Habían transcurrido ya 94 días sin luz cuando algunos vecinos y vecinas de los sectores V y VI de la Cañada Real decidieron concentrarse a principios de este año ante la sede de Naturgy, la empresa distribuidora de la energía en este barrio de Madrid. Bien abrigados ante el frío de un 4 de enero, algunas niñas leyeron algunas peticiones dirigidas a los responsables de la eléctrica: “Me llamo Salma y he escrito esta carta para pediros que nos devolváis la luz, estamos pasando muchísimo frío, por las noches no puedo dormir porque me congelo del frío que hace. He bajado mucho en las notas porque no he podido entregar los deberes y trabajos online. Para ducharnos es súper difícil calentando el agua en ollas”.
Algunos días antes, varias de estas familias decidieron denunciar a la compañía eléctrica por delitos de coacciones sobre la vivienda, trato degradante, lesiones y daños al considerar que los cortes de luz habían sido la consecuencia de «intoxicaciones, graves problemas respiratorios, agravamiento de pacientes crónicos, etc.». Un mes después de la concentración, sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid decidió archivar la querella contra Naturgy. Algo similar ocurrió poco tiempo después en Catalunya, cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló una sanción de 500.000 euros que la Generalitat había impuesto a la compañía después de que una anciana muriese en 2016 a causa de un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse cuando le fue cortado el suministro de luz. El caso se encuentra actualmente en el Tribunal Supremo.
La eléctrica ha conseguido capear hasta en dos ocasiones a la Justicia por temáticas relacionadas con la pobreza energética, aunque para parte de la opinión pública, la antigua Gas Natural Fenosa es una de las compañías que contribuye a acrecentar este problema que sufren las familias más vulnerables. Así se recoge en el informe Emergencia habitacional, pobreza energética y salud, elaborado por el Observatori DESC, el Consorci Sanitari de Barcelona y la PAH, entre otros. En dicho estudio, se analiza “la inseguridad residencial en Barcelona” en el periodo 2017-2020, y donde Naturgy es señalada como una de las eléctricas que se niegan “a regularizar y ofrecer contratos” a familias en situaciones de precariedad.
En Catalunya, a finales de marzo de este año, se alcanzó un acuerdo entre la Generalitat y Endesa para que la energética condonara el 75% de la deuda acumulada por las familias más vulnerables entre 2015 y 2020, mientras que la administración autonómica asumirá el resto. Un pacto que no ha sido replicado todavía por ninguna otra eléctrica. Tampoco Naturgy.
Mientras esto sucede, Naturgy es –junto a Endesa– el principal patrocinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. Creada en 2018, el objetivo es “dar coherencia a los estudios, propuestas legislativas, acciones formativas y de divulgación que contribuyan a la mitigación e idealmente la erradicación de esta problemática” en España. En la misma, también participan como patrocinadores menores EDP Energía, Sedigas y el think tank FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros). Asimismo, como entidades colaboradoras figuran organizaciones como ATD Cuarto Mundo, Cáritas, Cruz Roja Madrid, ECODES, EAPN Madrid, Energía sin fronteras, la Asociación de Ciencias Ambientales y la Fundación Tomillo.
Cecilia Foronda, directora del Área de Energía y Personas de ECODES, explica que las propuestas de acción de la cátedra “surgen del diálogo que se da entre las entidades que forman parte del consejo asesor”, algo que considera que “aportan un valor muy relevante” y por lo cual no reciben ningún tipo de compensación económica. No creen que el patrocinio de Naturgy suponga ningún tipo de incompatibilidad, ya que los proyectos están orientados por el consejo asesor, lo que, en su opinión, “avala la objetividad, el rigor y el buen hacer” de la cátedra.
De la misma forma, tampoco consideran que la participación de ECODES contribuya a un lavado de imagen de las empresas patrocinadoras: “Trabajamos para acelerar la transición justa hacia una economía neutra en carbono, inclusiva y responsable. Esa labor de transformación urgente exige realizar acciones con las entidades concretas que existen, con las empresas que existen. Puede que no sean perfectas y que tengan un margen de mejora. Nuestra vocación es también ayudarles en este camino”, defiende Foronda.
Una posición que también sostienen desde Cáritas Madrid, subrayando que la organización “siempre participará en espacios educativos que trabajen por mejorar la calidad de vida de las personas, como ha sido el caso de esta cátedra”. Creen importante formar a las familias vulnerables “en un consumo responsable”, algo en lo que trabajan con las personas acogidas en su centro residencial que decidieron participar en el proyecto.
María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), sin embargo, es mucho más crítica. Defiende que lo que se busca a través de este tipo de cátedras e investigaciones es dar cobertura al discurso que sostiene Naturgy: “Vienen a decir que el problema de la pobreza energética es una cuestión de falta de recursos y que es el Estado quien debe hacerse cargo de solucionarlo. Pero no dicen nada del modelo del mercado que les beneficia a ellos”. Campuzano apunta hacia el mismo título de la cátedra: “Hablan de ‘pobreza’ y ‘energía’, pero no de ‘pobreza energética’. Lo que pretenden es que no se les asocie a ellos como responsables”, denuncia.
Naturgy no ha respondido a las preguntas de lamarea.com.
Un informe patrocinado
El interés de Naturgy en el ámbito de la pobreza energética sale de los muros de la Universidad de Comillas. En 2019, en el marco de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, la fundación de la eléctrica editó el estudio La pobreza energética en España. Aproximación desde una perspectiva de ingresos. El documento está firmado, entre otras, por la catedrática de Economía de la UB María Teresa Costa-Campi, directora de la mencionada cátedra. Esta es posible gracias a un convenio con la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Medioambiental (FUNSEAM), integrada por Fundación ACS, CEPSA, CLH, Enagás, Endesa, FCC Energía, Naturgy, HC Energía y la Fundación Repsol.
Para Campuzano, el informe “solo busca justificar ese discurso de elusión de responsabilidades y viene a decir que ni el modelo de gestión de estos servicios básicos ni las empresas que lo gestionan tienen nada que ver con este asunto”. Por ello, una de las razones del nacimiento de la Alianza contra la Pobreza Energética, argumenta, es “demostrar que no es solo un problema de falta de recursos o de eficiencia, sino de un modelo de gestión de estos servicios, donde hay empresas privadas que hacen negocio con un bien que es básico. Y esta es la principal razón”.
Precisamente, una de las conclusiones del informe de FUNSEAM es que el problema de la pobreza energética “no se circunscribe al sector energético”: “Las actuaciones propuestas sostienen que parte del coste de hacer frente a la pobreza energética debe ser financiado por parte de las empresas del sector, esta visión es incorrecta, no solo porque es regresiva e ineficiente, sino porque no busca resolver la verdadera naturaleza del problema”, se puede leer en uno de los resúmenes del estudio.
La profesora Costa-Campi no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio.
