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martes 26 septiembre 2017

Internacional

Intermón denuncia que la violencia sexual en Colombia queda impune en el 99% de los casos

Diana Arango, de Intermón Oxfam, y Yolanda Pineda, víctima de la violencia sexual en Colombia, alertan de los miles de crímenes contra las mujeres que se siguen produciendo con total impunidad

19 junio 2013
19:55
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Intermón denuncia que la violencia sexual en Colombia queda impune en el 99% de los casos
Diana Arango y Yolanda Perea durante su visita a Barcelona. Pablo Tosco/Intermón Oxfam

BARCELONA// A los 11 años, Yolanda Perea fue sufrió una violación y asesinaron a su madre y a varios de sus familiares. Es una de las miles de víctimas de la violencia sexual que ejercen los múltiples actores armados* que existen en Colombia. Relata su dramática experiencia de forma serena, y con la fuerza de quien ha sido capaz de enfrentarse a las adversidades y reunir la valentía necesaria para evitar que otras personas pasen por lo mismo. Cuenta que las heridas aún no ha cicatrizado, reclama una verdadera reparación por el daño sufrido y explica que recibe amenazas por defender los derechos de las mujeres, sin que el Gobierno colombiano haya hecho nada para protegerla.

Yolanda es portavoz de la campaña “Saquen mi cuerpo de la guerra”, y junto a Diana Arango, responsable de la campaña “Violaciones y Otras violencias” de Intermón Oxfam en Colombia, está de visita estos días en España para dar a conocer la situación de estas mujeres y recabar el apoyo internacional que fuerce al Gobierno colombiano a tomar medidas.

Según datos de Intermón Oxfam, entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual. De estas, 94.565 fueron víctimas de violación, 27.058 de aborto forzado, 7.754 de prostitución forzada y 175.873 de acoso sexual. Sin embargo, denuncian miembros de la ONG, estas cifras muy probablemente se quedan cortas.

¿Cuál es el motivo de su viaje a España?

Diana Arango: Estamos aquí para evidenciar que la violencia sexual desafortunadamente todavía continúa en Colombia, y para decirle a la comunidad internacional que si bien damos la bienvenida al inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, esta fase se debe construir sobre la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto, especialmente para las víctimas de violencia sexual.

¿La presión internacional es el principal factor que puede hacer que el Gobierno colombiano atienda a las víctimas del conflicto?

D.A : La comunidad internacional ha sido importantísima en muchos de los pasos que ha tomado el Gobierno colombiano hacia el reconocimiento de las víctimas y hacia el camino de la paz. De igual manera ha de ser garante y vigilante de que los derechos de las víctimas sean respetados en todo este proceso de paz, y en el post-conflicto especialmente.

¿Cuál es la situación de las mujeres en este conflicto?

Yolanda Pineda: En el conflicto que hay en Colombia las mujeres nos estamos llevando la peor parte. Niñas y jóvenes están siendo violentadas sexualmente, sufren asesinatos, desplazamientos forzados… Son víctimas por todos los ángulos.

Incluso a veces son víctimas de sus propios convecinos…

Y. P: Si hay un actor armado en la zona, los otros hombres se creen con el poder sobre sus esposas, de golpearlas, de obligarlas a tener relaciones, sienten un respaldo al ver que alrededor hay un actor armado, sea el que sea.

Eso debe suponer una dificultad añadida a la hora de denunciar…

Y.P: Si de por sí ya da miedo denunciar a un actor armado porque me violó, o porque vi que asesinó a alguien, o porque desplazó a alguien, también dificulta el hecho de saber que está en la zona. Eso da más pánico, se sume uno más en su dolor y no da pie a poner una denuncia.

Usted misma sufrió la violencia sexual de pequeña y la represión posterior en su familia…

Y. P: Cuando yo tenía 11 años, en 1997 en el departamento de Chocó, un actor armado me violó. Cuando mi mamá regresó yo le conté qué había pasado y mi mamá fue y le reclamó al actor armado, discutieron, pero no pasó a mayores. A los días, esta persona, con otros del mismo grupo, vino nuevamente y me dieron una tremenda paliza. Yo estaba embarazada y no lo sabía, y a raíz de esa paliza perdí el bebé. Al cabo de unos meses, vinieron unos siete hombres a comprar ganado a la finca y mi abuelito bajó a atenderlos. Entonces ellos dijeron “No, queremos que nos atienda su hija”.

