MIGUEL HERNÁNDEZ / TUS ARTÍCULOS // Mi abuela, Margarita, tiene 101 años. Tras una serie de infecciones y trombosis en los pulmones que le hicieron estar ingresada varios meses en el hospital en 2019, sufre una insuficiencia pulmonar crónica que compensa con gafas de oxígeno de forma permanente. Esos meses pasados, en su mayoría, en la cama o en una silla de hospital sin moverse le provocaron un desgaste extra a su ya castigado físico que le impide andar desde entonces, convirtiéndola totalmente en dependiente de sus cuidadores, mis tíos. A esto se le suma una demencia diagnosticada hace algunos años que ha ido evolucionando agravando la situación de dependencia, no solo en el plano físico, sino en el psíquico. Vive en Vallecas donde, el 27 de diciembre, fue vacunada la primera persona contra la COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Entrados en el cuarto mes de campaña de vacunación y superado el millón de dosis administradas hace días, sigue sin fecha para recibirla.
Cuando a finales del pasado año se empezaron a distribuir vacunas contra la COVID-19, distintos países establecieron distintos planes y protocolos para su administración. De agitar la mezcla de ingredientes epidemiológicos, de salud publica, socioeconómicos y políticos, entre otros, cada uno obtuvo su cóctel de etapas, grupos, prioridades y objetivos. En España se optó por establecer a nivel estatal una primera etapa de vacunación con cuatro grupos prioritarios: residentes y personal en centros de mayores y de atención a grandes dependientes, personal sanitario y sociosanitario de primera línea, otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados.
La segunda etapa incluía a mayores de 80 años, seguidos de otro personal sanitario y sociosanitario, trabajadores con una función social esencial, personas entre 70 y 79 y personas con condiciones de muy alto riesgo, personas entre 66 y 69, entre 56 y 65 y finalmente personas entre 46 y 55 años.
Discutir la idoneidad de esta estrategia de forma seria requeriría de una revisión y discusión que se aleja de las posibilidades de este texto y su autor, por lo que, como en la práctica, la acatamos sin mayor remedio. De acuerdo a esta estrategia, la Comunidad de Madrid publicó su definición de los grupos de vacunación. Según este documento, mi abuela podría pertenecer al grupo 4, personas consideradas como grandes dependientes o al grupo 5A, personas de más de 80 años.
El jueves 25 de febrero comenzó la vacunación para mayores de 80. Mis tíos recibieron una llamada de su centro de salud citando a mi abuela para ser vacunada, en la que explicaron que su estado de salud le impide salir de casa y desplazarse hasta allí. Tras llamar a Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se nos confirmó que no existía protocolo para acudir a vacunar a domicilio, a pesar de que para entonces se debería estar vacunando a grandes dependientes no institucionalizados según su propio plan. Dicho protocolo se anunció el viernes 5 de marzo para comenzar a aplicarse el lunes 8.
El 11 de marzo la Comunidad de Madrid confirmó que ya se había iniciado la vacunación a domicilio: «Esta vacunación se está realizando de forma centralizada, a través de las siete direcciones asistenciales de Atención Primaria, a las que se adscriben los 262 centros de salud de la región. A este trabajo se dedican las 28 Unidades de Vacunación en Domicilio de Atención Primaria creadas para ello, y que están formadas por personal de Enfermería y conductores». No volvimos a recibir aviso ninguno.
El lunes 22 de marzo decidí llamar al teléfono de información sobre vacunación contra la COVID-19 de la Consejería de Sanidad (900 102 112) donde, ante la sorpresa al relatar el caso, me dijeron que llamase a su centro de salud, responsables de la vacunación de mi abuela. Distintas llamadas durante esa semana tanto a Consejería como a su centro de salud han derivado en múltiples excusas, a veces contradictorias, y rebote de responsabilidades entre unos y otros sin solución. La semana siguiente directamente no he podido contactar, haciendo hasta 15 llamadas al teléfono de información sobre vacunación sin respuesta.
Tras llamar al teléfono de atención al ciudadano (012) y ante la sorpresa, de nuevo, al relatar el caso, me proporcionaron otro número con el que no he podido comunicarme en el momento en el que escribo este texto al no estar disponible durante el puente de Semana Santa. Mientras, vemos cómo se sigue abriendo la vacunación a grupos de menor prioridad según los planes del Gobierno y la Comunidad de Madrid a la vez que se abandona a parte de los de mayor riesgo en caso de contraer la enfermedad sin explicar por qué ni hasta cuándo.
En la era de la propaganda y el amarillismo informativo está claro que la violencia institucional no vende. No se rellena un especial de televisión de cuatro horas o una portada de periódico con la espera en un contestador automático para que te cuelguen por novena vez; o las tres, cuatro y cinco llamadas cada vez que necesitas contactar con el centro de salud de la misma manera que con tres contenedores quemados o dos escaparates rotos.
La imposibilidad de contactar con alguien de responsabilidad que te sepa informar o solucionar un problema en un mar de teléfonos de información y contacto externalizados, la falta de personal sanitario y administrativo en los centros de salud o la dejadez de funciones en la planificación y puesta en marcha de protocolos hace mucho más daño a la tan manida normalidad democrática que la mayoría de hechos que llevan a actores con peso mediático de todo tipo a cuestionarla y discutirla.
De la misma manera, debe dar más votos la foto en un estadio vacunando colectivos con cierto poder de movilización y menor riesgo que yendo a domicilios uno a uno a vacunar a gente cuya principal preocupación es aguantar una semana más como la anterior. No todo el mundo tiene el tiempo, la paciencia, las fuerzas ni la ayuda para estar insistiendo e insistiendo para que las cosas funcionen como se planificaron y anunciaron que funcionarían. Ya ni hablamos de cambiar lo que consideremos injusto, simplemente reclamar lo que se ha prometido.
