Hace unas semanas, desde Justicia Alimentaria denunciábamos una guía educativa publicada por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Un infant que creix (2015) con consejos alimentarios contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las páginas finales de la guía incluyen recomendaciones que están directamente patrocinadas por empresas alimentarias que, de manera implícita en algunos casos y explícita en otros, utilizan la publicidad subliminal para promover iniciativas claramente insanas. Al final, los medios lo trataron como una mera anécdota, como un error del departamento, como un simple exceso.
Pero miren, la realidad es otra. Se trata de una estrategia muy sofisticada orquestada por la industria alimentaria que ha encontrado en los “sellos o estampitas” su filón de oro. Cada día es más obvio y notorio el conflicto entre los intereses de la industria alimentaria y nuestra salud, a tal punto que la alimentación insana se ha convertido en el mayor problema de salud pública a nivel mundial y también en el Estado español. La propia OMS reclama medidas contundentes para el control de esta industria que está detrás de este enorme desastre, medidas similares a las de en su día contra el tabaco, prohibición de la publicidad infantil, medidas fiscales, etiquetados claros, etc… Y frente a esta ofensiva, la industria protege sus intereses creando una enorme cortina de humo a través de la utilización de una gran parte de las sociedades científicas o pseudocientíficas, porque para ellos es vital obtener el aval científico y el aval de las administraciones públicas, a sus discursos, sus propuestas y sus productos.
Y aquí nos vamos a encontrar en nuestro país los casos recientes en la prensa como estudios promocionando el consumo de carne por parte de sociedades médicas que contradicen las recomendaciones de la OMS, o las “estampitas” de sociedades de medicina pediátrica avalando galletas y productos para población infantil híperazucarados. Pero además, necesitan bloquear las propuestas que inciden en las causas reales de la mala alimentación y sustituirlas por otras propias que actúan como pantalla de protección. Acuérdense si no de cómo el Gobierno echó para atrás el impuesto sobre bebidas azucaradas debido a la presión del lobby alimentario, y cómo lo ha sustituido con la propuesta del Ministerio de Sanidad de un acuerdo voluntario con las empresas para reducir cuando se pueda y, si eso, los niveles de azúcar. En resumen, falsas soluciones que ejercen de elementos de cartón piedra de un decorado a distancia parecen reales, pero cuando las miras de cerca y las tocas te das cuenta de que no son lo que parecen.
Y, por último, necesitan unir su imagen a la salud, emitir el mensaje de que son un actor que hace muchos esfuerzos para conseguir una alimentación sana y de que, en definitiva, forman parte activa de la lucha contra la mala alimentación. Ahí podemos observar infinitos actos deportivos financiados por la industria, congresos, publicaciones… Uno de ellos, de los más metafóricos, es la maratón contra la diabetes de Madrid, donde uno de los patrocinadores era Coca Cola, todo muy normal.
Pero no es una broma, se trata de una estafa de una enorme magnitud consentida por la Administración pública. La mejor manera de reconocer a nivel de consumidor este timo de la estampita es cuando veamos que un producto alimenticio tiene en su frontal el logotipo de una de estas organizaciones médicas o científicas. Pues el truco es el siguiente, usted, al ver el sello entenderá que ese producto lleva su aval científico y que, por tanto, a nivel nutricional está recomendado por ellas. Lo mismo si en un anuncio de televisión aparece su logotipo junto al de unos cereales para el desayuno.
¿Quién nos protege entonces a los ciudadanos? ¿Qué debe hacer el Gobierno? Pues lo que exige el sentido común, una regulación estricta del conflicto de interés, empezando por exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas. Además, establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia. No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones sobre la política de salud pública. Por último, elaborar, promover y hacer cumplir directrices sobre el conflicto de interés para las asociaciones de profesionales, filantrópicas, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas.
Pero la verdad es que uno pierde la esperanza, al comprobar, por ejemplo, cómo la Campaña Plan HAVISA de promoción de hábitos saludables de la AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Consumo), se realiza en convenio con la Fundación Alimentum. ¿Que quién es la Fundación Alimentum? Pues pasen y vean, una organización donde su presidente es Javier Robles González, a su vez presidente de honor de Danone, S.A; como vicepresidente, Sergio Elizalde Monroset, que es director general de Hero Sur Europa; y como vicepresidente tesorero, Jérôme du Chaffaut, director general de Unilever España, S.A.
Como decía aquel famoso entrenador, no hace falta decir nada más.
*Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria.
