Comunicado del Centre Delàs d’Estudis per la Pau con motivo del
estado de alarma decretado en España y la crisis del COVID-19
Ante la actual situación de emergencia causada por la pandemia del coronavirus damos todo nuestro apoyo a todas/os las/os profesionales que están luchando contra el COVID-19 y todas aquellas personas que hacen posible la continuidad de nuestras vidas. Así mismo manifestamos nuestra total oposición a cualquier respuesta securitaria y militarista a la actual situación.
La crisis del coronavirus es sin lugar a dudas una crisis de seguridad humana. Son las/os profesionales de la sanidad, así como quienes trabajan en servicios sociales básicos y en investigación, quienes pueden atajar esta emergencia y proveernos de protección y seguridad. Situaciones como esta sólo se pueden afrontar con sistemas públicos de atención y de cuidado de las personas, con una gestión basada en constataciones científicas objetivas y con estructuras que sean a la vez de coordinación global y de actuación local. No es esta la situación en el Estado español.
La crisis de 2008 dio alas a más políticas neoliberales de fuertes recortes y privatizaciones, con graves consecuencias para el sistema público de salud y otros pilares del estado de bienestar que son garantes de la seguridad humana. La gestión de aquella crisis ha generado en gran parte la fragilidad con la que ahora estamos enfrentando esta.
Las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables fueron los grandes perjudicados de aquella crisis, y debemos asegurarnos de que no vuelva a ser así. Por su parte, el sector militar ha gozado tradicionalmente de un trato de favor en la elaboración de los presupuestos del Estado, basado en su supuesto rol como garante de nuestra seguridad. No obstante, con la crisis del COVID-19 ha quedado probado nuevamente que las capacidades militares nada pueden hacer para frenar ni confrontar las verdaderas emergencias que afectan la vida de las personas. Si hubiéramos empleado con criterios de seguridad humana una pequeña parte de los recursos destinados a la militarización y el armamentismo durante la última década (206.745 millones de euros desde 2008), ahora sin duda contaríamos con un sistema público de salud más robusto y capaz.
Además de la evidente pérdida del coste de oportunidad de financiar con nuestros impuestos ejércitos y arsenales, queremos también denunciar que las medidas decretadas por el Gobierno otorguen al ejército, principalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias, un papel destacado en la gestión de la crisis. La UME solo cuenta con una pequeña asignación específica dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, que en 2018 fue de 31 millones (un 0,32% de los 10.200 millones de gasto en Defensa), por lo que estas actuaciones parecen más bien un lavado de cara y una forma de legitimar las Fuerzas Armadas. Por otro lado, su labor debería ser desempeñada por cuerpos de protección civil, que están especializados en estas labores pero que cuentan con plantillas y recursos mucho más modestos.
Por su parte, el despliegue de tropas del Ejército del Aire y de Infantería (2.600 soldados a 19 de marzo) es todavía más preocupante. La presencia de la UME y de militares armados en las calles representa una militarización de la vida pública que pudiera ser la antesala de futuras medidas represoras que debemos rechazar y condenar firmemente.
Consideramos por tanto fundamental el papel de la sociedad civil en la oposición a estas políticas. La gestión post-crisis será igualmente relevante, pues debemos evitar, como a menudo ha ocurrido, que se normalice lo que debe tener un carácter excepcional y que se consoliden recortes en derechos y libertades y una precarización de las condiciones de vida, que afectan con mayor virulencia a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Esta vez debemos, por el contrario, dotar de recursos a los sectores que verdaderamente proveen de seguridad a las personas, como son sanidad, educación, empleo o investigación. La actual experiencia debe servir para hacer evidente la necesidad de luchar por un sistema que garantice derechos y libertades y unos servicios públicos universales y de calidad, con criterios de sostenibilidad ambiental, que ponga la vida en el centro y deje el afán de lucro a un lado.
Pedimos, por tanto, que ante una crisis causada por un virus que no entiende de fronteras, se tomen medidas por la salud pública y se utilicen exclusivamente mecanismos de protección civil y humanitaria, en vez de recurrir a medidas de vigilancia, control de las personas y seguridad militarizada, que son precisamente las que se emplean sistemáticamente en nuestras fronteras.
Nuestra seguridad y protección no puede seguir gestionándose con estructuras militarizadas que lo que pretenden es defender los supuestos intereses de los estados-nación y sus fronteras. Porque las grandes crisis del siglo XXI no entenderán de fronteras. Para hacer frente a una pandemia como la del COVID-19 hacen falta más recursos sanitarios, no mayor militarización. Cambiemos el paradigma de seguridad nacional por uno de seguridad humana, que será sin duda más eficaz, justo y sostenible.
