España está entre los 44 Estados que se abstuvieron en la votación de la Asamblea General de la ONU del pasado 31 de diciembre, en la que se aprobó una resolución para intensificar los esfuerzos en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. La Tercera Comisión de la Asamblea General aprobó este texto con 124 votos a favor y 12 en contra.
“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. Esta pertinente frase fue pronunciada por Desmond Tutu, clérigo pacifista sudafricano que adquirió fama internacional en la década de 1980 por su lucha contra el Apartheid en Sudáfrica. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984.
Siguiendo sus postulados, se puede decir que el Estado español habría elegido, una vez más, el lado opresor con su abstención. Sin embargo, este posicionamiento no es solo una impostura ni una actitud pasiva, es la postura política que se ha elegido para no participar de forma activa en la lucha contra el racismo, lo que se traduce en la legitimación y fomento de su impunidad, reforzando todavía más su carácter estructural, ya que el racismo es, ante todo, institucional.
Es decir, si nos apartamos de la lectura tradicional del racismo como una actitud interpersonal, vinculada a una idea moralista que lo reduce al prejuicio y el estereotipo que se alberga de manera individual, nos queda un poder que se institucionaliza y estructura en base a la idea de raza.
¿Qué supone abstenerse de intensificar esfuerzos contra el racismo?
Hacer acto de presencia, pero abstenerse, evidencia la doble vara de medir de un país que pone el grito en el cielo ante los casos de racismo mediatizados en los EE. UU. pero silencia, o, en el mejor de los casos, evita pronunciarse sobre los que suceden en su territorio, al tiempo que bloquea resoluciones internacionales contra el mismo. Otra oportunidad perdida.
Cabe recalcar que Países Bajos, que también se abstuvo, se encuentra hoy sumido en una crisis política después de la dimisión en bloque del gobierno tras haber investigado supuestas estafas de miles de familias que buscaban beneficiarse de una prestación social para el cuidado de sus hijos. Investigaciones centradas interesadamente en familias de origen turco y marroquí a las que esta criminalización racial institucionalizada obligó a devolver a Hacienda grandes sumas de dinero, contrayendo deudas, llegando a perder su trabajo e incluso su casa. La investigación iniciada en 2014 por la abogada Eva González Pérez muestra, además, cómo los funcionarios públicos anotaban en los expedientes la nacionalidad de los demandantes, vulnerando leyes de protección de datos y evidenciando la intencionalidad lesiva de esta práctica.
Por otro lado, Alemania y Francia votaron, junto a otros diez países, en contra de este acuerdo, titulado ‘Llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban’.
Es fundamental reconocer la existencia del racismo y posicionarse en contra como paso previo e indispensable para combatirlo. La abstención manifiesta una falta de voluntad política a la hora de abordar el racismo que afecta a las poblaciones no blancas en toda Europa. Aunque esta resolución no tiene un carácter vinculante, tanto abstenerse como votar en contra refuerza aún más las estructuras que sostienen y legitiman el racismo.
En un contexto de crisis sanitaria y económica como el actual, la población racializada ha sido, de nuevo, el foco mediático y político de criminalización, lo que ha agudizado de forma extrema la discriminación racial y las desigualdades ya existentes.
«En España no hay racismo»
El pasado mes de junio, fue remitido a la ONU un informe que documentaba más de 70 incidentes y prácticas institucionales racistas en España, detectadas únicamente durante el primer estado de alarma decretado como consecuencia de la pandemia, entre marzo y mayo de 2020. El informe ‘Crisis sanitaria COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma’ fue elaborado por el Equipo del Decenio Afrodescendiente y Rights International Spain en el marco de una iniciativa global de recogida de datos para visibilizar el impacto de las medidas implementadas durante el confinamiento sobre población no blanca, así como la situación del racismo en España.
La investigación recoge la cotidianidad del uso policial del perfil racial, la brutalidad y la desproporcionalidad con la que actúan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se trata de personas racialmente diversas, la desprotección de las mujeres migrantes que copan de forma mayoritaria los trabajos del hogar y cuidados, la criminalización y el odio contra la población gitana desde las administraciones, las redes sociales y los medios de comunicación, el abandono de las personas temporeras migrantes que viven hacinados en chabolas; así como el de mujeres víctimas de explotación sexual y laboral.
Consecuencia de este documento remitido a la ONU, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes, publicó ‘Covid-19, racismo sistémico y protestas mundiales‘, una investigación en la que expresaba su preocupación por el racismo sistémico en la crisis actual y avisaba de la urgencia con la que los gobiernos debían actuar. Además, el informe hacía especial hincapié en la violencia policial y su impunidad durante la pandemia; la falta de datos desglosados por raza y etnia y las condiciones “inhumanas” de retención de personas migrantes y solicitantes de asilo, entre otros, e insistía en que “pasar por alto la raza ha llevado a cometer errores críticos” en la respuesta al COVID-19. Naciones Unidas señaló a España, como el segundo país que más veces había vulnerado los derechos de la población afrodescendiente, solo por detrás de los Estados Unidos.
Precisamente, el texto aprobado por la Asamblea General de la ONU y en el que España se abstuvo el pasado 31 de diciembre condenaba, entre otras, la violencia policial y las prácticas de carácter racista por parte de las fuerzas del orden contra personas africanas y afrodescendientes. También subrayaba la necesidad de apoyo institucional al Decenio Internacional para los Afrodescendientes y de desarrollar acciones de conmemoración del 20º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, por parte de los países.
Abstención en otra resolución contra la glorificación del nazismo
En 2019, los países miembros de Naciones Unidas ya votaron sobre una resolución contra el racismo. Entonces, los resultados fueron sensiblemente mejores. Hubo 185 participantes –en lugar de los 178 de 2020–, 44 abstenciones y 10 votos en contra. Votaron a favor 131 gobiernos.
Este tipo de resoluciones de la ONU expresan formalmente la voluntad de la Asamblea General, integrada por los 193 Estados Miembros. A este respecto, durante el mismo periodo de sesiones, se votó el 23 de diciembre de 2020 sobre una resolución contra la glorificación del nazismo y el neonazismo, en la que España también se abstuvo. Evidenciando nuevamente hipocresía política debido a que, en la actualidad, España participa en el recuerdo del Holocausto que se celebra durante el mes de enero con un acto de Estado, un concierto online y el testimonio de varios supervivientes judíos. Una conmemoración que como ya sucedió en Núremberg, no hace ni una sola mención al exterminio de la población gitana europea, el Samudaripen.
La irrupción de la extrema derecha ha traído consigo un cambio en las reglas de juego de la política. Sus ideas le permiten deformar la realidad para adecuarla a sus intereses e instaurar sus discursos racistas en la agenda pública. Como señala el periodista Miquel Ramos, haber permitido la institucionalización del odio por parte de la extrema derecha es lo que nos ha llevado a que la voluntad de luchar contra el racismo y el fascismo haya disminuido este 2020 o a que países como España, gobernados por una coalición de izquierdas, se abstengan en la lucha contra el racismo y el nazismo al tiempo que condenan el asesinato racista de George Floyd y señalan la necesidad de acabar con las políticas que lo permiten y participan con homenajes nacionales en el recuerdo a las víctimas del Holocausto. No se puede estar a favor del oprimido y del opresor. No se puede defender los derechos humanos mientras se defienden las estructuras que sistemáticamente los socavan.
