Pedro Ramiro y Erika González* //Acordar en secreto numerosos asuntos que afectan al conjunto de la población. Esa es la principal vía de agua en la negociación del TTIP, un barco al que no le va a quedar mucho para hundirse si, además, se van conociendo cada vez más los contenidos concretos de este tratado de comercio e inversiones. A eso ha contribuido, justamente, la reciente filtración de los borradores del acuerdo que negocian la Unión Europea y Estados Unidos, a arrojar luz sobre un “tratado vampiro” —empleando la metáfora popularizada por Susan George para referirse a acuerdos comerciales como el TTIP— que apenas puede resistir la exposición al gran público y corre el riesgo de morir rápidamente si se le expone fuera de las reading rooms.
Tampoco son nada transparentes los mecanismos que suelen utilizar las corporaciones transnacionales para defender sus intereses. Se trata, básicamente, de tres vías: primero, una presión constante a las instancias gubernamentales nacionales e internacionales desde los grupos empresariales, desarrollando una fuerte labor de lobby; segundo, la construcción y difusión de un relato que legitime socialmente sus objetivos de negocio, poniendo en marcha think tanks; en tercer lugar, engrasando continuamente el mecanismo de las “puertas giratorias”, con gobernantes y empresarios que van intercambiando posiciones entre el sector público y el privado.
“El TTIP es una oportunidad única en una generación para estrechar más las relaciones entre Europa y Estados Unidos”, dice el consejero ejecutivo del BBVA, José Manuel González-Páramo. “Debemos aprovechar este momento y llegar a un acuerdo sobre el TTIP tanto para impulsar en España el crecimiento económico y la creación de empleo como para mejorar y fortalecer la asociación transatlántica”, afirma quien asimismo ocupa el cargo de presidente para Europa del TransAtlantic Business Dialogue. “Tenemos una ventana de oportunidad este 2016 que debemos aprovechar”, concluye el que también fue miembro de los consejos de gobierno del BCE y del Banco de España durante dos décadas. Y el de González-Páramo es apenas uno de los muchos ejemplos que pueden citarse para ilustrar cómo opera esta tripleta de mecanismos en la trastienda de las instituciones públicas a la hora de avivar la nueva oleada de tratados de “libre comercio”.
Lobbies
Los intereses particulares de las élites que controlan el poder político-económico son promovidos desde los gobiernos de los países centrales y las grandes instituciones internacionales como si fueran sinónimos del bien común. De eso se encargan, en primer lugar, los lobbies y las asociaciones empresariales, que —cuando no es porque los han puesto directamente ahí o se vinculan a ellos mediante las “puertas giratorias”— ejercen una presión constante sobre los representantes políticos para asegurar sus negocios y favorecer su expansión global.
Por lo que respecta al TTIP, entre los lobbies más influyentes a la hora de impulsar este acuerdo transatlántico están la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT, por sus siglas en inglés), que agrupa a cincuenta de las mayores multinacionales europeas; Business Europe, la asociación de patronales europeas de 34 países entre las que se encuentra la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); el Comité para la Unión Europea de la Cámara Americana de Comercio (AmChamEU), que representa en Bruselas a transnacionales con sede en EEUU; así como el Transatlantic Business Council (TABC), resultado de la fusión del TransAtlantic Business Dialogue (TABD) y del European-American Business Council, de cuyo consejo ejecutivo forman parte grandes corporaciones de ambos lados del océano.
Como ellos mismos se encargan de publicitar, los beneficios de unirse a estos grupos de presión empresariales parecen bastante claros: aprovechar las “oportunidades para una fuerte colaboración entre empresas y gobiernos, incluyendo el desarrollo de políticas y proyectos que beneficien específicamente a las compañías miembro”; tener “relaciones con funcionarios gubernamentales de alto nivel que puedan facilitar la resolución de cuestiones relativas a las empresas” y “reunirse con embajadores europeos y estadounidenses”, dice el TABD en su página web. En el caso específico del TTIP, además, se trata de “crear nuevas oportunidades de negocio e incrementar la competitividad de las compañías europeas y estadounidenses en el sistema de comercio internacional”.
Think tanks
Junto con su labor de lobby para sostener su elevada capacidad de influencia sobre los gobiernos e instituciones, las grandes corporaciones desarrollan también un trabajo de construcción discursiva dirigido hacia la opinión pública. Elaboran estudios e informes, revestidos de un formato técnico y un aura de “neutralidad”, con los que no pueda cuestionarse la centralidad de las transnacionales en la economía global. Esa es la función que cumplen los think tanks vinculados, directa o indirectamente, a las compañías multinacionales.
En el caso del TTIP, al igual que ocurre con los demás tratados de “libre comercio”, se trata entonces de mostrar una batería de datos que avalen las ventajas sociales, laborales y económicas de apostar por este acuerdo. Eso hacen informes como los del Centre for Economic Policy Research, el Centre for European Policy Studies, el European Centre for International Political Economy, el Center for Transatlantic Relations, el German Marshall Fund y el Consejo Atlántico. “Cerca de 600.000 pymes europeas podrán exportar al resto del mundo y emplear de este modo a 6 millones de personas”, asegura un estudio de la Comisión Europea que defiende el TTIP como una apuesta de futuro para las pequeñas y medianas empresas.
Los centros de pensamiento creadores de discurso en el ámbito europeo, como no podía ser de otra manera, tienen sus contrapartes en el Estado español. Es el caso del Instituto de Estudios Económicos, autor del informe que concluye que con la firma del TTIP habrá un incremento de las exportaciones e importaciones, crecerán casi todos los sectores económicos y llegarán a generarse hasta 335.000 nuevos empleos en los cinco primeros años de entrada en vigor del acuerdo. Los patrocinadores de este estudio, eso sí, son la CEOE y la Cámara de Comercio de España.
Puertas giratorias
El tercero de los mecanismos empleados para defender los intereses de la clase político-empresarial que nos gobierna son las “puertas giratorias”, un concepto que se ha hecho mainstream en nuestro país en los últimos tiempos gracias a casos como los de Felipe González, José María Aznar, Elena Salgado, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y muchos otros más. Hasta tal punto se ha desdibujado la línea que separa la esfera pública del ámbito privado que ya hay quien habla de que a este fenómeno sería mejor denominarlo “cama redonda”, ya que son las mismas personas las que van ocupando diferentes cargos en uno u otro momento sin que haya ningún posible asomo de conflicto de intereses.
Y en el ámbito europeo es igual: en la Comisión Europea, en 2014, uno de cada tres comisarios salientes atravesó las “puertas giratorias” para convertirse en alto ejecutivo de una gran empresa o de una organización relacionadas con las multinacionales. En eso destaca quien fuera ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno español, Miguel Arias Cañete, hoy comisario europeo de Acción por el Clima y Energía: Cañete ha tenido vínculos directos con la industria petrolera, ya que fue el presidente entre 2005 y 2011 de dos empresas del sector, Petrologis y Petróleos Ducar, fundadas por la familia de su mujer, que acab de aparecer a su vez en “los papeles de Panamá”. Con estos antecedentes, no es de extrañar que el 80% de las reuniones del comisario Cañete el año pasado fueran con el sector privado y, sobre todo, con grandes corporaciones energéticas como GDF Suez, E.On, Enel y BP, las conocidas como Big Energy.
* Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
