«Respeto mucho su trabajo como ministro pero, perdóneme… usted no se enteraba de nada». Esa ha sido la espontánea reacción del juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, a las respuestas que ha ido desgranando Jorge Fernández Díaz en su comparecencia como imputado por la operación Kitchen.
El exministro acudía al tribunal para ser interrogado por el operativo policial montado para espiar a Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, y para sustraer y destruir pruebas que pudieran afectar al Partido Popular en la investigación de su caja B. ¿Conocía Fernández Díaz este operativo, financiado con fondos (públicos) reservados? Sí, lo conocía. Lo ha admitido ante el magistrado. Pero no conocía su verdadera naturaleza. No sabía, en suma, que era ilegal.
Entre él y su número 2 en el ministerio, Francisco Martínez, hay varios mensajes de SMS en los que, supuestamente, Fernández Díaz señalaba al chófer del extesorero del partido, Sergio Ríos, como la persona a la que debían involucrar en la operación para borrar las pruebas incriminatorias que Bárcenas pudiera tener en su poder. Los mensajes tienen fecha de 2013. El exministro ha dicho que esos mensajes son un montaje y ofreció su teléfono móvil a la autoridad judicial para que lo comprobase.
Ríos cobró, según el sumario, 53.000 euros por su trabajo como confidente. Exactamente 2.000 euros al mes durante algo más de dos años.
Sin órdenes de arriba
Fernández Díaz ha contado en la Audiencia Nacional que se enteraba de estas cosas por la prensa y que jamás recibió ninguna orden de Mariano Rajoy ni de María Dolores de Cospedal, por aquel entonces secretaria general del PP, para montar la operación Kitchen, que estuvo dirigida, presuntamente, por el excomisario de policía José Manuel Villarejo. También negó cualquier relación con este último y sostiene que apenas lo conoce por haberlo saludado, esporádicamente, en un par de ocasiones.
Juan Cotino, exdirector general de la Policía fallecido el pasado abril por la COVID, le habló de Villarejo, sí. Eso lo ha admitido Fernández Díaz. Cotino le contó que el excomisario había trabajado para el Estado en diversos asuntos, pero nada más. Si luego su número 2, Francisco Martínez, montó algún operativo con él, el exministro se lava las manos. Y eso a pesar de que fue él quien lo envió para entrevistarse con Villarejo. Lo que ocurriera después de esa entrevista es un misterio para el exministro. O así lo ha declarado ante el juez.
Fernández Díaz, en su desconcertante declaración, dijo lamentar que nadie le contara la verdadera naturaleza de la operación Kitchen, que él creía perfectamente legal y enmarcada dentro de la investigación del caso Gürtel. Pero nadie en la Policía lo hizo, y por eso lo considera «una deslealtad».
No es la primera vez que el Partido Popular es investigado por entorpecer la acción de la justicia en un asunto relacionado con su supuesta financiación opaca. En 2019, el juzgado de lo penal número 31 de Madrid absolvió al PP de un delito de encubrimiento por destruir a martillazos los discos duros de Bárcenas. No se pudo demostrar que esa destrucción se debiera a un afán por borrar pruebas sobre la caja B.