El nombramiento del magistrado Enrique López López como consejero de Justicia, Interior y Víctimas termina de perfilar una estructura institucional y de gobierno de la Comunidad de Madrid de la que nada podrán esperar las víctimas del franquismo en los próximos cuatro años. Es de prever que, en materia de memoria histórica y reparación a las víctimas de la dictadura, el Partido Popular sea coherente con su historia y filosofía, continuando con su línea de desprecio hacia las víctimas y sus derechos. Así ha sido durante años y el contexto político actual, donde el PP necesita el apoyo de Ciudadanos y Vox para mantener sus posiciones de poder, le viene de perillas para redoblar sus esfuerzos por mantener el silencio y olvido institucional. El reciente ejemplo de lo sucedido en el Ayuntamiento de Madrid –en los primeros días del gobierno sostenido por estos tres partidos se suprimió la Oficina de Derechos Humanos y Memoria y se paralizó el memorial previsto en el cementerio de la Almudena en recuerdo y homenaje de las personas ejecutadas, víctimas de la represión franquista, entre 1939 y 1944– nos pone en la pista sobre cuál va a ser la respuesta institucional en esta legislatura.
Desde la propia creación de esta macroconsejería que incluye las competencias relativas al tratamiento de las víctimas del terrorismo hasta la persona elegida para dirigirla, pasando por el discurso de investidura —y sus omisiones y silencios— de la ya presidenta Isabel Díaz Ayuso. En todos estos hitos se encuentran elementos muy significativos que merece la pena analizar.
Comencemos por el menos importante, la elección de la persona a la que situar al frente de la nueva Consejería: el magistrado Enrique López. En principio, podría resultar un tanto sorprendente —quizá extravagante— confiar una responsabilidad tan importante a una persona que fue sorprendida bajando el Paseo de la Castellana en moto con una tasa de alcohol que cuadriplicaba la legalmente permitida (cometiendo un delito contra la seguridad vial por el que fue condenado) y poniendo en riesgo la vida e integridad física de las personas que pudieran cruzarse con él. Pero lo cierto es que la reinserción es un principio constitucional y dar una segunda oportunidad a las personas entra dentro de lo correcto desde un punto de vista moral. Aun así, no deja de ser curioso que sea el PP, reacio hasta la médula a las políticas de reinserción, el que confíe un cargo de poder tan relevante como delicado a un condenado por un delito.
Dejando al margen esta y otras cuestiones relativas a la trayectoria profesional del nuevo consejero (no es gratuito que se trate de un magistrado de la Audiencia Nacional, lugar en el que se va a jugar buena parte del futuro del PP), sus actuaciones pasadas con relación a las víctimas del franquismo no ofrecen un mínimo atisbo de esperanza. Se manifestó públicamente en contra de la conocida como ley de memoria histórica de 2007 y formó parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se declaró incompetente para juzgar los crímenes del franquismo. Es miembro destacado del elenco de jueces que, actuando de forma partisana, han trabajado y trabajan hasta la saciedad para garantizar la impunidad de los crímenes de la dictadura.
Más significativa es la creación y denominación de la nueva consejería. Una consejería que, hasta momentos antes de la toma de posesión de su consejero, iba a denominarse de Víctimas del Terrorismo. De hecho, todo el relato armado por los ideólogos del Partido Popular madrileño para justificar su creación iba dirigido en exclusiva a la necesidad de atender adecuadamente a las víctimas del terrorismo. Finalmente —y por razones previsiblemente cosméticas—, se decidió cambiar el nombre; pero, a tenor de lo escuchado estos días, no parece que sus actuaciones vayan a ir más allá del colectivo de víctimas del terrorismo.
