Tras la amenaza de los atentados que han terminado produciéndose en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, la mayoría de los países han dado por finalizadas sus evacuaciones o han anunciado que lo harán en breve. Mientras decenas de heridos aún se debaten entre la vida y la muerte, miles de hombres, mujeres y niños siguen empujándose contra las vallas y controles que rodean la terminal con la esperanza de poder subirse a algunos de los pocos aviones que quedan por partir rumbo a Europa o Estados Unidos. En la frontera con Pakistán, otras decenas de miles llevan días durmiendo a la intemperie con la esperanza de poder escapar al país vecino, donde saben que solo les espera explotación y pobreza. En Occidente, los llamamientos a proteger a las mujeres y niñas afganas se suceden ante el estado de terror que los talibanes ya están reinstaurando en buena parte del país.
Y pese a todo, nos mostramos huidizos a la hora de abordar la cuestión primordial si nos interesa realmente el destino de los 38 millones de personas que viven en Afganistán y que nuestros países no están dispuestos a acoger, así los talibanes los mandasen a todos en vuelos charter. Basta recordar que las condiciones en las que los encerramos en centros de detención en las islas griegas son tan crueles que uno de cada cuatro niños y niñas refugiados se autolesionan, tienen ideas suicidas o han intentado suicidarse, según un informe de 2018 de Médicos Sin Fronteras.
Así que en el caso de que, de verdad, nos interpelase el destino de los afganos, de cuya tragedia -a diferencia de otros contextos- estamos siguiendo como si de una película se tratase a través de las redes sociales, ¿qué deberíamos exigirle a nuestros gobiernos?
Los talibanes y los combatientes de ISIS-K tienen una agenda política que incluye entre sus prioridades la supresión de cualquier derecho de las mujeres y las niñas, y la están imponiendo con las armas. Y para impedirlo, al menos con la urgencia que requiere revertir su victoria, solo se puede hacer de la misma forma: empleando la violencia. La historia nos demuestra que las intervenciones militares pocas veces han estado al servicio de la población civil, pero todos los europeos agradecemos que los Estados Unidos desembarcarse en Europa con el bando de los aliados y venciese a los nazis. Aun sabiendo que defendía sus propios intereses y su supervivencia, y conociendo las masacres que cometió, su coste en vidas inocentes y los beneficios multimillonarios que le reportó a la primera potencia mundial la reconstrucción del viejo continente*.
En el caso de la Guerra Civil española, pocos colectivos merecen más nuestro respeto y agradecimiento como demócratas que los brigadistas internacionales que llegaron desde distintos países para combatir a los golpistas. Suele ser un mecanismo bastante justo y eficaz utilizar la misma vara de medir para lo que queremos para nosotros con lo que queremos para lo demás. Y la mayoría de nosotros, en el supuesto de que nos encontrásemos en una situación en la que alguien nos quisiera agredir o matar, además de defendernos, desearíamos que alguien entrenado y armado nos defendiese.
Estados Unidos ha negociado con los Talibán su retirada, a los que antes armaron y financiaron, a sabiendas también ahora de lo que el acuerdo supone para la misma población que dijeron querer proteger cuando llegaron hace 20 años y que, han vuelto a demostrar, nunca les importó nada. Y aun así, esta constatación no debería ser óbice para renunciar a la justa aspiración a que cuando una población está en riesgo por un grupo armado, la comunidad internacional pueda organizarse para protegerla a través de mecanismos multilaterales como la Asamblea de las Naciones Unidas.
Tenemos sobradas razones para el escepticismo ante su probada inoperatividad, los abusos cometidos por parte de Cascos Azules contra los más vulnerables – especialmente las niñas– , y la ausencia total de mecanismos democráticos que supone el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero la capitulación no puede ser la salida porque, estando profundamente corrompida, debilitada y tomada por los tecnócratas de las oligarquías mundiales, la ONU es el único organismo en el que hemos conseguido que estén representadas todas las naciones del mundo.
Es urgente recuperar el debate sobre el deber de la injerencia o, como se decidió redefinirlo en la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, la responsabilidad de proteger. Para las personas que ahora mismo temen por sus vidas en Afganistán y a todas aquellas que se saben ya muertas en vida no les importa todas las veces que las intervenciones internacionales han fallado en el pasado y en el presente, en el que los mismos países que promovieron este caos les abandonan mientras empiezan a ser masacrados ante sus ojos. Y no les importa porque ahora son su única posibilidad de sobrevivir a la violencia talibán.
Por eso nosotros no podemos seguir haciendo como que esa posibilidad no existe: podemos valorarla, evaluar sus pros y contras, y descartarla. Porque sabemos que las armas no acabarán con la ideología que muchos afganos comparten y que han salvaguardado durante las dos últimas décadas a la espera del retorno de los talibanes. Igualmente, habrá que retomar el incómodo debate si hay derechos universales y que, por tanto, hay que defender para toda la humanidad, o si aceptamos que el relativismo cultural lo engloba todo y que tendrán que ser las propias afganas las que defiendan su derecho a estar en el espacio público y quien sabe, algún día, conseguir que a las niñas les vuelvan a dejar estudiar.
Podemos, en definitiva, seguir diciendo “Refugees welcome” o enfrentarnos a nuestros fantasmas y pensar hasta dónde y cómo estamos dispuestos a defender el derecho de esas niñas a permanecer en su país, a acudir a las aulas, a existir.
*Aclaración:
Por si hubiese lugar a equívocos, cuando hablo del bando de los aliados, obviamente, estoy incluyendo a la URSS y su contribución determinante a la derrota de Hitler.
Y por si alguien tuviera la más mínima duda, cuando hablo de los brigadistas internacionales estoy hablando de las personas de distintas nacionalidades que lucharon en defensa del orden democrático republicano a título individual. No profundizo en el papel criminal que jugó Estados Unidos apoyando a la dictadura franquista, como en decenas de otros contextos en los que ha promovido golpes de Estado y apoyado regímenes genocidas, porque no era el objeto de este artículo. Siento si alguien ha podido echar en falta que no escribiera sobre este extremo, como no lo hago sobre muchos otros aspectos, como la responsabilidad de Estados Unidos en la situación actual de Afganistán. Pero el objetivo de este artículo era, precisamente, abordar la dificultad del debate sobre cómo podemos proteger a poblaciones civiles en riesgo cuando carecemos de mecanismos democráticos y multilaterales para hacerlo al margen de Estados Unidos, cuya política internacional se define por la defensa de sus intereses económicos y geoestratégicos y el desprecio por las vidas civiles, el derecho internacional humanitario y el bien común.
