El trasvase de altos cargos públicos a la actividad privada es algo habitual. Cuando se dan determinados condicionantes, solemos hablar de las conocidas como puertas giratorias. De evitar esto se encarga, en la teoría, la Oficina de Conflictos de Intereses. El artículo 15 de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que los altos cargos no pueden trabajar para entidades privadas “que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado” durante los dos años posteriores al cese de su actividad pública. Es a esta institución a quien hay que ‘pedir permiso’ para incorporarse a una empresa privada.
Desde el 1 de enero de 2015, la OCI solo ha emitido 10 resoluciones de incompatibilidad. En la inmensa mayoría de las ocasiones suele decir que sí. Entre 2006 y 2019, 295 exaltos cargos han recibido 525 autorizaciones para incorporarse al sector privado. En los últimos años, la OCI ha dado su autorización a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez para que pueda ejercer como presidenta de la Fundación CEOE, la patronal de las grandes empresas. Dos exmilitares, el antiguo jefe de la UME, Miguel Alcañiz Comas, y el que fuera segundo jefe del Estado mayor de la armada, José Luis Urcelay, recibieron en 2020 la aprobación para incorporarse a dos empresas armamentísticas: General Dynamics Santa Bárbara Sistemas y Maxam, respectivamente.
lamarea.com ha tenido acceso a 8 de los ‘permisos’ denegados a través de una petición al Portal de Transparencia. Dos de ellos no han sido facilitados a este medio, según se explica en la resolución, “por haberse interpuesto recurso contencioso administrativo contra las referidas resoluciones, o por no haber transcurrido el plazo para su interposición”.
La resolución denegatoria más reciente, fechada en enero de 2020, ha sido la de la exsecretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa durante los últimos años del gobierno de Mariano Rajoy, Begoña Cristeto Blanco. El objetivo de Cristeto era incorporarse a la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (ANFAC) como vicepresidenta de la misma. En el informe solicitado por la OCI a la subsecretaría del Ministerio de Industria se establece que la exsecretaria general no había mantenido “relación directa” con la ANFAC durante el ejercicio de su cargo. Sin embargo, sí la había mantenido con empresas asociadas a la misma.
Cristeto alegó que la secretaría general no puede enmarcarse en el concepto de “órgano regulador o de supervisión”, que son a los que afectan las incompatibilidades durante dos años. Un dictamen de la Abogacía del Estado, se explica en el documento de la OCI, dejó sin efecto estas alegaciones y acabaron causando la denegación de la petición.
Algunos meses antes, en abril de 2019, el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) Sixte Cambra no pudo incorporarse al patronato de la Fundación CARES. Según se explica en el informe, la Autoridad Portuaria forma parte del patronato de dicha organización desde 2010 y el propio Cambra había ejercido como presidente del patronato de la Fundación CARES. Asimismo, había participado en la formalización de contratos de la APB con la entidad. El expresidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Baleares Alberto Pons Fernández tampoco se pudo incorporar en 2016 a la sociedad Amarres Deportivo SL por haber tenido la compañía “relación directa” con la Autoridad Portuaria en los años en los que Pons Fernández ejercía como presidente.
IBEX 35
También hubo peticiones para acceder al IBEX 35. Jaime González Castaño, exdirector general de Deportes en el Consejo Superior de Deportes (CSD), solicitó en 2018 su incorporación a Iberdrola. Sin embargo, en el documento se establece que la energética fue una de las entidades donantes del acontecimiento Universo Mujer habiendo participado González Castaño en la sesión en la que “se emitió la certificación relacionada con Iberdrola”. Por ello, se denegó su incorporación. De acuerdo con su perfil en Linkedin, desde agosto de 2018 trabaja para el Ministerio de Asuntos Exteriores, ejerciendo como cónsul general en Rosario desde 2019.
Otras dos grandes empresas se han visto afectadas por estas denegaciones. Así, la exdirectora general de Seguros y Fondos de Pensiones con Rajoy preguntó a la OCI por la posibilidad de reincorporarse a Mutua Madrileña Automovilista, una entidad a la que había pertenecido antes de ejercer cargo público. El organismo público dictaminó que a Flavia Rodríguez-Ponga, hermana de Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado de Hacienda con Aznar condenado por el caso de las tarjetas ‘black’ de Bankia, se le aplicaba la incompatibilidad durante los dos años posteriores a su cese.
Una incompatibilidad que también recibió el exdirector del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ‘Esteban Terradas’ (INTA) Ignacio Azqueta Ortiz, quien pretendía ejercer como un cargo en el Departamento de Relaciones Públicas de Airbus Defence and Space. La lista facilitada a lamarea.com la completan Joaquín José Rodríguez Hernández, registrador mercantil en Zaragoza, y Salvador Marín Hernández, expresidente de la Compañía Española de Financiación y Desarrollo (COFIDES), quienes querían incorporarse al Consejo de Administración de Retamar y a la Universidad a Distancia de Madrid, respectivamente.
