Una iniciativa comprueba el acceso limitado a las cuentas municipales

BARCELONA// ¿Puede un ciudadano acceder a la información sobre las cuentas de su ayuntamiento? La respuesta es sí, pero en ocasiones durante un tiempo limitado y en condiciones que dificultan realizar un análisis exhaustivo de las cuentas. Enric Pons decidió comprobarlo por si mismo y hace dos semanas se dirigió al ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) para consultar la información económica del consistorio.

La ley establece que una vez aprobados los presupuestos, estos deben ponerse a disposición del público durante 15 días hábiles, durante los cuales se pueden presentar las alegaciones oportunas. Transcurrido este tiempo, en algunos municipios la información pública queda reducida a un documento poco concreto en el que se exponen los balances del consistorio. Este es el caso que nos ocupa.

En el Ayuntamiento, los empleados municipales ponen a disposición de Pons el expediente de más de cien páginas con los presupuestos de la población, que han sido aprobados hace menos de 15 días. Allí puede consultarlos de pie en un estrecho mostrador. Solo hay una copia, por lo que se hace muy complicado que dos personas puedan consultarlo al mismo tiempo. La información tampoco está disponible en formato digital, lo que facilitaría la distribución a los ciudadanos que lo solicitasen.

En conversación con el interventor del ayuntamiento, Pons le pide si puede hacer fotocopias del expediente. “La información pública no supone el derecho a obtener una fotocopia. El derecho es genérico, pero es una petición que debéis motivar. El derecho de consulta no tiene límite pero el derecho a fotocopia si”, le responde el interventor, Francesc Roldán. “Es que ahora me quería poner a estudiarlo, pero somos dos y ya nos estamos molestando”, responde Pons.

El interventor le pregunta si viene de parte de algún partido político e incluso le sugiere que si tuviese una motivación académica el acceso sería más sencillo. “No, vengo como ciudadano”, aclara Pons. Finalmente, Roldán lo emplaza a presentar una instancia por escrito especificando los documentos de los que desea una copia.

Así que se pone en contacto con un abogado, que se ofrece a redactar la instancia. Una semana después, Pons vuelve con la instancia redactada para registrarla en el ayuntamiento. En ella solicita una copia de los documentos incluidos en el expediente, como la memoria de la alcaldía, las bases de ejecución, el estado de ingresos y gastos, inversiones y hasta el estado de la deuda municipal. “Una fotocopia de todo el expediente no creo que pueda hacerse…”, le espeta una de las empleadas tras el mostrador. Le asegura que el interventor no está allí ese día.

Pons se dirige al registro, donde le sellan la instancia. Desde entonces está a la espera de una respuesta.  “No hacen ningún tipo de publicidad, se limitan a cumplir el mínimo legal”, se lamenta. “Hace un tiempo pedimos los presupuestos y nos enviaron a la sindicatura de cuentas, que solo tiene un resumen de una página con el presupuesto, estado de tesorería y balances”. La única publicidad que informa a la ciudadanía de su derecho a consultar los presupuestos es una escueta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP).

Enric Pons forma parte de la Plataforma de Auditoria Ciudadana de la Deuda. Aclara que esta acción “no responde a un interés personal, sino que se trata de ejercer un derecho ciudadano, que está por encima de cualquier ideología”. La Plataforma ha organizado una mesa informativa en la que se insta a los ciudadanos a presentar sus propias instancias, con el objetivo de compartir y hacer público la respuesta obtenida de la Administración. De esta manera pretenden incidir en las posibilidades de la ciudadanía de conocer y auditar las deudas de sus municipios y avanzar en la transparencia de la información.