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Sociedad

El mercurio en el pescado lideró la contaminación de alimentos en 2013

Ecologistas en Acción alerta del aumento de notificaciones por contaminación con metales pesados en 2013, hasta un total de 145

03 febrero 2014
12:34
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El mercurio en el pescado lideró la contaminación de alimentos en 2013

Ecologistas en Acción ha alertado del aumento de notificaciones por contaminación con metales pesados en 2013, hasta un total de 145. Esta contaminación afecta a todo tipo de alimentos e incluye metales pesados como el cadmio, el plomo, y el arsénico, si bien la presencia de mercurio en el pescado y otros productos pesqueros sigue siendo la principal fuente de notificaciones.

Para la organización ecologista “la situación es más grave ya que los límites permitidos por la UE de mercurio en pescado no protegen suficientemente la salud”, al no tener en cuenta el consumo medio, ni las características corporales de los consumidores.

Según Ecologistas en Acción, durante el año 2013 se presentaron 96 notificaciones por contenido en mercurio en pescado. Del total de notificaciones, 41 fueron de alerta, 37 de información y 18 de retenciones en las fronteras. Estas notificaciones son publicadas por el sistema de alerta rápida para piensos y alimentos (RASFF en sus siglas inglesas).

Del total, 48 casos de superación de mercurio en pescado tienen su origen en España, la mayor parte de los cuales fueron notificadas por Italia, el mayor importador de España.

Según el informe, se han alcanzado valores de hasta 5.6 mg/kg en rodajas congeladas de marrajo. La normativa comunitaria señala que el nivel máximo permitido de mercurio en los productos pesqueros es de 0.5 miligramos por kilogramo. No obstante, en estas especies o en el atún, que siguen siendo las especies con más superaciones, se permite un nivel máximo más alto: un miligramo por kilogramo.

Para Ecologistas en Acción la situación es “mucho más grave”, ya que los límites establecidos por la UE son “menos estrictos” que los establecidos por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), y referidos a la ingesta máxima semanal de metilmercurio (1,6 microgramos por kilogramo de peso corporal por semana). Este criterio se ha establecido para proteger al feto en desarrollo expuesto al metilmercurio a través de alimentos contaminados ingeridos por la madre embarazada.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción reclama a España, y al resto de los 94 países firmantes del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que lo ratifiquen lo antes posible. El convenio establece para todos los países las obligaciones relativas a la minería primaria, a la eliminación progresiva de ciertos usos y productos (pilas, termómetros), al comercio, a las emisiones y a la eliminación de los residuos.

Su aplicación en todo el mundo debería llevar a una reducción global de la contaminación y cualquier retraso en su ratificación solo aumentaría las consecuencias en la salud y el medio ambiente.

El mercurio es un metal extremadamente volátil que puede ser transportado a grandes distancias una vez se ha emitido a la atmósfera. Una vez se ha depositado en un ambiente acuático, el mercurio se transforma en metilmercurio, una potente neurotoxina, que se acumula en los peces y en los animales y los humanos que los consumen. Cuando es ingerido por mujeres embarazadas, el metilmercurio atraviesa la placenta y se acumula en el cerebro y el sistema nervioso central del feto en desarrollo. Incluso cantidades relativamente despreciables pueden producir serios retrasos motores o de comunicación. El mercurio nunca desaparece del medio ambiente, asegurando que la contaminación de hoy seguirá siendo un problema en el futuro.

Este sistema de alerta rápida se ha establecido en forma de red y está destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud humana y que se deriven de los alimentos o de los piensos. Las notificaciones de alertas se envían cuando el alimento o el pienso que presenta el riesgo están en el mercado y se requiere una acción inmediata.

Ecologistas en Acción reivindica que los Estados miembros “han de tener sus propios mecanismos para aislar y retirar del mercado los productos notificados en una alerta”, de forma que no puedan llegar a los consumidores, incluyendo la publicación de información detallada en los medios de comunicación, si fuese necesario.

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