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domingo 18 febrero 2018

Sociedad

Los ataques contra la ampliación del derecho al matrimonio a las parejas homosexuales continúan dos años después de que el Tribunal Constitucional desestimase el recurso interpuesto por el Partido Popular

06 julio 2014
16:47
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Matrimonios de primera y de segunda
Día del orgullo gay en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

El Congreso de los Diputados ha tramitado una petición para que “se denominen los matrimonios de forma distinta, en función del sexo de las personas que lo compongan”. La iniciativa está firmada por Jesús Ayala, miembro de la Asociación de Padres de Familia Separados de Burgos (APFS).

A lo largo de las tres páginas del documento Ayala critica la actual legislación en materia de separación y divorcio, especialmente la referida a la custodia de los hijos, y niega la igualdad entre mujeres y hombres.

Él mismo afirma que “este escrito no es para censurar el matrimonio entre personas del mismo sexo, no. Allá cada uno”. Sin embargo, el objetivo de la petición elevada al Congreso de los Diputados es que la ley distinga entre los matrimonios formados por un hombre y una mujer y los formados por dos personas del mismo sexo.

La Comisión de Peticiones, en su sesión de 24 de junio de 2014, acordó trasladar al Ministerio de Presidencia esta singular propuesta. Esta Comisión Permanente no Legislativa sirve de cauce para el derecho de petición ante las Cámaras. Normativamente se trata de una forma de democracia semidirecta cuya función real es meramente testimonial.

Ataques contra el matrimonio igualitario

“Los matrimonios entre homosexuales nunca serán igual que los celebrados entre los heterosexuales, de la misma manera que dos manzanas dan lugar a otra manzana y una manzana más una pera, nunca darán igual a dos manzanas porque son componentes distintos”. La célebre declaración de Ana Botella, realizada en octubre de 2004, se unía a las críticas al matrimonio igualitario realizadas por miembros de la jerarquía católica.

El exarzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, afirmó en una carta publicada en junio de 2005 que “el Estado no tiene derecho para dinamitar el matrimonio desde dentro”. Unos meses antes, el portavoz de la conferencia episcopal, Martínez Camino, declaró que “la Iglesia católica nunca se ha encontrado en los 2.000 años de su existencia con nada parecido”, en referencia a la reforma del Código Civil que ampliaba el derecho al matrimonio.

Más grave fue la comparación del Consejo General del Poder Judicial. “Llamar matrimonio a la unión de homosexuales es un cambio radical”, como lo sería “llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal”, afirmaba el informe sobre la ley elaborado por José Luis Requero. Finalmente, esta alusión se retiró del texto definitivo por petición expresa del presidente del CGPJ.

El Partido Popular, entonces en la oposición, presentó de forma inmediata un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual que siete años después fue desestimado. La sentencia del Tribunal Constitucional fue celebrada por algunos miembros del PP como el portavoz en el Congreso Alfonso Alonso, que declaró ser “claramente partidario del matrimonio homosexual”.

Para Jorge Fernández Díaz, con el matrimonio igualitario “la pervivencia de la especie no estaría garantizada”. El ministro del Interior realizaba estas declaraciones en marzo de 2013 en un coloquio organizado por la Embajada de España en el Vaticano, tratando de buscar “argumentos racionales” y no “confesionales” para oponerse a la uniones homosexuales.

El fallo que avala la constitucionalidad de la reforma sentó como un jarro de agua fría en la Conferencia Episcopal. En una nota de prensa reconocía que “no es de nuestra competencia” juzgar su “pertinencia jurídica” pero sí “ayudar al discernimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las leyes”. La denuncia de que el matrimonio se amplíe legalmente a todas las personas finalizaba con una exhortación a María Santísima para que “cuide de las familias e interceda por los gobernantes, sobre quienes pesa el deber y a quienes compete el servicio de ordenar con justicia la vida social.”

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Laura Gaelx Montero

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