Teruel arrancaba el fin de semana con una temperatura mínima que rondaba los 2ºC. Una ciudad confinada dentro de una región –Aragón– también confinada debido a los graves datos relativos a la pandemia. Y ante la llegada del invierno, desde la vicepresidencia segunda del Gobierno, encabezada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sostienen que «no se le puede pedir a la gente que se quede en casa y se lave las manos varias veces al día mientras se le puede echar de su vivienda o se le puede cortar el agua». Con esta premisa, el equipo de Iglesias asegura que está presionando al PSOE para prohibir los desahucios y los cortes de suministros como electricidad, gas o agua mientras dure el estado de alarma.
El vicepresidente espera aprobar la norma, a más tardar, en el Consejo de Ministros del 13 de noviembre, aunque cree que será difícil. Desde la vicepresidencia consideran que se trata de una “prioridad” y “un tema fundamental”, aunque evitan hablar de líneas rojas, conscientes de su minoría dentro del Ejecutivo: “Romper el Gobierno en mitad de una pandemia sería la mayor locura y lo que peor le vendría al país”, defienden.
En la actualidad, los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero para aquellas personas que se hayan visto en una situación de vulnerabilidad por culpa de la COVID-19. El problema, aseguran desde Unidas Podemos, es que se están ejecutando muchos desahucios de familias que ya estaban en situación similar antes de esta crisis: “Hemos visto decenas de ellos en las últimas semanas y algunos muy graves con niños y niñas”, explican. Una situación que también han denunciado desde las organizaciones por el derecho a la vivienda.
Ante ello, apuestan por prohibir los desahucios por impago de hipoteca mientras dure el estado de alarma para aquellas personas o familias que no tengan alternativa habitacional, al igual que aquellos por impago del alquiler o por fin del contrato, excepto cuando el dueño del piso sea una persona que también se encuentre en una situación vulnerable.
El papel de Calviño
Las competencias para la paralización de los desahucios corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que también será el encargado de aprobar la regulación del alquiler, una propuesta que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros en los próximos tres meses. A preguntas de lamarea.com, desde el MITMA aseguran que la suspensión del primer estado de alarma ha reactivado procedimientos abiertos antes de la irrupción de la COVID “por causas tales como ocupación ilegal, el impago de rentas o la fiscalización de contratos, y ajenas por tanto a las situaciones de vulnerabilidad merecedoras de especial protección”. No obstante, defienden que existe una “coordinación” entre los juzgados y los ayuntamientos y Comunidades Autónomas para dar una solución habitacional a las personas que se vean afectadas.
«Este Gobierno mantiene que la protección del derecho a la vivienda es perfectamente compatible con la seguridad jurídica”, explican desde el ministerio en referencia a la propuesta de UP. Resaltan, además, las medidas puestas en marcha dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que permite a las CCAA conceder ayudas y soluciones habitacionales “a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables”.
A pesar de las reticencias del ministerio capitaneado por Jose Luis Ábalos, Unidas Podemos considera que el gran escollo para aprobar estas medidas es el tándem compuesto por las ministras de Hacienda y Economía María Jesús Montero y Nadia Calviño, principalmente esta última: “Calviño es quien defiende los intereses del Santander, de Blackstone…”, critican desde el equipo de Iglesias, que aseguran que la relación con la ministra de Economía es difícil en ocasiones: “Aunque no estamos siempre a la gresca como quieren hacer ver algunos medios”.
Enrique Palazuelos, catedrático de Economía Aplicada de la UCM y autor de El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal), defiende que sería “coherente” prorrogar las medidas del “escudo social” durante el tiempo que dure el nuevo estado de alarma, asumiendo que, además, “su coste sería bastante pequeño” si se compara con las cifras que alcanzan otras medidas sociales. Sin embargo, muestra cautela con la propuesta de UP para evitar los cortes de suministros puesto que, “lo que en primera instancia parece que es una carga para las compañías comercializadoras, de hecho, significa un coste que se traslada al precio final que pagan los consumidores. Por tanto, se trata de una medida social que no financian ni las empresas ni el Estado, sino que corre a cargo de quienes consumen esos servicios”, sostiene.
Beneficios millonarios
Hace unos días, Endesa anunciaba un beneficio neto que supera los 1.500 millones de euros entre enero y septiembre de 2020. Por su parte, Iberdrola llevará a cabo inversiones valoradas en 75.000 millones de euros hasta 2025 para duplicar su potencia de generación eléctrica mediante energías renovables y destinará 19.000 millones en dividendos para sus accionistas. Desde Unidas Podemos creen que estas cifras son “un añadido” de cara a parar los cortes de suministros ya que demuestran que las grandes compañías energéticas siguen obteniendo grandes beneficios a pesar de la pandemia. “Pero aunque no fuesen tan altos, a estas empresas también se les debe exigir un mínimo patriotismo: la gente está en una situación agónica y no podemos permitirnos que se queden sin luz o sin calefacción”, sostienen.
A preguntas de lamarea.com, desde Endesa prefieren no valorar la propuesta de Unidas Podemos: “Nos corresponde trabajar por los clientes en función de las decisiones que tome en firme la Administración”, matizan. La eléctrica asegura que desde el inicio de la pandemia en España tomaron la decisión de no realizar ningún corte “no solo a los clientes más vulnerables, sino a la totalidad de clientes domésticos y pequeños negocios”, una decisión que han mantenido también durante el verano. En la actualidad, la compañía aclara que “los clientes más vulnerables tienen un tratamiento especial” y para el resto de clientes disponen de planes específicos “para poder realizar un aplazamiento de los pagos de manera acordada con cada cliente y situación”.
Iberdrola, por su parte, sostiene que su plan inversor busca «contribuir a la reactivación económica» y prevé 20.000 nuevas contrataciones hasta 2025, aunque no ha respondido a las preguntas relativas a la propuesta de la formación de Pablo Iglesias.
