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Diyarbakir: un ayuntamiento secuestrado en el Kurdistán turco

La detención y destitución de alcaldes kurdos por orden de Erdogan agrava el deterioro político y social en el Kurdistán turco.

Manifestación kurda en París contra la represión del gobierno turco. Foto: JOSÉ BAUTISTA

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03 noviembre 2016 Una lectura de 4 minutos

Andrea López (Turquía)

El frío otoñal y las primeras lluvias tiñen de gris el cielo de Diyarbakir, capital no oficial del Kurdistán turco, como si de una metáfora del estado de ánimo de sus habitantes se tratara. Este viernes la ciudad despertó con la noticia de la detención de los presidentes y once diputados de la gran coalición de la izquierda Kurda, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el tercero con más peso en el Parlamento turco. Para muchos, la medida purgatoria no era más que cuestión de tiempo. El pasado 25 de octubre tuvo lugar la detención de Gültan Kisanak y Firat Anli, los dos alcaldes de la ciudad de Diyarbakir, centro neurálgico de la resistencia política kurda en Turquía con una población similar a la de Barcelona. Ambos ciudadanos, cargos electos de la desaparecida formación kurda de izquierdas BDP (Partido de la Paz y la Democracia), bajo el paraguas de la coalición de partidos HDP, se encuentran desde hace una semana bajo custodia policial acusados de pertenencia a organización terrorista. Durante el fin de semana, el aparato del gobierno turco los puso a disposición judicial por su supuesta vinculación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización política y armada fundada por el encarcelado Abdullah Öcalan, líder histórico de la resistencia kurda, con la que el gobierno turco se encuentra en guerra desde junio de 2015 tras el fracaso del último alto al fuego pactado entre guerrilla y Estado. La misma acusación pesa sobre los diputados kurdos detenidos en la víspera del viernes. Este lunes se conoció el traslado de ambos mandatarios locales a una de las prisiones políticas en régimen de aislamiento especial a orillas del mar de Mármara.

La situación política y social en el Kurdistán turco se ha agravado en las últimas semanas como consecuencia de las políticas represivas orquestadas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fundador del islámico y conservador Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). El gobierno de Erdogan, en el poder desde el año 2002, prosigue así la deriva autoritaria que viene impulsando desde el intento de golpe de Estado militar que tuvo lugar el pasado 15 de julio. A las multitudinarias purgas contra militares señalados como golpistas, jueces opuestos al régimen, funcionarios críticos e innumerables periodistas, se suma ahora una escalada inusitada de represión y violencia institucional contra miembros de partidos políticos pro kurdos, activistas en favor de los derechos humanos, manifestantes y feministas procedentes del sureste del país, región que la resistencia kurda denomina como Kurdistán norte o Bakur.

Desde que tuviera lugar la detención de los dos ediles de Diyarbakir –ambos comparten el título de alcalde pues los partidos kurdos impulsan la igualdad de género en todas sus listas – el Estado turco reprime de forma violenta las manifestaciones que la población de la ciudad y del resto de la región llevan a cabo para protestar contra el secuestro de sus instituciones políticas. Dos días después del arresto de los dos alcaldes, el número oficial de manifestantes, simpatizantes de partidos pro kurdos y empleados municipales detenidos se elevaba a 25 personas, entre ellas varias personalidades influyentes del movimiento kurdo, como Ayla Akat, portavoz del Congreso de Mujeres Libres (KJA). Sin embargo, según el colectivo de periodistas críticos Ben Gazeteciyim y la organización Human Rights Watch estas cifras podrían ser mayores y previsiblemente se han visto incrementadas en los últimos días.

La información acerca de estos hechos es escasa debido a las restricciones para conectarse a internet que impone el gobierno turco desde el pasado 25 de octubre en toda la región sureste. El apagón virtual, amparado en el actual estado de emergencia declarado en el país, afecta ya a una quincena de provincias y tiene como objetivo evitar el intercambio de informaciones y la organización de protestas. Desde hace una semana, pocos inclinan la vista sobre la pantalla de su teléfono en el transporte público y, en los lugares de trabajo, cada vez son más los que sucumben con apatía a la inactividad entre interminables sesiones de tés y cigarros. Estos días, en los círculos progresistas toda conversación empieza por pedir noticias actualizadas a quienes disponen de una red VPN que permite acceder a internet desde fuera de Turquía.

Los acontecimientos de la semana pasada en Diyarbakir se inscriben en la línea del golpe de estado civil contra las instituciones políticas kurdas que comenzó el pasado 11 de septiembre. En aquella fecha el régimen de Erdogan destituyó y ordenó la detención de 28 ediles de gobiernos municipales y ayuntamientos de diferentes distritos kurdos llamados a gobernar por el electorado kurdo en las elecciones locales de 2014. En dichos comicios un gran número de gobiernos locales había superado la barrera del 60% de apoyo electoral a formaciones políticas kurdas, por ejemplo en ciudades como Sirnak, cuyos dos alcaldes -también destituidos- habían obtenido el 60,9% de los votos, o Hakkari, con un 66,8% de los sufragios.

Como denuncian desde la coalición de partidos HDP, “los últimos decretos e imposiciones no hacen sino avanzar un paso más en la instauración del estado unipartidista y autoritario largo tiempo ansiado por el AKP. El gobierno de Erdogan-AKP continúa así con la construcción de una estructura de estado a su medida donde aquellos que no declaren su pleitesía al presidente Erdogan no tendrán cabida alguna”. La desmesura de la actuación del gobierno parece augurar un repunte en la virulencia del conflicto kurdo, que estrechará aún más el cerco sobre los ya maltrechos derechos humanos en Turquía.

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Diyarbakir: un ayuntamiento secuestrado en el Kurdistán turco

La detención y destitución de alcaldes kurdos por orden de Erdogan agrava el deterioro político y social en el Kurdistán turco.

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