Celebramos los logros del feminismo argentino, miramos con preocupación a Polonia –donde esta semana ha entrado en vigor la prohibición casi total del aborto– y también a Honduras, cuyo gobierno ha blindado, reforma constitucional mediante, su legalización en los últimos días. Los derechos sexuales y reproductivos se pelean en numerosos lugares y continúan siendo uno de los principales escollos en las políticas de igualdad de numerosos países.
Incluso en aquellos donde los abortos se practican de manera legal, gratuita y segura a nivel sanitario, también persisten barreras en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es el caso de España, donde más allá de darse estas condiciones, las expertas todavía señalan obstáculos: la falta de información dirigida a las mujeres, la escasa formación del personal sanitario y las ideas fundamentalistas que alimentan no solo las asociaciones abiertamente antiabortistas, sino también profesionales médicos.
En los últimos días, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha propuesto modificar el Real Decreto 831/2010 de Garantía de la Calidad Asistencial de la Prestación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El medio Redacción Médica informaba de ello el pasado 20 de enero: según el texto de Sanidad, el objetivo de este cambio es implementar –a través de equipamiento, instalaciones y personal– el aborto farmacológico entre las primeras nueve semanas de gestación en centros sanitarios extra hospitalarios, para evitar que «la mayoría de las mujeres se vean abocadas a tener que asistir a establecimientos privados hospitalarios para su intervención», según se puede leer en el texto.
Asociaciones como ACAI –que agrupa a las clínicas concertadas acreditadas para practicar abortos en España, a las que se deriva el 91% de los casos– han criticado la decisión, que todavía se encuentra en fase de consulta. El cambio, de hecho, «no es baladí». Lo explica así Francisca García, presidenta de ACAI: «El argumentario que inspira la reforma da premisas que no son ciertas: en primer lugar, Sanidad dice que quiere acabar con la saturación de los quirófanos en los centros públicos. Sin embargo, durante 35 años quienes hemos practicado los abortos hemos sido los centros concertados».
Desde ACAI consideran que se trata de «un fracaso y un paso atrás en los derechos sexuales y reproductivos» –en palabras de García– ya que, según apuntan, el sistema sanitario público debe garantizar los dos métodos que coexisten ahora en las clínicas concertadas acreditadas: el instrumental y el farmacológico. «El aborto de calidad es ofrecer todas las técnicas para que no haya desigualdades», señala García.
Aborto farmacológico y aborto instrumental
El aborto farmacológico que Sanidad quiere implementar en centros extra hospitalarios «implica menos responsabilidad y menos material, ya que no hace falta tener un quirófano abierto», argumenta Eva Rodríguez, vicepresidenta de ACAI, que atiende a pacientes que van a abortar en una clínica de Andalucía. Por lo que «sale más barato».
Desde su experiencia, dice, la mayoría de las mujeres que se enfrentan a un aborto prefieren el método instrumental –una práctica con sedación que dura unos cinco minutos y permite a la paciente volver a su casa con muy poco o nada de dolor–. Un estudio realizado por la propia ACAI lo corrobora: un 78% eligen la técnica de aspiración con bomba de vacío, mientras que el 22% elige el aborto farmacológico. Unos datos que refuerzan aquello que señalan las especialistas: la importancia de que ambos métodos se ofrezcan en las mismas condiciones de calidad.
Esto es importante, según explica Rodríguez, porque muchas mujeres, por sus circunstancias personales, no pueden llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo por la vía farmacológica. En este tipo de proceso, el aborto se produce en casa, por lo que las profesionales recomiendan tener a alguien de compañía por si existen complicaciones.
«Aunque hay mujeres que eligen el método farmacológico, no todas tienen unas condiciones de vivienda buenas para ello; hay mujeres que viven con otras personas a las que no quieren contarles que están abortando o las hay que tienen que cuidar de familiares. También otras que viven solas y que no quieren contar a nadie lo que ocurre», detalla la vicepresidenta de ACAI.
También menciona el impacto emocional: «Muchas mujeres valoran no ser conscientes del aborto y por eso prefieren el instrumental, porque piensan: ‘cuando me despierte, todo habrá terminado'».
