El azúcar invisible o la guerra de las etiquetas

A principios de este año, la Food and Drug Administration, de EEUU, hizo un importante anuncio con enormes impactos en la alimentación: por primera vez en más de una década se había decidido a realizar cambios en la información nutricional de las etiquetas.

El gran cambio propuesto es una pequeña línea donde explicite los “azúcares añadidos”. Éste ha sido el fruto de las campañas y propuestas de cientos de organizaciones de la sociedad civil, que llevan años presionando por un cambio que armonice las etiquetas con las evidencias y recomendaciones de la propia OMS (Organización Mundial de la Salud), lo que ha desatado una enorme reacción en contra por parte de la gran industria alimentaria. Después de cinco meses de trabajo, están a punto de cerrar la decisión.

Para entender esta batalla que se libra en torno a nuestra alimentación y salud hay que empezar analizando la magnitud del problema. La OMS aconsejó en 2003 no superar el 10% de la energía ingerida a partir de “azúcares libres”, para prevenir la ganancia de peso y las enfermedades asociadas.

La misma se basó en estudios en los que se observó que limitar el contenido de azúcares libres de la dieta producía mejoras en el control del peso corporal. Este mes de mayo la OMS lanzó un nuevo informe en el que llega a la conclusión de que “se debe reducir la ingesta de azúcares libres a un 5% o menos del total de energía”. La mitad de lo que recomendaba hasta ahora.

Es decir, pasamos de los 50 gramos de azúcares añadidos al día, a 25 gramos. Esto conlleva a no consumir más que el equivalente tres sobrecitos de azúcar al día. Si una sola lata de refresco contiene el 39% de la Cantidad Diaria Orientativa de azúcar para un adulto, con las nuevas directrices pasaría a suponer un 78%.

El consumo de azúcar en sus distintas formas y variedades se ha incrementado drásticamente en los últimos años. El azúcar añadido es hoy en día un elemento incrustado en nuestra dieta y del que difícilmente se puede escapar. En España, en las últimas dos décadas, su consumo se ha incrementado en un 20% y en este momento como media cuadruplicamos la recomendación de la OMS.

Si nos vamos de nuevo a los datos globales, según la OMS, la pandemia del sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo, y además se trata se trata del primer problema de salud pública a nivel global y también en nuestro país.

En añadidura, están las enfermedades asociadas al mismo: el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Según datos de la OCDE, en España el sobrepeso afecta al 55% de la población (al 63% de los hombres y al 45% de las mujeres), y la obesidad al 17% (19% y 16%, respectivamente).

España se sitúa a la cabeza del sobrepeso infantil en la Unión Europea, según la OCDE, y es segundo a nivel mundial detrás a los EEUU. El último estudio ALADINO revela unos gravísimos datos: el 45,5% de los niños españoles de entre 6 y 10 años tienen exceso de peso. Esto afecta de manera mucho más intensa a las clases populares. Cuando pasamos de niveles de renta altos a bajos, la obesidad se incrementa en más de un 30%.

¿Pero por qué son tan importantes las etiquetas? ¿Por qué se ha desatado esta guerra por una solo línea? La respuesta es clara: hoy en día el 75% del azúcar consumido lo es vía indirecta, a través de los alimentos. Es el azúcar invisible. Disfrazado con nombres técnicos como concentrado de frutas, glucosa, la malta y la dextrosa, etc. Hay azúcar en casi todo los productos procesados.

En EEUU se encuentran inmersos en esa batalla, sufriendo los embates de uno de los lobbies empresariales más poderosos del mundo. Andrew Briscoe, el presidente de la Asociación Azucarera, expresaba públicamente su negativa a contar con un etiquetado adicional: «No hay una preponderancia de la evidencia para justificar una etiqueta azúcar añadido», asegura.

