El 3 de mayo, María (nombre ficticio) acudió con un amigo a denunciar en una comisaría de Xirivella (Valencia) la presunta agresión que habían sufrido por parte del casero de este. Según la denuncia, empezó insultándole a él por el coste de la factura de la luz, le gritó, refiriéndose a ella, «tira a esa puta vagabunda de aquí» para terminar golpeándoles y amenazándoles con cuchillos.
Cuando María mostró su pasaporte hondureño en la comisaría con el propósito de denunciarlo, los agentes constataron que estaba en situación administrativa irregular y, según el testimonio de ella, se negaron a registrar su denuncia. Inmediatamente, avisaron a la policía de extranjería, que procedió a abrirle un expediente de expulsión.
María llegó a España hace tres meses, después de que las maras asesinasen a su hermano y a varios amigos suyos. Dejó sus hijos al cuidado de su madre para buscar un lugar seguro en el que poder ofrecerles seguridad y condiciones de vida dignas. Ahora teme salir de casa, ser identificada por algún policía y terminar siendo deportada, según sus declaraciones para varios medios.
Una situación que no se daría si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hubiesen aplicado la recomendación que les hizo el Defensor del Pueblo en 2004. En su informe de aquel año, el organismo ya mostraba su preocupación por los casos que habían saltado a la luz pública de mujeres migrantes en situación administrativa irregular víctimas de violencia de género “que no se atrevían a denunciar por temor a que les fuera incoado un expediente de expulsión”. Y añadían que tenían constancia de que había muchas otras personas sin documentación igualmente perjudicadas por otros delitos o faltas.
Por ello, el Defensor requirió un informe a la Dirección General de la Policía (DGP) sobre si cuando estas personas acudían a denunciar se les iniciaban “habitualmente expedientes de expulsión” o se priorizaba “el derecho a formular las denuncias”. Exactamente el caso de María.
En una primera respuesta, la DGP respondió que en los casos de “violencia en el ámbito familiar no se efectúa distinción alguna por razón de nacionalidad de la víctima o de su situación administrativa en nuestro país”. Y subrayaba el quid de la cuestión: que “ante situaciones de concurrencia de infracciones penales y administrativas, la investigación de la infracción penal prima sobre la incoación del procedimiento administrativo y, sobre ambos procedimientos, se otorga prioridad a la protección y atención a la víctima”. Lo contrario de lo que habría ocurrido con María según su testimonio: no tener la documentación en regla es una infracción administrativa, y sin embargo, se priorizó esta falta en lugar de la investigación penal y la protección de la presunta víctima que era ella.
La Dirección General de la Policía recordaba en ese escrito que “la incoación de un expediente (de expulsión) no supone necesariamente que se llegue a resolver la expulsión de las interesadas, dada la concurrencia en muchos casos de razones de naturaleza humanitaria que desaconsejen la continuación del expediente”. Según esta lógica, María no debería ser deportada ya que Honduras está entre los diez países más violentos del mundo, con una tasa de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes -según las Naciones Unidas, más de 10 representa una epidemia-.
Aun así, el gobierno de España sigue considerando la violencia de las maras una forma de delincuencia común que no encaja en la definición de refugiado/a de la Convención de Ginebra. Pese a que en 2017 la Audiencia Nacional dictó varias sentencias en las que reconocía que las víctimas de las maras se pueden acoger a la Ley de Asilo porque la violencia que emplean estas es de tal magnitud que puede calificarse de conflicto interno, así como que sus Estados no tienen capacidad para garantizar la seguridad de su población. A pesar de ello, apenas se han resuelto positivamente expedientes de asilo de personas de Centroamérica. Por ello, María ha decidido no solicitarlos.
Volviendo a 2004, la Defensoría volvió a tener constancia entonces de que otras personas en situación administrativa irregular habían visto cómo se les incoaban órdenes de expulsión después de permitirles poner las denuncias.
El Defensor recordaba a las instituciones en su informe de 2004 que este modo de proceder fomenta que este colectivo no denuncie, lo que aumenta su vulnerabilidad ante otros posibles delitos y permite que los victimarios permanezcan impunes. Y subrayaba que “paradójicamente, el empeño en la persecución de la conducta de menor gravedad, el ilícito administrativo, dificulta a las autoridades policiales cumplir con su principal misión de prevención y persecución de los delitos”.
Por ello, hicieron llegaron una recomendación a la DGP para que enviaran instrucciones de que no se abrieran órdenes de expulsión a estas personas cuando fuesen a denunciar haber sido víctimas de un delito. La respuesta negativa de la Policía sustentada en que “supondría una inhibición en el ejercicio de sus funciones” provocó que el Defensor se pronunciase con la siguiente claridad: “No puede ocultarse la sorpresa que ha causado en esta Institución la respuesta recibida, cuyo sentido es radicalmente contrario al consignado en otros informes”.
Quince años después, las personas sin papeles siguen evitando acudir a las comisarías para ver garantizado su derecho a la protección por temor a terminar con una orden de expulsión, como ha sido el caso de María.
El 15 de mayo, el Ministerio de Interior emitió una instrucción que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incluyan en los atestados policiales de violencia machista si las víctimas extranjeras están en situación irregular en España. El objetivo, agilizar la suspensión de posibles procedimientos de expulsión del territorio español. Una directriz que ya recomendaba el Defensor en 2004.
La Red de Migradas Hondureñas, la Plataforma CIEs NO y Valencia Acoge han lanzado una campaña para que se suspenda esa orden de expulsión. Asimismo, en palabras de Paco Simón, portavoz de esta última entidad, exigen que “se modifique la Ley de Extranjería u otra normativa para que se garantice que cualquier persona pueda tener amparo de las autoridades y de la Justicia sin temor a ser expulsada”. Y añade que “esa protección de las víctimas no se puede restringir a delitos graves como éste de violencia contra la mujer, sino a cualquier delito”. Y explica que en los últimos tiempos han documentado, incluso, casos de personas a las que se les ha abierto una orden de expulsión cuando han ido a poner una denuncia por extravío de su pasaporte –para renovarlos en sus embajadas– y poder seguir así con la regularización de sus papeles en el Estado español.
La Marea se ha puesto en contacto con la Dirección General de la Policía para conocer cuáles son las instrucciones en cuanto a las personas que vayan a denunciar cualquier delito, y no sólo aquellos relacionados con la violencia de género, y si la actuación de los policías de la comisaría de Xerivilla, que tuvo lugar antes de la instrucción del 15 de mayo, se correspondió con las instrucciones del gobierno de Sánchez o fue negligente. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
También nos hemos puesto en contacto con la Delegación de Gobierno de Valencia para saber si va a retirar la orden de expulsión. Seguimos esperando una contestación. .
Desde el Defensor del Pueblo nos confirman que están estudiando el caso.
