“A mí me han parado, me han cacheado en el campus. Me han puesto contra la pared porque alguien había avisado de que teníamos un arma –lo cual no era cierto–. Un policía joven me apuntó con la pistola cuando iba caminando con un estudiante negro”. El que habla es Toorjo Ghose, profesor de Trabajo Social en la Universidad de Pensilvania, en Philadelphia, y uno de los líderes del movimiento para liberar los campus de presencia policial que ha ido fraguándose en universidades de todo el país desde que el 25 de mayo de 2020 un agente asesinara a George Floyd frente a los ojos del mundo. Si esta muerte fue capaz de levantar la mayor oleada de protestas desde las luchas por los derechos civiles, también alteró el funcionamiento de unas universidades completamente militarizadas donde los alumnos dijeron basta a la constante vigilancia y acoso que sufren a manos de una policía contratada con el dinero de sus matrículas. Este último dato lo confirma Ghose cuando le pregunto de dónde se obtiene el presupuesto.
Fue él precisamente quien puso en marcha el aluvión de reivindicaciones cuando el 31 de mayo decidió hacer pública una petición que ya han firmado más de 15.000 personas, documento que dio lugar a la creación de la organización #PolicefreePenn. En él demandan una universidad libre de policías armados y la formación de un comité de profesores y alumnos de color que investigue cada detención de sujetos no blancos, entre otras cosas. A partir de entonces, otros grupos estudiantiles han seguido el ejemplo: desde la Universidad de Chicago, donde pidieron directamente la abolición de la policía del centro, hasta la Universidad de Iowa, en la que más de 14.000 personas exigieron que esta rompiera sus vínculos con la policía municipal después de que varios manifestantes fueran rociados con gas lacrimógeno. En general, docenas de centros universitarios se han sumado a un clamor generalizado contra la vigilancia policial, que consideran racista y parte de un estado cimentado en el supremacismo blanco.
Para Ghose, este clamor colectivo era una necesidad social: “Creo que estamos en mitad de una crisis existencial. No podemos continuar siendo parte de un estado militarizado y decir que somos parte de una institución educativa. No hay educación, se trata de perpetuar el estado militar que opera contra las comunidades negras, marrones, inmigrantes”. Me mira. Sabe que él como natural de la India y yo como española formamos parte del target, que nadie que no sea estrictamente blanco está a salvo y, aunque a veces se exaspera y parece perder la esperanza, confía en que el movimiento pueda seguir progresando y se escuche a sus miembros.
Estado policial
Según un informe del Departamento de Justicia, el 75% de las universidades de Estados Unidos que emiten títulos equivalentes al grado y tienen más de 2.500 estudiantes emplean policías armados. La cifra asciende al 94% si se trata exclusivamente de universidades públicas. Aunque los datos son del curso 2011-12 –los más recientes que se han publicado–, el estudio revela que la tendencia ha ido históricamente al alza. Por otra parte, la mayoría de estos agentes posee la potestad de arrestar (86%) y patrullar zonas (81%) que superan las lindes del campus, lo cual hace que su jurisdicción se amplíe a barrios enteros.
En una entrevista para The Atlantic, Bill Taylor, el jefe de la policía en San Jacinto College, una universidad de Texas, identificó la Ley Clery de 1990 como el principal impulsor de la tendencia a contratar equipos de policía privada en las universidades, puesto que el mandato federal las obliga a compilar y reportar datos sobre los crímenes que se produzcan alrededor de los campus. Así, hay ahora mismo más de 4.000 departamentos de policía universitaria en todo el país, que emplean a 32.000 agentes. Sin embargo, la historia de militarización de estos centros educativos corre paralela a la de la propia militarización de Estados Unidos, y se remonta, precisamente, a esas luchas por los Derechos Civiles que tanto desmontaron el aparato legalista de discriminación racial como sirvieron para desatar la reacción conservadora que acabaría criminalizando aún más a la población no blanca.