En cualquier caso, la máxima debe ser dejar a las mujeres elegir. Sin embargo, según cuenta Rodríguez, desde las clínicas ya observan algunas limitaciones a la hora de practicar abortos instrumentales. «Ya está ocurriendo que hay falta de material porque a quienes lo fabrican ya no le interesa tanto», por ejemplo. En definitiva, lamenta, «se está perdiendo una técnica que durante años se ha considerado segura, cómoda, fácil, rápida y sin tanto impacto emocional para las mujeres». «Si dejamos de formar a gente que sepa hacerlo, al final no habrá profesionales que lo practiquen. Imponer a una mujer a tener un aborto con medicamentos yo considero que es violencia obstétrica«, concluye.
En este sentido, el relevo generacional será clave: lo apunta Rodríguez y también Sílvia Aldavert, coordinadora de L’Associació de Drets Sexuals y Reproductius. «La formación es muy importante: los únicos profesionales están en las clínicas privadas y no hay relevo generacional», dice esta última, quien denuncia que esta formación no se hace en las carreras universitarias. Por lo que hay riesgo de que, conforme se jubilen, «nos quedemos sin profesionales que hagan las técnicas instrumentales de manera adecuada».
«Lo más importante es que, elijan lo que elijan, tengan información veraz y oportuna»
De la misma forma que el método instrumental es el preferido de muchas mujeres, también hay casos en los que el farmacológico puede facilitar el proceso a otras tantas. Para Estefanny Molina, abogada senior de la organización Women’s Link Worldwide, «la experiencia en otros países ha demostrado que facilitar el aborto farmacológico aumenta el acceso al mismo en las primeras semanas de gestación y reduce los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, que viven lejos de las clínicas y no pueden viajar porque no pueden dar explicaciones, faltar al trabajo o dejar las tareas de cuidados».
Sobre la última propuesta de Sanidad, Molina matiza que «promover el aborto farmacológico no quiere decir que se le vaya a dar prioridad sobre el aborto instrumental». «Facilitar el aborto farmacológico es un primer paso, pero nos queda mucho camino por recorrer, –añade– es importante que las mujeres sigan teniendo la opción de decidir qué método prefieren y lo más importante es que, elijan lo que elijan, tengan información veraz y oportuna, acceso rápido y un trato digno sin estigma ni prejuicios».
A pesar de percibirlo como un avance, Molina es clara: «No sirve que se promueva el aborto farmacológico si sigue existiendo objeción de conciencia institucional o si las mujeres migrantes en situación irregular no tienen acceso a la sanidad pública. ¿Cómo se va a asegurar un trato adecuado y el acceso para toda las mujeres? Esa es la verdadera cuestión que debe abordar el sistema público de salud».
Si las prioridades, como apuntan estas expertas, son otras, es necesario abordar la falta de campañas institucionales y de sensibilización sobre el derecho al aborto dirigidas y adaptadas a la población. Un problema que señala Sílvia Aldavert, cuya organización ha publicado recientemente un informe en el que apuntan a barreras que se dan incluso en los pasos previos a elegir un método de interrupción –¿cuántas mujeres saben lo que tienen que hacer, a dónde acudir o llamar para abortar?–.
«¿Cómo vamos a elegir el método si no tenemos información?», se pregunta Aldavert. «Se supone que una mujer puede elegir entre los dos métodos pero la mayoría ni siquiera saben que existen dos métodos», apostilla.
Por eso, insiste en que «el debate está en la capacidad de elección de las mujeres». Sobre esto, es significativo algo que señala Francisca García, de ACAI, y que constituye otra forma de limitar las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos: «Hay profesionales en la sanidad pública que se niegan a practicar abortos por objección de conciencia, lo que, además, estigmatiza a quienes nos dedicamos a realizarlos«.
«Los fundamentalismos suponen una barrera: hay acoso a clínicas, a profesionales y a mujeres que van a abortar y todavía se condena a defensoras de los derechos sexuales», dice Aldavert. Más allá de las particularidades de cada método, el foco debe dirigirse hacia «las mujeres que se quedan fuera porque son menores y no pueden conseguir la autorización de tutores legales, porque no tienen tarjeta sanitaria», continúa. También ellas, todas, «nos merecemos una información real y veraz».