Para corroborar esta impresión, nada mejor que acudir al discurso de investidura de la presidenta, en el que se anunció la creación de una consejería de víctimas del terrorismo. En su opinión, esta se justificaba en la necesidad de defender “la memoria y la dignidad de todas las víctimas del terrorismo”, plantar “cara a quienes pretender tergiversar la historia y su recuerdo” y en no consentir que “el verdugo tenga más reconocimiento que la víctima” (en clara referencia a los homenajes a presos de ETA en Euskadi y Navarra).
Antes de analizar estos argumentos, conviene tener presente que, a juicio tanto del Defensor del Pueblo como de la doctrina especializada, en España contamos con una legislación de solidaridad y protección avanzada: la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, así como su normativa de desarrollo. A ello hay que sumar la correspondiente legislación autonómica. En el caso de la Comunidad de Madrid, la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. Desarrollar las previsiones de esta ley será competencia del protagonista del slalom de la Castellana. No parece que este desarrollo requiera un papel tan destacado como se quiere hacer ver, aunque sí urge que, tal y como se advirtió desde su aprobación, se corrijan las insuficiencias de esta ley con relación a las víctimas del terrorismo yihadista.
A la vista de este despliegue normativo, las razones aducidas por la presidenta Díaz Ayuso se caen por su propio peso: ¿no se defiende en Madrid —o se hace de forma insuficiente— a las víctimas del terrorismo? ¿Tienen acaso los verdugos un mayor reconocimiento que las víctimas? Nada da pie a pensar algo así. Ni tampoco parece plausible que se vayan a celebrar en la Comunidad de Madrid esos homenajes a presos etarras que supondrían, siempre a juicio de la presidenta, un mayor reconocimiento del victimario con relación a la víctima.
Parece que detrás de la creación de esta nueva macroconsejería no estaría, pues, la necesidad de concentrarse en una cuestión irresuelta o pendiente que requiere una mayor dotación de medios, de personal o de atribuciones para su resolución. El tratamiento a las víctimas del terrorismo, aunque siempre mejorable, satisface hoy en España y en la Comunidad de Madrid los estándares exigidos por el Derecho internacional. Por tanto, las razones hay que buscarlas en otro lado: en concreto, en la estrategia política del PP, centrada en marcar diferencias entre sus gobiernos y los de “la banda” de la izquierda. Mientras estos “pactan“ con independentistas y herederos de la violencia etarra, los del PP están centrados en defender a las víctimas de esta violencia, como si hasta ahora no hubieran merecido la atención debida o no lo fueran en aquellos lugares gobernados por la izquierda.
Esta estrategia falaz supone una descarada utilización de las víctimas y su dolor. Tratar dignamente a las personas supone considerarlas como fines en sí mismas, y no como medios o instrumentos para alcanzar otros propósitos, como es en este caso el de alcanzar el poder. Hace tiempo que este viejo principio kantiano trascendió el ámbito de la filosofía moral y se convirtió en un criterio para medir no solo la legitimidad de las acciones humanas, sino también la de las políticas públicas y las normas jurídicas.
Pero volvamos al discurso de investidura de la presidenta Díaz Ayuso y al tratamiento que en él se dio a las víctimas de otras graves violaciones de derechos humanos que existen en la Comunidad de Madrid. Las del franquismo merecieron el silencio más absoluto, en coherencia con el desprecio que han recibido siempre estas por las y los dirigentes del Partido Popular. Las de la violencia machista o de género fueron traídas a colación, sí, pero con el deliberado rechazo del uso de esta expresión, en coherencia con las propuestas programáticas de Vox asumidas por ella y su partido para acceder a la presidencia de la Comunidad. No parece, pues, que las víctimas de la violencia de género vayan a contar con el tratamiento debido por parte de la administración autonómica, si sus responsables no son tan siquiera capaces de utilizar la denominación adecuada para este tipo de violencia.
