El relato del empleo: la punta de lanza del ‘greenwashing’ de la minería (3)

“Sueño con una Extremadura que necesite mano de obra, que otros vengan de fuera para cubrir empleo”. Durante el Debate del estado de la región de 2021, el presidente Guillermo Fernández Vara expresaba sus deseos para la comunidad e indicaba la forma de conseguirlo: “En los próximos 4 años la inversión privada será de 6.594 millones de euros”, lo que permitirá crear 20.000 nuevos empleos. Meses antes, las compañías que están detrás del proyecto de San José Valdeflórez, el yacimiento minero de Cáceres, instalaron enormes carteles verdes en varios puntos de la ciudad. En ellos se obviaba la palabra mina y el mensaje era claro: “Más de 1.000 empleos directos e indirectos”.

Extremadura es la comunidad autónoma con uno de los mayores porcentajes de paro juvenil de España, con un desempleo que roza prácticamente el 50%, solo superada por Canarias, Andalucía y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A ello se unen dos cifras que permiten entender mejor la precariedad a la que se ve sometida la juventud: la región tiene la tasa de pobreza más alta de todo el Estado y la renta media más baja, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Agencia Tributaria.

“La falta de oportunidades laborales”, de la cual deriva el “éxodo juvenil” es, para secretaria general de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, uno de los principales problemas que tiene la región, los cuales asocia al “modelo productivo colonial” bajo el que opera el territorio desde hace siglos. En 30 años, entre 1950 y 1980, Extremadura perdió más de 710.000 habitantes. Hay un dato especialmente doloroso: en el quinquenio que va desde 1961 a 1965, 46.173 personas abandonaban la región cada año. “En esas tres décadas de emigración se perderá la mitad de la población extremeña, retrocediendo esta al final de la centuria a las cifras absolutas de 80 años atrás, mientras el conjunto de España duplica sus habitantes”, explica el doctor en Geografía e Historia Moisés Cayetano Rosado en uno de sus trabajos.

Una situación que, en menor medida, parece repetirse. “La emigración de personas jóvenes está siendo masiva”, lamenta Olga Tostado, presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura. De acuerdo con el libro Extremadura, un futuro sin jóvenes sin futuro, elaborado por investigadores de las universidades de Extremadura y Zaragoza, desde el comienzo de la crisis de 2008 se marchan 4.400 personas de menos de 30 años cada año. Según Tostado, la sangría demográfica juvenil se asocia a la “sobrecualificación” y las escasas posibilidades laborales que ofrece la región para aquellos jóvenes con estudios superiores. “Normalmente, si deciden estudiar fuera, acaban volviendo con la expectativa de encontrar trabajo y, como no lo consiguen, tienen que volver a marcharse”, critica la presidenta del Consejo de la Juventud. 

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, aun reconociendo el papel jugado por la región históricamente, defiende el cambio que ha llevado a cabo el gobierno del PSOE con el objetivo de aprovechar los recursos de los que dispone la comunidad para impulsar “el desarrollo, creando empleo e industria”, y niega que su partido “haya abrazado el modelo extractivista”. Salaya asegura que “se ha hecho una apuesta clara por las energías renovables y se trabaja para que Extremadura no solo sea productora de energía verde y barata sino que lo sea también de diseño, desarrollo y fabricación de la tecnología que tiene que garantizar el nuevo modelo energético”. 

Aunque no elude la autocrítica, el primer edil cacereño apunta a las grandes compañías fotovoltaicas que tienen explotaciones en la región y les pide que “busquen la forma para ayudar a Extremadura en su desarrollo empresarial e industrial”. “Es lo justo, teniendo en cuenta que el tejido industrial de otras partes de España se alimenta de energía verde y barata de Extremadura”, añade. Al “excedente energético exportado” como “otra forma de apropiación de los recursos naturales extremeños” ya se dedicaba un capítulo en el libro Extremadura saqueada allá por 1978.

Y en este contexto de falta de oportunidades laborales, el empleo se ha convertido en el más importante as en la manga de la industria minera para tratar de acercar a la opinión pública hacia sus postulados. Las noticias sobre la cantidad de empleo que traerán a la región las empresas mineras se suceden desde hace años. Ya en 2012, el medio El Economista publicaba el siguiente titular: Una minera canadiense creará 1.000 empleos en Extremadura. El artículo hacía referencia a la reapertura de la mina de estaño de Pedroso de Acim por parte de la multinacional Eurotin para convertirla “en uno de los yacimientos actuales más importantes del mundo de este mineral”. 

En esos momentos era el Partido Popular quien gobernaba la región, si bien el discurso era prácticamente calcado al que mantiene el PSOE en la actualidad. La vicepresidenta de la comunidad, Cristina Teniente, aseguraba por aquellos años que el proyecto era un “ejemplo de lo que necesita” Extremadura, y destacaba algunos datos de producción: “20 millones de toneladas al año, un total de 1.000 millones de toneladas a lo largo de la explotación”, teniendo en cuenta que la “vida útil” serían unos 50 años. Así, la Junta de Extremadura aseguraba recibir el proyecto “con los brazos abiertos” y con “absoluta proactividad” puesto que iba a crear entre «700 y 1.000» puestos de trabajo directos, y entre «2.000 y 3.000» empleos indirectos.