Su madre…

Y. P: Sí, mi mamá bajó a atenderlos. En ese momento, que yo iba tras de ella, ella me dice: “quédese usted porque de ahora en adelante usted es quien se va a hacer cargo de sus hermanos”. Le dije: “¿Yo por qué? Para eso está usted…” y ella me dijo: “No, usted se va a hacer cargo”. Al rato se formó una balacera impresionante y empecé a correr con el capataz y con las otras personas que estaban en la finca. Empezaron a dispararnos. Cuando ya no había ruido bajamos y al llegar a la casa vimos una sábana blanca al subir las escaleras y otra al lado del coche de los marranos. Fui para donde estaba mi abuelito para hablar con él, y él me miró tan feo que todavía lo recuerdo. En ese momento mi tía se acercó y le preguntó: “¿qué pasó?”. Entonces le dijo: “mataron a tu hermana y a mi sobrino, y tu hermano está grave en la parte de atrás. No pudimos sacar a mi hermano porque si se daban cuenta en el pueblo que acá sucedió esto, acaban con toda la familia. Tocó curarlo ahí con lo poco que había, y hacer allí el entierro. Al cabo de unos meses nos obligaron a desplazarnos, y estuvimos desplazados entre Antioquia y Chocó un buen tiempo.

¿Volvieron?

Y. P: Retornamos nuevamente y empecé a ver que me estaban siguiendo. Decidí salirme de la comunidad y echarme a andar. Logré que un tío me trasladara a Antioquia, y en el traslado noté que todavía me estaban siguiendo y hablé con la Cruz Roja, que me trasladó a Medellín. Allí duré un año trabajando, pero me faltaba mi familia, necesitaba regresar. Volví en el 2000, me casé, y pensé que ya lo había resuelto todo. Pero ahí empezó mi tortura, porque empecé a confundir a mi esposo con el actor armado, tuve un bebé y la mirada de mi hijo era igualita a esa persona. Comencé a vivir una situación muy grave.

¿Cómo logró salir de esa espiral?

Y. P: Conocí a una compañera que me llevó a una reunión que se estaba organizando para poder reclamar nuestros derechos. Me llevó hasta una amiga que era psicóloga y me empezó a tratar. Comencé a ir cambiando de actitud. A raíz de eso decidí separarme de mi esposo y la relación con mi hijo mejoró. Empecé a estudiar y conseguí un buen empleo en una fundación. Llegamos a un acuerdo, me pagaban la mitad y el resto me lo daban en donaciones para llevárselas a la gente del Chocó. Porque es mi gente, mis hermanos, mis amigos, mi mamá trabajaba con esa gente y yo no los quería dejar solos.

¿Siguió recibiendo amenazas?

Y. P: Comencé a implicarme en la defensa de los derechos de las mujeres y los campesinos. Ya en 2011 fui a una reunión a Medellín para tratar sobre los Derechos Humanos, la restitución de tierras… Por la tarde, recibí una llamada que me dice: “Niña, usted está metiendo sus narices donde no debe, y recuerde que lo mismo que le pasó a su mamá le puede pasar a usted”. Entré en pánico. Decidimos esperar a que terminara el taller el día siguiente. Al otro día nuevamente me llaman y me dicen: “Le estamos hablando en serio, usted está ayudando a gente que no le ha solicitado su ayuda, y recuerde que por 12.000 pesos podemos mandar a matar a alguien”. Llamé a mi casa y me dijeron que por allí estaba pasando gente rara.

¿Denunció?

Y. P: Fui a la fiscalía a denunciar las llamadas. A finales del año pasado recibí una carta muy bonita de la fiscalía diciéndome que el riesgo era muy bajito y que no me podían dar protección. Me tocó valerme de mis propios recursos e hice un curso de escolta para aprender “malicia indígena”, como se dice, a detectar las amenazas, porque si no sospechamos, cualquiera puede ser nuestro atacante. Es entonces cuando uno se pregunta ¿qué está haciendo el Gobierno? Él debería encargarse de eso.

¿Recibió reparación por todo lo que le pasó?

Y. P: A mí me dieron 16 millones de pesos. Pero resulta que el mismo actor armado que me violó y mató a mi mamá me reclutó un hermano teniendo 14 años. Me lo devolvieron después de diez años, herido, en muy malas condiciones. Y me tocó coger mi indemnización, que supuestamente era para mejorar mi calidad de vida, para solucionar un problema que yo no creé. Para arreglar una situación de la que el Estado debería haberse encargado.