Ghose aclara: «Esto viene de la Era Reagan y la Guerra a la drogas«, cuando las geografías urbanas se reconceptualizaron como peligrosas por la presencia en ellas de «gente negra y marrón». En los años 80 y 90, las universidades comenzaron una campaña de ley y orden coherente con la erigida a nivel nacional que, a juicio de Ghose, estaba destinada a atraer a estudiantes ricos, en su mayoría blancos. Antes de eso, los centros contaban con guardias privados pero no necesariamente con un equipo armado a su servicio. Coincide con este relato John Sloan III, profesor emérito de la Universidad de Alabama-Birmingham especializado en justicia criminal. El movimiento estudiantil de los años 60 y 70, movilizado contra la discriminación racial pero también contra de la Guerra de Vietnam, fue reprimido tan violentamente por la policía que esto hizo a las universidades plantearse la necesidad de un cuerpo de seguridad propio. La década siguiente dio paso a la contratación cada vez más frecuente de un equipo de agentes pagados por los centros, así como a su profesionalización, concepto con el que denomina su progresiva militarización.
Sloan destaca el uso de uniformes y armamento militares, su entrenamiento cuasi belicista, y un currículum donde el 44% de las horas están destinadas al aprendizaje del manejo de armas y operaciones tácticas. Dadas estas circunstancias, no es de extrañar que el 27% de las fuerzas de seguridad universitarias cuenten con agentes SWAT, brigadas especializadas en operaciones antiterroristas. Lo que Sloan no menciona es que, desde el primer mandato de Reagan, se procedió a una militarización progresiva de todas las fuerzas policiales del país. Entre las medidas que se aprobaron destaca el programa 1033, que permite al ejército vender su excedente armamentístico a fuerzas de seguridad domésticas, desde rifles de asalto a lanzagranadas. Si bien el programa se creó con el objetivo de reforzar las operaciones antidroga, fue ampliado en 1997 –durante la presidencia de Clinton–, dando lugar a que cualquier fuerza policial, incluida la universitaria, tuviese acceso a armas de guerra. La situación se ha mantenido hasta ahora.
«Lógica neoliberal»
Las demandas universitarias se deben situar en el contexto más amplio de la lucha contra la brutalidad policial que atenaza especialmente a las comunidades negras. Según el Center for American Progress, la población negra es tres veces más propensa a ser asesinada por la policía que la blanca. Y los agentes suelen salir impunes: desde 2016, solo seis de las más de 4.000 muertes perpetradas por la policía han derivado en alguna sanción. Por otra parte, los colectivos estudiantiles no solo denuncian la acción de la policía de los campus, sino el colaboracionismo con otros cuerpos paramilitares, la amenaza o la vigilancia excesiva.
Más allá, las universidades a veces actúan como motores para la gentrificación de zonas en las que viven minorías raciales. A juicio de Ghose, este es el caso de la Universidad de Pensilvania, situada en un barrio del que más de 12.000 personas negras fueron desplazadas en los primeros trece años de este siglo. “Es la lógica neoliberal: las universidades son los mayores agentes inmobiliarios”, afirma el profesor. Ghose explica cómo muchas compran terrenos aledaños para después atraer a empresas, generando activos que resultan increíblemente rentables: “Porque la universidad no paga impuestos”. Como consecuencia, “el vecindario se empobrece, ya que los colegios se financian con esos impuestos”. El tratamiento fiscal de las universidades las exime de pagar el equivalente al IBI, del que dependen directamente los presupuestos escolares. Con una educación primaria y secundaria deficiente, las familias son obligadas a marcharse. “La policía se convierte entonces en una forma de proteger los terrenos que la universidad se ha apropiado”, asevera.
Teniendo en cuenta lo intrincado de una red que amalgama tantos intereses, públicos y privados, y el hecho de que el presidente, Joe Biden, no ha prometido en ningún momento cumplir las reivindicaciones de quienes han exigido por todo el país que se reduzcan los presupuestos policiales al grito de #DefundThePolice, es poco probable que se implemente alguna medida de peso. La militarización de los campus universitarios, de las fuerzas de seguridad en general, están destinadas a perpetuarse en el tiempo, a pesar de las miles de voces en contra que, como la de Ghose, siguen denunciando una situación insostenible.