El silencio es también una opinión. De él se deduce que, a diferencia de las del terrorismo, las víctimas del franquismo no merecen consideración alguna. El desprecio hacia las víctimas del franquismo implica, en primer término, una vulneración del principio constitucional de igualdad, al tratarse de una categoría de víctimas de graves violaciones de derechos humanos discriminadas con relación a otras que sí merecen el reconocimiento y satisfacción de sus derechos. En segundo término, el desconocimiento de que el Derecho Internacional vincula a las instituciones del Estado —a todas, incluidas por supuesto las autonómicas— y establece obligaciones de verdad, justicia y reparación que cada una de ellas, en el marco de sus competencias, debe contribuir a satisfacer.
Ante este panorama institucional, previsible para los próximos cuatro años, ¿qué puede hacerse? ¿Cómo puede avanzarse en este terreno hostil para las víctimas del franquismo? Necesitaremos poner en marcha toda nuestra inteligencia colectiva, diseñando y desarrollando una estrategia común entre víctimas, asociaciones y partidos políticos. Deberían evitarse los esfuerzos aislados, por supuesto muy loables, pero que, en caso de no prosperar, pueden conducir a la melancolía. Solo el trabajo colectivo ofrecerá una vía de escape a este negro presente y permitirá ir tejiendo redes para el futuro.
En mi opinión y de forma tentativa, esta estrategia colectiva debe considerar al menos tres líneas de trabajo. En primer lugar, la presión en la calle, manifestando públicamente el rechazo de toda medida que suponga ahondar en el olvido y silencio. En segundo término, el recurso a los juzgados para denunciar todos aquellos incumplimientos de la legalidad vigente por parte de las Administraciones madrileñas. Aunque de forma un tanto tibia, la llamada ley de memoria histórica establece obligaciones para las autoridades, como, por ejemplo, la retirada de la simbología franquista del espacio público (art. 15) o la obligación de realizar y actualizar mapas autonómicos de fosas (art. 12). Tanto los ayuntamientos gobernados por el PP como la propia Comunidad de Madrid han intentado, hasta ahora con notable éxito, eludir estas obligaciones. Sin embargo, y aun cuando hasta ahora el poder judicial haya sido ciertamente complaciente con estos incumplimientos legales, esto no es óbice para renunciar a explorar todos los caminos que ofrece el recurso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Todavía quedan jueces en Berlín.
Finalmente, y en tercer lugar, es necesario que todos los partidos de izquierdas presentes en la Asamblea de Madrid trabajen conjuntamente para presentar una proposición de ley de memoria histórica y democrática. Una ley de cuyo contenido se sientan partícipes y corresponsables también las víctimas y las asociaciones memorialistas. Son ya 12 las comunidades autónomas que cuentan con leyes de memoria democrática o con normas de diferente rango que abordan el reconocimiento y protección a las víctimas del franquismo, muchas de ellas aprobadas en los últimos años. Tan solo Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y, claro, la Comunidad de Madrid no han aprobado normas de este tenor en la legislatura que acaba de cerrarse.
Aunque en Madrid los tres partidos que sostienen el gobierno de Díaz Ayuso se muestren contrarios a una ley de este tenor, y ello imposibilite su aprobación, es importante que este tema entre en la agenda parlamentaria y cale en la opinión pública. El debate en la Asamblea permitirá conocer los argumentos de cada grupo –y exponer sus vergüenzas–, de manera que la ciudadanía madrileña conozca dónde está cada partido y cuáles son las razones que sostienen las respectivas posiciones. No debe renunciarse a la plataforma que supone la sede parlamentaria autonómica como altavoz para conocer las distintas posturas, en general, y las del gobierno autonómico y sus aliados, en particular.
En cualquier caso, la clave está en el trabajo coordinado y plural entre víctimas, movimiento memorialista y partidos políticos. La deliberación colectiva garantiza siempre mejores resultados y, además, permite ir tejiendo redes y generando confianza entre los distintos actores. La vamos a necesitar.
Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y fue responsable de Derechos Humanos de la Oficina de DDHH y Memoria del Ayuntamiento de Madrid con la corporación de Ahora Madrid (2015-2019)
