La ley trans y LGTBI comenzará ahora su tramitación parlamentaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la conocida como ley trans –Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI–. El texto, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, llega tras meses de desencuentros entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y en el propio movimiento feminista.

Según el documento ahora consensuado, las personas trans podrán cambiar su sexo y nombre en el DNI desde los 16 años –desde los 14, asistidas con progenitores o tutores– sin necesidad de informes médicos u hormonación. El proceso consiste en solicitar el cambio en el Registro Civil y volver a los tres meses para confirmarlo y que se haga efectivo.

Es decir, el anteproyecto, aunque no menciona literalmente el concepto, recoge la libre determinación de género sin testigos ni intervención judicial. El primer borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, situaba la edad en los 12 años. Ahora, a esa edad, se podrá cambiar únicamente el nombre. “Hoy es un día histórico para las personas trans y LGTBI que ven sus derechos convertidos en ley”, ha afirmado la ministra de Igualdad.

El Gobierno explica que se trata de una ley despatologizante en la que las personas trans dejan legalmente de ser consideradas enfermas, tal y como ya ha indicado la Organización Mundial de la Salud en la actualización del
CIE-11. Montero ha subrayado: «Las personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones por como son, sin exigírsele ningún informe psiquiátrico”.

Igualdad y ley trans

Sobre una de las principales polémicas en torno a esta nueva legislación, la igualdad de las mujeres, encabezada por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, el texto menciona expresamente la Ley contra la violencia de género de 2004 y la Ley de Igualdad de 2007. Y dice que la modificación «no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral». El documento incide especialmente en la ley de violencia de género.

El anteproyecto es finalmente una fusión de la ley trans y la ley LGTBI. Y, además de reconocer el derecho de filiación de los hijos e hijas de mujeres lesbianas y bisexuales –ahora deben casarse–, recupera los tratamientos de fertilidad dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para este colectivo, que fueron retirados por la ministra del PP Ana Mato. El Gobierno se compromete a redactar una Orden Ministerial en el plazo de seis meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar.

Entre las principales novedades, también quedan prohibidas todas aquellas terapias de conversión para “modificar la orientación e identidad sexual o la expresión de género de las personas”. El texto prevé sanciones de hasta 150.000 euros.

La norma incorpora, además, medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las personas LGTBI al empleo, especialmente de las mujeres trans, así como de otras medidas de igualdad en el ámbito laboral. También garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realicen conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado. Se prevé igualmente la inclusión en los currículums educativos del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas, y formación en la materia para todo el profesorado.

Actualización 29/6/2021 a las 17.06 h.