¿Esa reparación fue suficiente para usted?

Y. P: No tengo reparación en el sentido de que necesito saber por qué la asesinaron, porque en mi familia mi abuelito me culpa a mí, y yo sé que no fue mi culpa, porque tenía que contarle a mi mamá lo que me había pasado. Necesito que este actor armado me diga que la asesinaron por esto y esto, para poder quitarme esa culpa, sentirme reparada y dormir tranquila.

¿Hubo algún tipo de condena para estas personas?

Y. P: No. Coloqué la denuncia en la fiscalía y de ahí no ha pasado.

Según datos de Intermón, en menos de diez años ha habido casi medio millón de mujeres víctimas de la violencia sexual… ¿Qué ha hecho el Gobierno colombiano para atajar este problema?

D. A: El marco legal de Colombia es muy bueno, hay muchas leyes que protegen y eliminan y sancionan este tipo de violencia. En términos normativos, Colombia lleva la avanzada en Latinoamérica, no porque el Gobierno se haya puesto la mano en el pecho, sino por el esfuerzo de muchas mujeres para que estas leyes existan. Sin embargo, existe una gran brecha entre lo que dice la ley y lo que el Gobierno realmente implementa.

¿No se cumplen las leyes?

D.A: Muchas no se han cumplido. Por ejemplo crear una base de datos para saber cuántas mujeres afectadas hay. En la encuesta que hemos realizado, si bien es un número muy grande, no incluimos a las mujeres menores de 15 años. Y sabemos que las niñas entre los 4 y los 16 son las más afectadas por la violencia sexual en el marco del conflicto armado. El número podría ser muchísimo más grande.

Además reina la impunidad…

D.A: La impunidad ha sido el motor que ha movido las violaciones de los Derechos Humanos. En el marco de Justicia y Paz, la ley que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares en el 2005, se confesaron 1.010 casos de violencia sexual, de los cuales 943 eran contra mujeres. De estos 943, la fiscalía solamente está investigando 63. Después de siete años de Justicia y Paz, solamente hay 3 condenas. La tasa de impunidad para violaciones de los DDHH alcanza el 98%, y para violencia sexual alrededor del 99%. Esto manda el mensaje de que en Colombia puedes cometer cualquier acto de barbarie con total impunidad. Por eso se siguen cometiendo de manera sistemática y masiva.

¿Qué mensaje quieren mandar a la comunidad internacional?

Y.P: Que somos muchas las que hemos pasado por estas situaciones tan macabras, pero lo hemos utilizado para luchar para que a otras mujeres no les pase. Pero eso implica más riesgo. Ahora estamos en un tratado de paz, y lo que necesitan es que no se sepa que esto pasó y sigue pasando, y muchos están tratando de callar a todo aquél que hable. Yo lo que les pido a ustedes, a todas las corporaciones, organizaciones, movimientos, es que no nos dejen solas en esta lucha, porque como defensoras de los DDHH necesitamos protección.

*Bajo el concepto “actores armados”, se designan todos aquellos grupos que participan en el conflicto armado en Colombia. Entre estos están el ejército, grupos paramilitares, la guerrilla, bandas criminales y otros grupos de delincuencia

Brais Benítez

Brais Benítez

1 comentario

  1. inconforme
    inconforme 18/08/2014, 18:06

    Es esta la mejor manera de actuar para que el estado colombiano actúe de verdad. La denuncia internacional y la presión posterior que ejercen las ong extranjeras, es lo único que mueve al gobierno para proteger a las victimas que denuncian. Lamentablemente esto lo han aprovechado sinverguenzas para obtener privilegios aprovechandose de las desgracias de miles de colombianos que han padecido de veras la violencia en todas sus manifestaciones. Conozco un sindicato que ha denunciado miles de amenazas hechas por ellos mismos, además de asesinatos por causas pasionales o de deudas, y hoy varios de sus directivos tienen escoltas, vehículos y dinero de parte de la UNP, para darse una vida que como obreros estarían lejos de alcanzar, ese sindicato se llama SINALTRAINAL. Esos escoltas que tienen debería el estado asignarselo a personas como la compañera Yolanda o a muchas otras que como ella, han padecido esta atroz violencia.

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