El jueves 17 de marzo, mientras Lula da Silva (*1) asumía la jefatura del gabinete (ministro de la Casa Civil) de la presidenta Dilma Rousseff, en las calles de São Paulo simpatizantes y opositores del Partido de los Trabajadores (PT) protagonizaban una dura batalla que se extendió a otras ciudades. Y si bien varios recursos judiciales dejaron su nombramiento en suspenso por algunas horas, finalmente un combativo Lula ingresó en el gobierno. Lo hizo justo cuando la investigación judicial por las millonarias transferencias ilegales desde la petrolera estatal Petrobras a empresarios y dirigentes del PT y de otros partidos, tiene al propio Lula entre los acusados, y a la presidenta de Brasil con un juicio político (impeachment) que podría desembocar en su destitución.
Las imágenes de miles de simpatizantes del PT acusando de haberse puesto en marcha un golpe de Estado estremecieron no sólo a los brasileños. La grave crisis política y económica que sacude a Brasil marca el cierre de diez años de un ciclo bajo un nuevo liderazgo que prometió cambiar el rostro de miseria e impunidad que dejaron las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente.
El vuelco de la historia inició su giro el 18 de diciembre de 2005 en Bolivia, cuando llegó al Palacio Quemado el primer presidente indígena y de izquierda: Evo Morales.
Enero de 2006 tuvo rostro de mujer: la socialista Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile. En octubre, Brasil marcó el pulso del continente al ser reelegido el líder sindical Lula en una dramática segunda vuelta. Al mes siguiente era el sandinista Daniel Ortega quien era elegido en Nicaragua para dar paso a la victoria de la izquierda en Ecuador, con Rafael Correa (26 de noviembre). Hugo Chávez cerraría el circuito el 3 de diciembre en Venezuela, al anunciar el nuevo socialismo del siglo XXI.
Diez elecciones candentes en el «barrio» 2 y cero ruptura democrática. El 10 de diciembre de 2006 el dictador chileno Augusto Pinochet se convertía en cenizas en los precisos momentos en que la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, era sepultada por los sobrevivientes de la cacería.
Con distintas tonalidades, todos ellos prometían explorar por la vía democrática fórmulas para atacar el legado del neoliberalismo: miseria, violencia social, Estados débiles, privatizaciones sin regulación del Estado y pésima redistribución de la riqueza. La mejor radiografía de lo que ocurría en 2006 fue la de Brasil: los diez estados con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) le dieron la mayoría al contrincante de Lula, Gerardo Alckmin; en los 10 estados con peor IDH, Lula obtuvo más del 60% de los votos. Y en el medio, la cifra obscena: el 10% más rico de Brasil se apropiaba del 44% de las riquezas mientras los que vivían con dos dólares al día sumaban más de 40 millones de personas.
Otro vuelco histórico
Diez años más tarde, la historia vuelve a dar un vuelco. Un hecho es cierto: en esta década han sido millones los que salieron de la miseria para engrosar las clases medias. Sólo en Brasil lo hicieron más de 30 millones de personas. Frente a eso, otra cifra requiere ser desmenuzada: la concentración de la riqueza en el escalón más alto de la pirámide ha seguido creciendo. La violencia que encierra esa pésima redistribución de la riqueza tiene una lectura si se la coteja con otra estadística: somos el continente más violento del mundo sin que tengamos guerras declaradas (en 2015 se registraron 300 homicidios por día y 100.000 al año). En México, El Salvador, Honduras y Guatemala, entre otros países, el Estado es incapaz de garantizar el derecho humano básico de sus habitantes: la vida.
Sólo en México, entre 2008 y 2013 se registraron 80.000 muertos y la cifra de desaparecidos ya se acerca a 24.000. El último episodio estremecedor fue el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
desaparecidos en septiembre de 2014. Su rastro se pierde en una ruta que enlaza a militares, policías, políticos locales y el crimen organizado.
A ellos se suman ahora los más de 20 mineros asesinados por el crimen organizado en Tumeremo, Venezuela. Y podríamos seguir citando cómo se asesina impunemente a campesinos, estudiantes y dirigentes sociales en varios países. Una violencia que corroe las instituciones, dejando a los ciudadanos más indefensos que ayer frente a la nueva dictadura: la del crimen organizado.
Otra cara de esa dictadura es la protesta de cientos de comunidades que viven en sectores aledaños a las grandes inversiones mineras o petroleras –la gran palanca del crecimiento en Latinoamérica– por la contaminación del agua y de sus tierras. Sus relatos muestran las fórmulas que han ocupado esas empresas para captar a las autoridades y así obtener permisos de explotación sin estudios de impacto ambiental o apropiarse de las fuentes de agua indispensables para su negocio. La corrupción impide que se ponga límites a la inversión extranjera.
Lo ocurrido en Brasil también ilustra el avance de la corrupción. Según la investigación judicial en curso, cerca de 8.000 millones de dólares salieron ilegalmente de Petrobras, a través de millonarios contratos que beneficiaron principalmente a OAS y Odebrecht, la constructora más grande de Brasil, en una trama que incluyó el pago de coimas a políticos y empresarios. Los 70 parlamentarios involucrados en la Operación Lava Jato –entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado–, y la reciente condena a 19 años de cárcel para el constructor Marcelo Odebrecht y 16 años para el dueño de OAS, muestra cómo los millones que debieron destinarse a mejorar la calidad de vida de los brasileños, terminaron incrementando los bienes del 1% más rico de ese país.
Otro mapa se está levantando en estos días en Latinoamérica. Lo hacen periodistas acuciosos, apoyados en las mejores herramientas de investigación: el de los políticos y empresarios corruptos que han saqueado los bienes estatales. Allí figuran los más de 5.000 millones de dólares que el dictador paraguayo Alfredo Stroessner acumuló durante los 35 años que se aferró al poder y que ningún gobierno democrático ha querido rescatar. Murió en 2006, refugiado en Brasilia, sin ser interpelado por sus crímenes.
Otro capítulo se escribe en Chile, en donde a los escándalos de colusión de farmacias, productores de pollos y de papel higiénico, se suma la explosión del financiamiento ilegal de la política que involucra a todos los sectores. La Justicia investiga el posible cohecho en el diseño de dos leyes importantes: pesca e impuesto a la minería. Una de las empresas que más dinero ilegal entregó a políticos, incluyendo a la campaña de Bachelet, es Soquimich, compañía que Pinochet privatizó en su dictadura y que le entregó a su yerno, Julio Ponce Lerou.
La atención de las multinacionales y los bancos hoy se vuelca en Brasil, allí donde se mide el pulso de América Latina con su crecimiento duramente afectado por la baja del precio de los commodities. Momentos críticos. Pero todos saben que la interrupción violenta de la democracia paralizaría o frenaría el flujo de los capitales. Hay otras fórmulas para intervenir en países con instituciones débiles, permeables y con enormes territorios en donde el Estado está ausente. Por eso en el continente no hay guerras declaradas, aunque sigan muriendo en total impunidad las víctimas del crimen organizado, que no son sólo carteles de narcotraficantes.
Mónica González es directora del Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile.
1. Lula da Silva gobernó entre 2003 y 2010 , y fue elegido con más del 80% de respaldo popular.
2. A las elecciones ya mencionadas en 2006 hay que agregar la de Oscar Arias en Costa Rica, Alan García en Perú, la reelección de Álvaro Uribe en Colombia y la más reñida elección del último tiempo en México en la cual Rafael Calderón superó por solo 240.000 votos al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Y en Argentina, Néstor Kirchner gobernaba desde 2003 hasta 2007, cuando resultó elegida su esposa, Cristina Fernández.