Pero si vemos estos argumentos, no son muy distintos de los que utiliza la industria alimentaria en Europa y también en España. Así, de forma recurrente, nos encontramos con los repetidos mantras, como que la industria alimentaria es un actor comprometido con la lucha contra obesidad y la mala alimentación, que el azúcar es un alimento tan necesario como el resto, que no hay alimentos buenos ni malos, que la mala nutrición es un problema individual y las familias son las principales responsables de la obesidad infantil, etc.

Debemos preguntarnos, por el contrario, ¿qué pasaría si las etiquetas fueran más claras e inteligibles, más útiles, e informaran mejor de los aspectos nutricionales y en concreto del contenido en azúcares? Como es obvio, el consumidor reduciría su consumo.

Esto no sería para nada una buena noticia para la industria alimentaria actual, que como hemos visto, ha introducido el azúcar en casi todos sus productos. Los últimos estudios en España revelan que el 64% de los consumidores no entiende prácticamente nada de lo que lee en las etiquetas donde se detallan los valores nutritivos y los ingredientes.

En Europa, después de dos años de duras presiones por parte de la industria alimentaria, el año 2011 finalmente vio la luz el nuevo reglamento europeo de etiquetado de alimentos. Las negociaciones se realizaron durante el año 2010 y aún hoy en día es recordada como la mayor operación de presión corporativa ejercida nunca sobre el Parlamento Europeo.

Los y las eurodiputadas recuerdan cómo el día de la votación aparecieron las instrucciones de voto negativo encima de sus escaños, dispuestas allí por la CIIA. Algunos diputados incluso dieron por supuesto que era documentación oficial de sus partidos.

Una de las cosas que se aprobó fue la obligatoriedad del etiquetado nutricional, pero obviamente no funciona. Por eso desde la sociedad civil las organizaciones sociales y de consumidores seguimos exigiendo un cambio en el etiquetado y proponiendo sistemas alternativos como el adoptado en Reino Unido y a los que se suman las organizaciones que formamos parte en nuestro país de la campaña 25 Gramos.

Este sistema es el llamado etiquetado semáforo, que es un sistema de etiquetado intuitivo, sencillo, riguroso y práctico avalado científicamente, aplaudido por los consumidores y rechazado por la industria.

Consiste en determinar la cantidad de energía, grasas, azúcares y sal que contiene un alimento, compararlo con las cantidades máximas recomendadas y otorgarle un color a cada cifra en función de si está lejos, cerca o muy cerca de ese límite. Los colores son los del semáforo por motivos obvios que indican verde no hay problema, naranja, precaución y rojo mucha atención.

Los valores utilizados se basan en la información facilitada por los estudios de la agencia de salud pública del Reino Unido. La misma agencia, de la mano del Ministerio de Sanidad del Reino Unido han elaborado una guía técnica muy útil para quien quiera profundizar en estos aspectos.

Por último, la pregunta es obligada: ¿Y en España? ¿Piensan en el Ministerio de Sanidad y Consumo poner en marcha alguna iniciativa de este tipo? Por ahora no ha hecho nada, ni siquiera abrir interlocución con las organizaciones que formamos parte de la campaña 25 Gramos.

Sin embargo, lo más grave es que si leemos con atención la estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad puesta en marcha desde el años 2005 por el Ministerio de Sanidad y Consumo), veremos que dice cosas como: “La Estrategia NAOS debe apoyarse en una imagen positiva. No hay alimentos buenos o malos, sino una dieta bien o mal equilibrada. La promoción de una alimentación saludable no debe estar ligada a una campaña represiva, prescriptiva o de prohibición que podría provocar rechazo.”

Y si vemos lo que dice la Federación de Industrial de Alimentación y Bebidas (FIAB) en su documentación oficial: “Es imprescindible el compromiso público-privado en base a acciones multisectoriales y multidisciplinares, descartando medidas prohibicionistas o restrictivas basadas en el concepto de alimentos buenos y malos”.

Ya tienen ustedes la respuesta. Ganan los beneficios por encima de los derechos a la información y transparencia