Este análisis ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.
«Fumata blanca». Lo anunciaba horas antes del Pleno en el Parlament de Catalunya Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres. El anuncio se ratificaba en la sesión parlamentaria que comenzaba –como es costumbre–, con unos minutos de retraso. Finalmente, después de meses de negociaciones y con la incertidumbre sobre qué haría finalmente JxCAT, la ley para regular los alquileres ha salido adelante con un total de 78 votos favorables de ERC, el Comuns, la CUP y JxCAT, después de que los posconvergents retiraran seis de las ocho enmiendas presentadas y pactaran las dos restantes con los otros grupos. En contra, los 57 votos de C’s, PSC, y PP.
Se trata de una ley altamente demandada por la ciudadanía de Catalunya, que ha visto en la última década cómo los precios de los alquileres subían exponencialmente, mientras que los sueldos permanecían congelados. Mientras los políticos debatían dentro del Parlament, a las puertas del mismo se reunían, expectantes, centenares de personas para presenciar la aprobación de una ley largamente esperada. El nuevo texto, que tendrá efectos inmediatos tras su pertinente publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), se aplicará a los sesenta municipios catalanes que acogen a más de veintidós mil habitantes, teniendo esto efecto sobre más del 70% de la población catalana.
¿En qué consiste la ley?
El objetivo principal de la ley es la regulación de los precios de las viviendas en alquiler. Por ello prevé un conjunto de medidas. Son las siguientes:
- Los precios de los alquileres no podrán ser incrementados respecto al anterior contrato. Además, si el precio de la vivienda en cuestión estaba por encima de la media de los alquileres de la zona, en el nuevo contrato deberá ajustarse al índice de precios fijado por la Generalitat.
- Las viviendas que entren en el mercado por primera vez también deberán tener un precio fijado de acuerdo al índice de precios que determine la administración de cada zona.
- Quedarán exentos de la normativa los contratos anteriores al año 1995, así como toda obra nueva, a efectos de incentivar la vivienda protegida.
Las dos siguientes medidas son fruto de las enmiendas presentadas por Junts per Catalunya:
- En caso de que el propietario de la vivienda arrendada efectúe obras y reparaciones en el inmueble, el precio del mismo podrá incrementarse hasta un máximo del 20% respecto al anterior contrato.
- Quedan excluidos de la normativa los propietarios que tengan una renta inferior al equivalente a 2,5 veces menor al Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC): poco menos de 2000 euros al mes.
El PSC se queda fuera
El gran ausente de la ley ha sido el Partido Socialista de Catalunya. El silencio de la formación alrededor de todo el proceso de deliberación ha hecho evidente que el bloque llamado «unionista» tiene en común algo más que el eje nacional. Una estrategia que puede contribuir a que los socialistas ocupen parte del espacio de Ciudadanos, pero que olvida a gran parte de su base social, más identificada con los valores progresistas de la igualdad y la justicia social que con el bloqueo para garantizar la unidad de España.
La importancia de los movimientos sociales
La aprobación de la ley es indisociable del trabajo del Sindicat de Llogateres, que ha sido el artífice principal y quien ha hecho posible la tramitación. Una lección de realismo político para aquellos que piensan que los movimientos sociales no tienen incidencia en los procesos legislativos, y toda una demostración de que sin la organización de los vecinos y vecinas en torno a la defensa de un derecho tan fundamental como es el de la vivienda, esta ley no hubiera salido adelante.
El Sindicat de Llogateres no sólo ha contribuido en la redacción del texto, sino que ha ejercido de lobby de presión hacia Junts per Catalunya, que, después de llegar a un acuerdo inicial con el resto de partidos, intentó torpedear su aprobación mediante la introducción de un conjunto de enmiendas que desvirtuaban el propósito inicial de la ley. Acostumbrados a que las tareas de presión se ejerzan desde grandes despachos, la aprobación de esta ley muestra que hay otras maneras posibles de incidir en la política institucional.
El TC, el último reto
Si bien la ley entrará en vigor en toda Catalunya de manera oficial cuando se publique en el DOGC, el Tribunal Constitucional se vislumbra como el último reto para que la ley prospere. A instancias del Partido Popular y de Ciudadanos, el primer borrador de la ley fue llevado ante el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo del Parlament que elabora informes sobre la posible inconstitucionalidad de los textos presentados. Según los letrados del Parlamento, la ley podría invadir competencias del Estado y podría ser declarada, por lo tanto, inconstitucional.
Para que esto sucediera, debería ser una fuerza política la que presentara un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo que no es nada descartable que suceda, teniendo presente el historial reciente de recursos presentados por el PP (entre ellas, el Decreto-ley contra la pobreza energética o la Ley de consultas populares). Muy posiblemente, pues, todo quede en manos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, que deberán decidir sobre las condiciones de existencia de una gran parte de la población catalana.
