Con la llegada de la pandemia comenzó a sobrevolar la teoría conspirativa de que se estaba gestando un nuevo orden mundial. Y, en cierta manera, se daban las circunstancias ideales para ello. Tras décadas de hegemonía occidental, de liberalismo económico y privatizaciones, de creación de deuda y recortes, un virus proveniente de China desafiaba las estructuras del bienestar de los países occidentales. El virus canceló toda actividad económica y social, colapsó los servicios sanitarios, segó las vidas de mucha gente y, además, colocó a China como salvadora del mundo, como referente de la ayuda, la investigación y, en última instancia, la economía.
Y es que, cuando hablamos de un cambio de orden mundial, un cambio de liderazgo entre bloques, un cambio geopolítico, hablamos a fin de cuentas de un cambio económico. El mundo, o sus hilos, los mueve un único ventrílocuo: el dinero, y la permuta de su liderazgo solo puede estar relacionada con patrones financieros. No obstante, en las dos últimas décadas se han operado también otros cambios que han ido bosquejando un nuevo orden; una nueva realidad, un nuevo mundo y un nuevo concepto tiempo. Me refiero a los cambios tecnológicos; a las redes, a la conexión entre personas; a internet. Compartimos imágenes de nuestra vida a través de Instagram o Facebook, compramos ropa en tiendas virtuales y hasta buscamos relaciones de pareja por internet. Cualquier actividad cotidiana (desde pedir un taxi, hasta hacer operaciones bancarias, pasando por rellenar un parte de accidente) se lleva a cabo por medio de aplicaciones. Por lo tanto, el cambio de orden solo puede entenderse como una combinación de dos factores: la economía y la tecnología.
La divisa digital representa el instrumento más radical de la revolución tecnológica, pues podría desplazar la incuestionable hegemonía del papel moneda como método de transferencia de bienes y servicios. De hecho, cada vez manejamos menos metálico: se paga con el teléfono móvil, con tarjetas sin contacto, y, en algunos casos, con bitcoins. Los bancos garantizan la seguridad de las transacciones, pero también, y cada vez más, están enfocados a la especulación. Si todos los clientes de una entidad quisieran retirar efectivo a la vez, el mismo día, en el mismo momento, se produciría un corralito, puesto que el dinero real, el líquido que un banco posee, es apenas un 1% del total. El resto es dinero financiero, avalado. Es decir, la relación del banco con el cliente se basa a la postre en una cuestión de confianza sobre los riesgos de la especulación.
Así las cosas, la criptomoneda propone una economía directa que sustituye la confianza por la tecnología, creando un instrumento de intercambio entre usuarios; un sistema financiero descentralizado, sin una autoridad de control. Para ello utiliza la tecnología blockchain, por medio de la cual los datos (cada operación) se distribuyen en nodos o bloques que registran toda la actividad contable. En otras palabras, las cadenas de nodos conforman un gran libro de contabilidad que registra todas las operaciones y que se comparte entre todos los usuarios, sin depender de unos servidores centralizados.
Puede que nunca hayamos reparado en ello, pero existe un elevado número de personas a lo largo del mundo que no tiene acceso a los bancos, que no tiene acceso a los créditos, al dinero. En Filipinas, por ejemplo, según el BSP (Banco Central de Filipinas) apenas el 29% de la población dispone de una cuenta bancaria. Muchas de las familias que reciben dinero de parientes emigrados en otros países han de hacerlo a través de medios alternativos a las transferencias bancarias. La descentralización de la tecnología blockchain permite algo inédito hasta ahora: que la economía una a la gente que hace transacciones, en vez de dividirla en función de su capital.
Pero, ¿cuál es la influencia de las criptomonedas en el sistema financiero actual? A decir verdad, no mucha, pero si su uso se estableciera como una práctica habitual, como medio de pago de un elevado porcentaje de la población mundial, podría suponer una revolución global y una inversión del orden tradicional del mundo. No solo la banca perdería poder, sino también los estados, dotando a la población, a la ciudadanía, de mucha más autonomía y libertad, y generando a la postre una economía democrática en la que puedan participar de igual a igual un filipino con escasos recursos y un estadounidense de clase media.
La normalización de la criptodivisa podría suponer pues la mayor revolución socioeconómica desde la aparición del socialismo y la economía planificada, aunque en este caso sin la necesidad de un partido, un estado o una doctrina que lo controle. Se trataría de una nueva Revolución Industrial (o tecnológica, en este caso). Un viraje global que alcanzaría a todos los países y todas las clases sociales de forma inmediata; en un clic. Una mutación inédita y radical que uniría a la ciudadanía mundial, sin mediadores ni intermediarios. Un cambio histórico que daría jaque, por primera vez, a los dueños del dinero.
Pero ¿van a permitir los grandes bancos y los estados que esto suceda? Desde luego que no lo van a poner fácil. De hecho, el peligro que la estandarización de la criptomoneda representa para el orden establecido ya está provocando que la maquinaria propagandística del poder fáctico dibuje un escenario de sombras y desconfianza sobre la nueva divisa, a la que se acusa de ser refugio del crimen organizado y lavadora de dinero global.
La criptomoneda puede facilitar, en efecto, actividades ilícitas como lavado de dinero y estafas de inversión. Pero dichas prácticas están siendo utilizadas como pretexto para desprestigiar todo el sistema virtual. El BCE sostiene que esta divisa es «un activo especulativo, algo en lo que puedes apostar para obtener beneficio pero con riesgo de perder la inversión», mientras que el Banco Santander considera que “las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.»
Por lo tanto, no parece fácil que a corto plazo las partes más afectadas, como los bancos centrales y la banca privada, alisen el camino por el que ha de circular la criptodivisa. Así como tampoco lo harán los estados, que comienzan a posicionarse en contra de la nueva divisa. China ha prohibido recientemente el minado de criptomonedas con la excusa de que consume mucha energía (cabe recordar que en China se ha estado produciendo el 70% del minado mundial). Esto, que no deja de ser cierto, esconde detrás una estrategia económica para el futuro: la apuesta del gigante asiático por su propia criptomoneda, el yuan digital. Un plan por el que el país oriental pretende tomar ventaja en la carrera por el govcoin, la moneda digital regulada. Un paso más para competir con Estados Unidos en el comercio internacional. Pero China no es una excepción, la Unión Europea está evaluando también la posibilidad de crear un euro digital, un circuito en la que todas las divisas terminarán compitiendo.
Si la criptodivisa siguiera su crecimiento exponencial como instrumento de cambio, y no como forma de inversión o como activo monetario para refugiarse ante crisis o inversiones (sus mayores reclamos en la actualidad), podría realmente cambiar el orden de las cosas, el orden del mundo, los hilos del poder, y establecer un sistema económico distinto; un sistema entre usuarios que poseería, por un lado, la esencia tradicional del intercambio, y, por otro, el potencial de la tecnología más puntera. Sin embargo, todo apunta a que los bancos centrales se van a anticipar a esta posibilidad con monedas digitales controladas por su autoridad, su nuevo orden mundial.
