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Estrasburgo admite a trámite la revisión de la sentencia de los condenados por Aturem el Parlament
El Tribunal Europeo estima que hay indicios de que el Supremo vulneró derechos fundamentales de las ocho personas condenadas por aquella acción de protesta.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha admitido a trámite la demanda de vulneración de derechos fundamentales que presentaron las abogadas de los ocho condenados por la manifestación Aturem el Parlament, que rodeó el Parlament de Cataluña en 2011. Estas ocho personas fueron absueltas en un primer momento por la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Supremo (TS) anuló la absolución y les impuso penas de tres años de prisión. El dictamen del TS no fue unánime, y contó con el voto particular del magistrado Perfecto Andrés, que consideró que los condenados no realizaron los actos de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave recogidos en el artículo 498 del Código Penal.
Ahora, Estrasburgo considera que hay suficientes indicios como para estudiar a fondo el caso, ya que el alto tribunal español podría haber violado el derecho de los acusados a un juicio justo al condenarlos a la cárcel sin ni siquiera escuchar sus argumentos.
«Es un paso muy importante, ya que superar la primera criba es dificilísimo, pero sabíamos que había cierta posibilidad de que la demanda pudiera superar el trámite», admite Isabel Elbal, una de las abogadas.
El proceso que se inicia ahora es largo. El Estado español debe responder al TEDH antes del 17 de enero de 2017. Lo previsible es que el Gobierno rechace la solicitud, por lo que Estrasburgo decidirá cómo actuar. En caso de que el tribunal europeo entendiera que, efectivamente, hubo una vulneración de derechos fundamentales, la causa regresaría de nuevo al TS para que revocara la sentencia condenatoria.
«Es una buena noticia pero debemos valorarla con prudencia», añade Elbal, quien recuerda que existe «jurisprudencia muy consolidada» al respecto, tanto del TEDH como del Tribunal Supremo y el Constitucional.
Los ocho condenados no han ingresado de momento en prisión, ya que sus defensas presentaron una petición de indulto al Gobierno que está pendiente de resolución.