Cuatro años después de defender el proyecto valiéndose de unos supuestos datos de producción y de creación de empleo, la historia era bien distinta. El precio del estaño había bajado y la explotación ya no era rentable. Al ayuntamiento de la localidad habían llegado hasta 14.000 currículums, buena muestra de la desesperación laboral que vivía la región. Pero en esos momentos, la propuesta de Eurotin era la puesta en marcha de una planta piloto con unos 40 trabajadores, unas cifras que poco tenían que ver con las prometidas pocos años antes. Finalmente, el proyecto quedó en nada. La compañía no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio.

En la actualidad, la historia se repite. Un proyecto para extraer litio cerca de Cañaveral abre la puerta a más de 100 empleos, publicaba el diario Hoy, el periódico regional más importante de Extremadura, en 2019. Un año después, la televisión autonómica, Canal Extremadura, cuadruplicaba esa cifra: La mina de litio de Cañaveral pretende generar hasta 400 empleos directos. Para Marga Mediavilla, miembro del Grupo de Investigación en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid., la minería no puede ser considerada como ejemplo de industrialización, ya que se trata de un sector que “aporta muy poco valor añadido”: “No aportan empleo de calidad, únicamente una extracción que deja muy pocos puestos de trabajo y no da para el futuro”. 

En la misma línea, la representante de Ecologistas en Acción, Elena Solís, denuncia que el “gobierno amigable” de la Junta de Extremadura apuesta por un modelo económico “sumamente cortoplacista”: “Ni siquiera es pan para hoy porque son minas a cielo abierto, donde la maquinaria se emplea por personas muy cualificadas, por lo que no estás creando nuevos empleos; más bien todo lo contrario, destruyes parte de los puestos de trabajo de la zona”.

Denuncia que también la comparte Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura: “Las grandes inversiones que ahora llegan no traen empleo de calidad y no generan dinámicas y sinergias positivas aquí”. Para la diputada, la minería es “el hito más visual de la dinámica colonial” que opera en la región y que, como se exponía en Extremadura saqueada hace más de cuarenta años, no es nueva aunque ahora ocupe titulares.

Otros proyectos asociados a la apertura de minas también han servido para dar sustento a esta narrativa de la creación de puestos de trabajo: La fábrica de baterías de litio que se construirá en Badajoz creará 500 empleos directos, titulaba la cadena radiofónica COPE en junio de 2020. De nuevo, apenas un año después, la cifra prácticamente se triplicaba: La fábrica de baterías creará 1.300 empleos en Extremadura. Además de esta fábrica de celdas en Badajoz, la compañía Phi4tech también pretende abrir una Planta de Ingeniería de Tratamiento de Litio en Cañaveral, y una fábrica de cátodos localizados en la provincia de Cáceres. La empresa cuenta con un acuerdo “comercial y estratégico” con Lithium Iberia, la empresa que pretende explotar el yacimiento de este material que existe en la zona de Cañaveral, también en la provincia de Cáceres. En el caso de que este proyecto minero no saliese adelante, tampoco se construirían ni la planta de tratamiento de litio ni la fábrica de Cátodos de Cáceres, si bien la factoría de celdas de Badajoz no depende de terceros, según ha explicado la compañía a este medio.

Nuevamente, este plan cuenta con el beneplácito y el apoyo de la Junta de Extremadura. En el acto de presentación del mismo, en marzo de 2021, participaron el presidente de la Junta de Extremadura, la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, y el secretario general de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco Díaz, si bien este último lo hizo por videoconferencia. Durante el evento, el presidente autonómico aseguró que comenzaba “un nuevo tiempo” que permitirá a Extremadura competir “en la liga industrial”. Blanco, en representación del Ministerio de Industria, calificó la presentación como “una excelente noticia para Extremadura y para nuestro país”.

La líder de Unidas Podemos en Extremadura, sin embargo, cree que la Junta se está agarrando “al vagón de cola de una industrialización que ya muchos han desdeñado” por los impactos ambientales sobre los que se sustentan. Para Anxo Pirés, de la plataforma de Alconchel, se trata de “un proyecto megalómano” cuyo único objetivo es captar fondos europeos. Así lo ha reconocido el Gobierno extremeño, que pretendía incluyó a la fábrica dentro de la primera propuesta para tratar de conseguir financiación de los fondos Next Generation EU.

“Los rasgos de una colonia son la mano de obra barata, la extracción de materias primas sin transformar y el saqueo energético. Y Extremadura los cumple todos”, ahonda en la crítica el exdiputado comunista Manuel Cañada.

Este es el tercer artículo de una serie sobre la minería en Extremadura, publicada en colaboración con el Investigative reporting project Italy (IRPI), en la que han participado los periodistas Giulio Rubino (IRPI), Magda Bandera (La Marea) y Eduardo Robaina (Climática). En esta pieza se incluye parte del reportaje Extremadura, tierra de sacrificio publicado en #LaMarea82.