CARMEN MORENO Y MAR GONZÁLEZ* // El año 2020 va a pasar a la historia por circunstancias diversas, bastantes de ellas tristemente dramáticas. Sin embargo, también este año merecerá ser recordado en positivo por distintas razones y, de entre ellas, por el hecho de que se haya generado un claro reconocimiento social del valor de la ciencia para la humanidad. Quienes hacemos ciencia nos congratulamos de que sea así, porque habitualmente desarrollamos un trabajo discreto y fuera de focos, pero que entendemos esencial para avanzar en conocimiento y desarrollar herramientas que faciliten la existencia o abran nuevos horizontes. Dicho esto, cuando se habla de ciencia rara vez nuestra sociedad se refiere a las ciencias sociales y del comportamiento, sino que habitualmente en el imaginario figuran científicas y científicos dentro de laboratorios o desarrollando tecnologías sofisticadas. Incluso nuestro propio Ministerio de Ciencia e Innovación, cuando anunció en octubre de 2020 el presupuesto, hizo referencia a muchos institutos y áreas científicas, pero no hizo referencia alguna a las ciencias sociales y del comportamiento.
Nuestra impresión es que solo nos hacemos presentes para la sociedad cuando alguna urgencia desvela su necesidad: un problema social que no sabemos cómo enfrentar (maltrato entre iguales, violencia de género), una nueva realidad en torno a la cual hay que legislar (familias homoparentales, menores trans), una circunstancia nueva que puede estar afectando al bienestar individual o social (infancia y nuevas tecnologías, conciliación entre vida familiar y laboral).
En esos momentos se nos reclaman respuestas que no pueden improvisarse porque también las ciencias sociales y del comportamiento necesitan equipos consolidados y esfuerzos presupuestarios sostenidos. Ciertamente, las ciencias sociales y del comportamiento han mostrado una evolución evidente en los últimos años y quizá este sea un buen momento para hacer balance de los progresos, los retos y las claras amenazas a la investigación que en ellas se realiza. Son cuatro los progresos que queremos destacar, cada uno de ellos con retos y amenazas asociados.
En primer lugar, merece ser subrayada la positiva evolución experimentada por los grupos de investigación en las últimas décadas, lo que les ha permitido situarse en un nivel más que digno en el panorama internacional. Sin duda, el avance ha sido posible gracias al crecimiento que han experimentado nuestras universidades y centros de investigación, todo ello como consecuencia de las inversiones realizadas. Así, buena parte de estos avances se sustentan en las convocatorias del Plan Nacional I+D+i que se han ido sucediendo, así como las que se realizan desde las comunidades autónomas (con claras y tristes diferencias entre unas y otras) o los fondos de las universidades, para la financiación de proyectos, de grupos o de contratos pre y postdoctorales.
Ahora bien, siendo cierto lo anterior, no es óbice para hacer notar que son inversiones raquíticas y a menudo inestables (no se mantienen de un año al siguiente), por lo que el reto obvio en este caso está en la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a I+D+i y en conseguir que las convocatorias sean estables y regulares. Es triste que en algunas comunidades no sepamos si este año habrá o no convocatoria para financiación de proyectos, para cuánto dará, si se financiarán o no los grupos de investigación, cuántos años estaremos sin esa financiación o cuántas becas y en qué condiciones se ofertarán para personal investigador en formación (pero este asunto merecería un tratamiento aparte y no nos vamos a detener en ello). Pese a todo lo anterior, sepa quien nos lee que España está entre los países que saca mayor rentabilidad a los proyectos en función del dinero que se invierte en ellos.
Aplicaciones concretas en ciencias
El segundo avance tiene que ver con la capacidad para trasladar los resultados de la investigación en aplicaciones concretas que sirvan para ese progreso. Y esa mejora de la calidad de vida es a lo que denominamos transferencia del conocimiento a la sociedad, que no es otra cosa que devolver a la sociedad lo que esta ha invertido en la investigación realizada (a menudo, además, con fondos públicos). Forma parte ya del pasado aquellos tiempos en que casi no existían conexiones entre lo que ocurría, por un lado, dentro de las universidades y los centros de investigación y, por otro, en el mundo profesional. Eran mundos separados, entretejidos por recelos mutuos.
El mundo profesional nos acusaba, probablemente con mucha razón, de investigar en asuntos con poca implicación para la sociedad y el desarrollo profesional, y el de la universidad hablaba de falta de rigor y fundamentación en muchas de las actuaciones profesionales.
