Artículo publicado en #LaMarea69. Más información aquí.
Han transcurrido ya 40 años desde que la estudiante Yolanda González Martín, de 19 años, fuese asesinada la noche del 1 de febrero de 1980 por un comando ultraderechista. Y lejos de ser un apunte más en los márgenes de nuestra historia reciente, se ha erigido como símbolo de una generación de jóvenes que a finales de los años 70 y comienzos de los 80 se echó a la calle para luchar por las frágiles libertades que empezábamos a disfrutar tras cuarenta años de dictadura. Muchos, como ella, perdieron la vida.
Bilbaína del barrio obrero de La Ribera de Deusto, la mayor de los tres hijos de una pareja de emigrantes burgaleses que en los 60 marchó del campo a la gran ciudad en busca de una vida mejor, ella misma se trasladó a vivir a Madrid en los albores de 1979, con 18 años recién cumplidos y gran disgusto de su familia. Yolanda había comenzado a militar en las Juventudes del Partido Socialista de Euskadi (PSE) con 16 años, a raíz de que un joven le entregara un panfleto al salir de clase. Aquel escrito de tono exaltado que hablaba de injusticias y llamaba a luchar contra ellas compendiaba las ideas que bullían en su cabeza ante una realidad con la que cada vez se sentía más comprometida, pero ignoraba cómo implicarse en ella.
Franco había muerto hacía poco más de un año, dando paso a una compleja etapa política en la que la dictadura no se terminaba de ir ni la democracia acababa de llegar. Los hasta entonces clandestinos partidos de la oposición, y algunos como el PCE clandestinos todavía, y los sectores más aperturistas del antiguo régimen, partidarios de una evolución del mismo hacia un franquismo sin Franco, intentaban acordar los términos de la Transición política hacia una nueva etapa. Mientras, en la calle, trabajadores y estudiantes reclamaban amnistía y libertad y la España gris cedía, no sin resistencia, ante el brío de la calle, convertida en un hervidero de actividad política.
Imbuida del espíritu de una juventud combativa, Yolanda entró en contacto con el sector trotskista del partido, que se agrupaba en torno a la revista La Razón. Un hecho casual, la convocatoria de un curso de verano destinado a la formación de cuadros, la llevó en agosto de 1978 a la localidad gerundense de Sant Martí de Llémena. Uno de los profesores era Alejandro Arizcun, un joven barbudo y rebelde de familia acomodada, sobrino del escritor Camilo José Cela (su madre era su hermana), economista de profesión, que trabajaba para la Unión Provincial de la UGT en Madrid. El flechazo fue instantáneo y Alejandro, Alex, viajó a Bilbao para estar cerca de Yolanda, hasta que a primeros de 1979 decidieron trasladarse a vivir juntos a Madrid.
Se instalaron en una vivienda del barrio de Aluche en la que vivía una compañera de partido, María del Mar Noguerol, que acababa de separarse de su marido y necesitaba compartir los gastos de alquiler de la vivienda. Aquellos primeros meses en la capital fueron especialmente duros. A la nostalgia por la lejanía de su familia se añadía el descubrimiento de una ciudad inabarcable e inhóspita, muy distinta de su Bilbao natal, pero si en algún lugar los acontecimientos bullían, ese lugar era Madrid.
Las huelgas y las manifestaciones laborales y estudiantiles estaban a la orden del día y a Yolanda le costó poco imbuirse del espíritu apasionado, de la voluntad de cambio que vivía la ciudad. Comenzó a trabajar limpiando en casas y se matriculó en el turno de noche de la Escuela de Formación Profesional de Vallecas para estudiar electrónica. Allí comenzó a erigirse en una líder estudiantil y sus compañeros la eligieron como representante en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanzas Medias, constituida para oponerse al Estatuto de Centros Docentes del gobierno de Adolfo Suárez. Para entonces, había abandonado su militancia en el PSOE para integrarse en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y participar poco después con otros compañeros en la creación del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). La revolución, defendían, debía ser mundial o no sería.
La vida discurría entre el trabajo, la militancia política y su relación con Alex en los estrechos márgenes del fin de semana. Seguramente, para ella fue un tiempo feliz, pero todo se torció la mañana del 1 de febrero de 1980. Ese día, a primera hora, un comando de ETA asesinaba a seis guardias civiles en la localidad vizcaína de Ispaster. Un suceso sin relación alguna con Yolanda que, sin embargo, arruinaría su vida. El Grupo 41, un comando vinculado al partido ultraderechista Fuerza Nueva, recibía horas después del atentado la orden de interrogar a Yolanda como integrante de un comando de información de ETA en Madrid.
El origen de esta información falsa procedía de los servicios de Inteligencia de la Policía, un sector de los cuales mantenía estrechas relaciones con la extrema derecha más violenta, empeñada en hacer descarrilar el tren de la democracia. El comando, dirigido por un próspero empresario, Emilio Hellín Moro, ya había comprobado fechas antes que su objetivo vivía con otras dos personas en una vivienda alquilada de la calle Tembleque. Cinco personas, entre ellas un policía nacional, acudieron aquella noche al piso de Yolanda, la secuestraron y la condujeron a un descampado en la carretera de Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias, donde le descerrajaron dos tiros en la cabeza.
El asesinato fue reivindicado a la mañana siguiente por el Batallón Vasco Español (BVE), una de las siglas de conveniencia que la ultraderecha empleaba para reclamar la autoría de algunos de sus atentados. La conmoción fue tremenda. No era un crimen más, sino un “paseo” que nos retrotraía a los tiempos más oscuros de la guerra civil y la posguerra. Apenas unos días después, el policía que había acompañado al comando, Juan Carlos Rodas Crespo, delataba a sus compañeros y permitía con ello la detención de Emilio Hellín e Ignacio Abad, un joven estudiante de Químicas, de 19 años de edad como Yolanda, como autores materiales de los disparos. Sus otros dos compinches, José Ricardo Prieto y Félix Pérez, se dieron a la fuga y habrían de pasar meses hasta que se entregaran.
Se iniciaba un proceloso camino por hacer justicia que habría de enfrentarse a múltiples dificultades. Los abogados José Mariano Benítez de Lugo, en representación de la familia de Yolanda, y José María Mohedano, en nombre del PST, batallaron sin descanso hasta conseguir inculpar al entonces jefe Nacional de Seguridad de Fuerza Nueva, Diego Martínez Loza. Todos ellos serían condenados en mayo de 1982, dejando por el camino numerosas incógnitas por responder. Apenas unos meses después de la condena, en octubre, el PSOE ganaba las elecciones generales y se ponía fin a la Transición política. Un periodo de nuestra historia reciente muy distinto de la etapa modélica que algunos políticos se han empeñado en defender.
Tampoco el mérito del cambio cabe atribuírselo en exclusiva a las élites políticas, singularmente representadas por el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez, sino al empeño de muchos protagonistas anónimos que, como Yolanda, forman parte de una generación con la que tenemos contraída una deuda de gratitud y memoria.
