MADRID // “La mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud en España”. En base a esta afirmación, VSF Justicia Alimentaria Global ha elaborado su informe Confiad en mí. Puertas giratorias, conflictos de intereses y amistades peligrosas entre la industria alimentaria y los organismos de salud.

En él, la organización denuncia “la inactividad por parte de la administración pública para solucionar este problema” y “cómo el Estado se ha convertido en un aliado natural de la industria para el diseño y ejecución de las políticas públicas totalmente contrarias al interés de los ciudadanos”.

El informe señala la creación, dentro del lobby alimentario, de “una narrativa, que, gracias a buenas campañas de marketing y la ayuda de distintas fundaciones y organizaciones públicas y privadas” ha encaminado el objetivo de los actores de la agroindustria.

“Los mensajes más utilizados han ido orientados a culpabilizar al individuo por tratarse de un problema de malos hábitos, de dieta desequilibrada y de falta de ejercicio”, según VSF. Y, desde la asociación, añaden que, en este sentido, “la colaboración de la administración pública y las organizaciones médicas ha sido clave”, a través de los patrocicios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudios vinculados a la administración o el pago de investigaciones científicas, entre otras herramientas.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en España el sobrepeso afecta al 55% de la población y la obesidad al 17%. En este sentido, la OMS recomienda la implantación de distintas medidas, que otros países europeos ya han aplicado, como el control de la publicidad de alimentos insanos dirigidos al público infantil o un etiquetado nutricional claro.