Absueltos cinco huelguistas para quienes pedían siete años de cárcel por volcar un contenedor

BARCELONA// El magistrado del Juzgado Penal número 6 de Barcelona ha absuelto a cinco personas que participaron en un piquete durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 y estaban acusados de desórdenes públicos, al no haber podido acreditar que los acusados sean los autores de los hechos que les imputaban.

Durante la mañana del 29-M, los jóvenes participaron en un piquete de la Asamblea del Clot que cerraba a su paso los comercios abiertos, y que cruzó algunos contenedores en la calzada. Basándose en la denuncia de una agente de los Mossos de paisano, los acusaban de desórdenes públicos, daños al mobiliario urbano y un delito contra la seguridad vial. La Fiscalía, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat pedían para ellos penas de entre cinco y siete años y medio de prisión, y el consistorio, además, 3.100 euros por el total de los daños.

La acusación no ha podido probar que los cinco jóvenes sean los responsables de los hechos de los que se les acusaban, por lo que el juez concluye en la sentencia que «ante esta situación de incertidumbre probatoria y ante la inexistencia de indicios, necesariamente debe acudirse al auxilio del principio in dubio pro reo y al mandato absolutorio que el mismo propone».

En el juicio del 14 de junio en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, cuatro de los acusados defendieron que estaban informando a los negocios que estaban abiertos durante la huelga, pero que no participaron en el piquete que causó los disturbios, y el quinto de ellos dijo que no conocía al resto y que lo detuvieron cuando iba caminando hacia su casa.

«Defender a un contenedor»

El Ayuntamiento de Barcelona es el que quería una mayor pena, ya que pedía una condena de siete años y medio de prisión, la Fiscalía pedía seis y 5.000 euros de multa a cada uno y la Generalitat solicitaba una condena de cinco años de cárcel. Uno de los huelguistas consideró que estas acusaciones podían convertir el proceso en un juicio político porque «el Ayuntamiento se presenta en la causa para defender a un contenedor y no en otros casos de corrupción que han supuesto la desaparición de dinero público. Así muestran qué quieren de la ciudadanía: que estemos callados».

Las defensas, en un comunicado, aseguraron que consideraban «totalmente fuera de lugar, jurídicamente aberrante y absolutamente inaceptable democráticamente que se pidan penas de prisión» por mover contenedores, los hechos que denunciaba la policía.

[Artículo publicado en El Triangle]