusiones independientes o conclusiones pagadas?

Para Fernando Prieto, coordinador del Observatorio de la Sostenibilidad y miembro de Extinction Rebellion, “no es ético ni estético” que las empresas más contaminantes del país financien grupos de investigación en la universidad, ya que el principal interés de estas compañías es “maximizar sus beneficios”. De la misma forma, defiende que las propias universidades tampoco deberían permitir estas situaciones “que solo contribuyen a lavar la imagen” de estas multinacionales. Este especialista en sostenibilidad cree que el problema en torno a este fenómenos es la imposibilidad de saber “dónde acaba el criterio científico y dónde empiezan los intereses de las empresas”: “La universidad tendría que ser independiente y la autoridad académica”, subraya.

Desde Enginyeria Sense Fronteres Tarragona –una de las asociaciones territoriales de la federación ISF–, Andrea Vides de Dios asegura que estos convenios de colaboración entre universidad y empresa “conllevan la expulsión o limitación de líneas de investigación que no son compatibles con el interés económico” de las compañías patrocinadoras. Ante esto, denuncia, “la independencia y transparencia en la producción y transferencia de conocimiento desde las universidades queda comprometida”. Para Vides de Dios, la sociedad queda a merced de unas propuestas investigadoras y de transferencia de tecnología que solo obedecen a la lógica del beneficio económico empresarial: “Ante el reconocido estado de emergencia climática actual, ninguna de estas cátedras apostará por planes de decrecimiento, ni por la justicia global ni, en definitiva, por el objetivo principal que debería asumir una institución pública: el beneficio de la sociedad”.

Uno de los casos más claros de posible conflicto de intereses entre academia y empresa privada es el de Mariano Marzo Carpio, catedrático de Estratigrafía en la Universidad de Barcelona y director de la cátedra de Transición Energética de Repsol en dicha institución. Al tiempo que ejerce como tal, se sienta en el Consejo de Administración de la petrolera, un puesto que ocupa desde 2017 para realizar funciones de consejero externo independiente. En 2019, el año que fue escogido como titular de la cátedra de Repsol, percibió una remuneración por su labor como consejero de 256.000 euros, 13.000 euros más que el año anterior.

Domingo Jiménez Beltrán, ingeniero industrial por la ESTII de la UPM y el primer director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente reconoce que este tipo de situaciones “en las que se utiliza un doble sombrero, se prestan a la duda”. Sin embargo, subraya la “importante trayectoria académica” de Marzo Carpio y defiende que “si alguien puede separar ambos cargos, es él”. No obstante, sostiene que en España no existe una relación regulada y transparente entre la universidad y la empresa, algo que sí sucede en otros países de nuestro entorno: “Por eso, cuando se juntan, surgen dificultades, porque se establece una relación interesada. Y en el interés siempre hay sesgo”, explica. Ante ello, considera que todo depende de que “quien las patrocina sea parte de la solución o parte del problema: si eres parte de la solución, puede funcionar; si eres parte del problema, es más complicado”.

Carlos Pérez, graduado en Ingeniería Aeropespacial por la UPM y actual investigador en energías renovables, sostiene que detrás de muchos de estos casos hay “conexiones personales” e intereses de los propios catedráticos y altos cargos que provocarían que la universidad fuese más permisiva: “La directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica de la UPM, Cristina Cuerno, es la directora de la Cátedra Airbus, y Airbus se beneficia teniendo un aula en una escuela que está masificada y donde pueden organizar cursos”. Para UniversidadxClima, “las cátedras universitarias se han convertido en empresas de los profesores”. Desde el colectivo creen que no es posible ser “completamente independiente” participando de este tipo de proyectos de investigación financiados por grandes empresas con importantes intereses en dichos ámbitos de estudio: “Pueden parecer independientes pero al final se convierten en instrumentos del blanqueamiento y de limpieza de estas compañías contaminantes”.

Explica el profesor de Economía en la Complutense Mario Sánchez-Herrero que, “sin poner en riesgo tu propio prestigio científico, se puede incidir con mayor o menor intensidad” en valoraciones que cuestionen el modelo de negocio de la empresa que paga la cátedra: “Todos los que hemos hecho investigación o hemos hecho artículos científicos, podemos ser más duros o menos duros en determinadas afirmaciones. Dependiendo del tono que utilizas, puedes tensionar tu relación con tu financiador o no hacerlo”, explica.

Sin embargo, Sánchez-Herrero no cree que la publicación de conclusiones próximas a los postulados empresariales implique que los investigadores sean “estructuralmente corruptos”: “Estas personas del establishment es posible que estén ideológicamente posicionadas hacia la multinacional. Se mezcla la ideología con la investigación y, por ejemplo, pueden pensar que son las multinacionales quienes deben capitanear la transición ecológica en lugar de la sociedad civil. No es que lo digan porque les paguen, es que lo piensan”, enfatiza.