Afortunadamente, esa dicotomía Universidad-Profesión hoy es menor y hemos comenzado una interesante andadura de transferencia, de colaboración con profesionales, con instituciones, con empresas que nos han permitido hacer un trabajo muy valioso en pro de la salud y el bienestar de la sociedad. Por suerte, hoy existe un marco legal que recoge la transferencia del conocimiento como una de las funciones de la universidad, y la convocatoria de reconocimiento de los sexenios de transferencia, donde se reconoce expresamente la transferencia de las ciencias sociales y del comportamiento, no ha hecho más que subrayarla.
En paralelo, también merece destacarse la conciencia muy generalizada en la sociedad acerca de que debemos dar respuesta a los importantes problemas sociales que constantemente nos muestran los medios. La sociedad nos mira esperando respuesta, pero para hacerlo necesitamos que nuestras líneas de investigación, las específicas de las ciencias sociales y del comportamiento, estén también entre las prioritarias para la financiación, y ese es el gran reto, porque no ocurre.
También debe interpretarse como un avance la consolidación y mejora de los procedimientos administrativos asociados a la promoción de los y las investigadoras. Frente a la discrecionalidad de la que gozaban los tribunales de valoración de antaño, que podían prestarse a que el candidato o candidata que se presentaba a una plaza se viera ante el tribunal que le había tocado “en suerte” en medio del choque de trenes de los dos bandos de su área de conocimiento, las agencias de evaluación han puesto en marcha procedimientos que, además de dar más garantías de objetividad, han ganado en transparencia, en cuanto que las candidaturas, con los manuales de evaluación del currículum vitae por delante, pueden valorar si tienen opciones para la promoción antes de presentarse a una acreditación.
El trabajo de las agencias de evaluación (es el caso de la estatal, ANECA) y el énfasis que se ha puesto en que las investigadoras e investigadores publiquen sus resultados y, en la medida de lo posible, en revistas consideradas de alto impacto dentro de la comunidad científica, ha estimulado que la presencia de firmantes españoles en estas revistas haya ido en clara progresión con los años.
Revistas open-access
Sin embargo, una amenaza muy importante se cierne sobre este logro y tiene que ver con el auge que están tomando ciertas revistas open-access solo de pago, cuyas políticas editoriales están permitiendo la publicación de trabajos de calidad muy dudosa, pero que han pagado disciplinadamente el canon establecido (estamos hablando de dos mil o tres mil euros por la publicación de un artículo). Que la escasa financiación de la que disponemos se invierta en estos fines es, para empezar, preocupante. Los términos “negocio” y “publicaciones científicas” forman un tándem peligroso que a medio y largo plazo hará mucho daño a la difusión del conocimiento, la configuración de los grupos de investigación, la consecución de nuevos proyectos, etc.
El reto está en que las agencias de evaluación y los organismos encargados de elaborar los rankings de las revistas de impacto afronten este problema y den una solución que amortigüe las consecuencias que ya hemos empezado a ver.
Todos los avances descritos anteriormente se pueden dar al traste por culpa de la burocratización de la que es presa la investigación. Así, si ya cuesta conseguir dinero para investigar, nos encontramos con que cuesta casi lo mismo conseguir poder gastarlo en lo que lo necesitamos y cuando lo necesitamos. Quienes trabajamos en investigación sabemos que el tiempo para pensar y trabajar en ciencia se ve sensiblemente mermado por el que debemos dedicar a justificar gastos con procedimientos obsesivos, absurdos, que –sospechamos– tratan de acallar las conciencias de quienes no velaron en su día por controlar partidas infinitamente más jugosas que las que nosotras manejamos.
¿Merecemos este trato como presuntas y presuntos delincuentes? ¿Cuánto cuesta fiscalizarnos de esta manera tan asfixiante? ¿Es rentable dedicar tantos recursos a vigilar en qué gastamos el dinero? No tenemos noticias de que, en países donde el control del gasto es más racional, se haya propiciado que las y los investigadores malversen los fondos que se les asignan. Miremos a esos países y aprendamos de sus prácticas. Ganaríamos en eficacia, productividad, salud mental y, además, ahorraríamos mucho dinero público. Como sociedad no nos podemos permitir escuchar a investigadoras e investigadores de primerísimo nivel verbalizar: “Este es el último proyecto” o “es el último I+D que pido”, precisamente por el quebradero de cabeza que les ha supuesto la gestión del gasto en el último proyecto conseguido.
Las personas responsables de la política científica de este país deben tomar nota de esto porque es muy grave, no nos lo merecemos e, insistimos, como sociedad no nos lo podemos permitir por la inversión y el esfuerzo que ya se ha hecho y porque la investigación es decisiva para el progreso de una sociedad. También la investigación en ciencias sociales y del comportamiento.
Carmen Moreno y Mar González. Dto. Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla
