Víctor Penalver Guirao // La década de los sesenta es el periodo en el que se muestra mayor unanimidad entre las conclusiones de los historiadores del franquismo. En resumidas cuentas, el fin del aislamiento internacional, los acuerdos con EEUU y el Plan de Estabilización de 1959, entre otros factores, trajeron la liberalización de la economía española y el paso del proceso industrializador desde quimera a realidad. El “abandono” del fascismo significó una mejora generalizada en la mayoría de índices económicos de tipo macro. El avance económico también llegó a las familias españolas, viendo aumentar su riqueza, borrando de sus memorias las penurias de la guerra y la posguerra. El proceso, tan de actualidad en la historiografía española, de la consolidación del franquismo, tuvo, con este progreso económico, su último eslabón.
Pero, ¿hubiera sido posible el boom económico y la industrialización sin las políticas fascistas ejercidas durante los años de guerra y década de los cuarenta? La industria, el aumento del sector terciario y la llegada incesante de turistas, necesitaban asentarse sobre una base sólida y variada de infraestructuras. España, para su desarrollo, requería nuevas carreteras, tramos de ferrocarril, construcciones hidráulicas… Pero también era imprescindible contar con grandes empresas especializadas, con capital y dispuestas a seguir invirtiendo y creciendo. En 1940, España carecía de todo esto.
Considero esencial, al abordar el desarrollismo, profundizar en las políticas represivas franquistas contra los vencidos republicanos. A las diversas condenas, ejecuciones, torturas, junto con las tareas depuradoras morales, sociales e ideológicas, se sumó la imposición de los trabajos forzados a los reclusos. Fue esta última, la modalidad violenta y punitiva más beneficiosa para el régimen franquista. En primer lugar, porque sirvió para disminuir el colapso penitenciario y reducir los costes de manutención de los reos: el sistema carcelario ordinario de enero de 1940, tenía capacidad para 20.000 reclusos cuando en España había 280.000[1], una cantidad de mano de obra en potencia que iba a ser traslada de la cárcel a los distintos y diferentes campos de trabajo. Durante la guerra, la tecnología represiva para los trabajos forzados, por excelencia fue el campo de concentración[2]. Tras 1939, el Destacamento Penal fue el principal hasta 1970, aunque coexistió con otras modalidades como las Colonias Militarizadas, los Batallones de Soldados Trabajadores (BST), Batallones de Trabajadores (BBTT) o los Talleres Penitenciarios, sobre los que existe una amplia y variada producción historiográfica[3]. El papel de los reclusos estaba premeditado y calculado, como se observa de las palabras de Franco en enero de 1939:
“Yo entiendo que hay, en el caso presente de España, dos tipos de delincuentes; los que llamaríamos criminales empedernidos, sin posible redención dentro del orden humano, y los capaces de sincero arrepentimiento, los redimibles, los adaptables a la vida social del patriotismo. En cuanto a los primeros, no deben retornar a la sociedad; que expíen sus culpas alejados de ella, como acontece en todo el mundo con esa clase de criminales. Respecto de los segundos, es obligación nuestra disponer las cosas de suerte que hagamos posible su redención. ¿Cómo? Por medio del trabajo[4]”.
Los reclusos obtenían una redención de pena por días trabajados y un ínfimo salario (parte del mismo se lo quedaba el Estado por lo que no sólo se ahorraba su manutención penitenciaria sino que obtenía un superávit). Todo lo mencionado estaba reglado por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo –más tarde llamado Patronato de Nuestra Señora de la Merced-. Quedaba legalizado un nuevo modelo de esclavitud en España.
La “ganga” de los reclusos trabajadores fue utilizada para obras dirigidas por instituciones estatales, Falange o la Iglesia y, por supuesto, por las empresas privadas, junto con el Estado las grandes beneficiadas esta represión. Las corporaciones empresariales privadas punteras, esenciales para el posterior desarrollismo económico, surgen, en gran parte, de su afinidad al franquismo y de la explotación de los trabajos forzados. Las infraestructuras construidas, pilares esenciales de la modernización del país, van desde carreteras, explotaciones mineras, obras hidráulicas –como el Canal del Bajo Guadalquivir[5] o el Embalse de Alberche[6]- o líneas ferroviarias –como la que unía Madrid y Burgos[7]- que dinamizaron los tres sectores de la economía en su totalidad. Las empresas que dirigieron estas obras –hoy día forman parte del IBEX 35- son reconocibles por todos: Huarte y Laín (OHL), Entrecanales y Távora (Acciona) o Dragados (ACS), entre otras. Los trabajos forzados al servicio de las empresas continuaron, de manera oficial, hasta la década de 1970 aunque éstos pervivieron hasta los primeros años de la democracia, como demuestra el documental Els internats de la por[8], con los trabajos textiles en los talleres penitenciarios femeninos para El Corte Inglés. El mapa de los trabajos de los presos del franquismo, al servicio del Estado y del sector privado, quedaría configurado así:
Algunas investigaciones, como la del periodista Isaías Lafuente, se atreven a cuantificar en 780 millones de euros el beneficio/ahorro económico del binomio Estado-Empresas, producido por el trabajo de presos políticos y comunes durante el franquismo[9]. Hablamos de cantidades orientativas ya que todavía faltan muchos estudios monográficos sobre cada una de las obras en las que se destinó a trabajadores forzados. Esta falta de información es síndrome de la inaccesibilidad a los archivos de dichas empresas y del ocultamiento premeditado de los fondos del Tribunal de Cuentas, organismo que llevaba un control exhaustivo de los gastos de todas las obras que se hicieron durante la dictadura. Obtener una cifra exacta del rédito producido, por el uso de reos trabajadores, continúa siendo un objetivo a alcanzar pero podemos hacernos una idea con el siguiente ejemplo. En mi investigación sobre la construcción del embalse del Cenajo (Moratalla, Murcia)[10], en la que se instaló un Destacamento Penal para aportar presos a la obra, la empresa Construcciones Civiles (actual OHL) pagaba un jornal diario de 7 pesetas, en 1955, por doce horas de trabajo. Esta cantidad contrasta con la que recibía un jornalero agrícola en plena posguerra, entre 9 y 14 pesetas diarias[11]. Observamos una diferencia de en torno a un 50% entre ambos salarios separados por un espacio cronológico de quince años. Este análisis comparativo, entre trabajadores libres y reclusos, hace que no sea equívoco utilizar el concepto esclavitud para referirnos a estos últimos.
Los cimientos esenciales del desarrollismo económico de los años sesenta tuvieron, gran parte de su origen, en las políticas represivas ejercidas por el franquismo. La culminación de este proceso necesitó de las infraestructuras y las capitalizaciones del Estado y del sector privado producidas por los trabajos forzados. No se puede entender la bonanza económica, el aumento del nivel de vida, de la natalidad o de las importaciones, sin mencionar los consensuados factores como lo son el fin de la autarquía, los Planes de Desarrollo, el gobierno tecnócrata e incluso el contexto internacional de la Guerra Fría. A todas estas causas del desarrollismo español, debemos sumar los efectos producidos por esa violencia política para su completo análisis, que no deben faltar en la divulgación histórica y económica del proceso.
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Referencias
[1] Manuel ORTIZ HERAS:La violencia política en la dictadura franquista 1939-1977. La insoportable banalidad del mal, Albacete,Editorial Bomarzo, 2013, p. 80.
[2] Javier RODRIGO: Cautivos, campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005.
[3] José Ramón GONZÁLEZ CORTÉS: “Bibliografía de lo punitivo: los estudios sobre los trabajos forzados del franquismo” en Oliver Olmo, P., y Urda Lozano, J.C. (coords.): La prisión y las instituciones punitivas en la investigación histórica, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Estudios; 141), 2014 pp. 579- 596.
[4] Entrevista publicada por primera vez en El Diario Vasco, 1 de enero de 1939. Declaraciones realizadas al periodista Manuel Aznar.
[5] Gonzalo ACOSTA, José Luis GUTIÉRREZ, Lola MARTÍNEZ y Ángel DEL RÍO: El Canal de los Presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica, Crítica, Barcelona, 2004.
[6] José PÉREZ CONDE: “La construcción de la presa y el canal bajo del Alberche 1939-1950: La utilización de los prisioneros republicanos como mano de obra forzada en su construcción”, Espacio, Tiempo y Forma. SERIE V Historia Contemporánea (UNED), 25 (2013), pp. 341-372.
[7] Álvaro FALQUINA APARICIO (et al.): “Arqueología de los destacamentos penales franquistas en el ferrocarril Madrid-Burgos: el caso de Bustarviejo”, Complutum, Vol. 19, nº2 (2008), pp. 175-195.
[8] Montse ARMENGOU y Ricard BELIS: Els internats de la por, Género Documental, Barcelona, TV3 Catalunya, 2015. Puede visualizarse en http://blogs.ccma.cat/senseficcio.php?itemid=55591
[9] Isaías LAFUENTE: Esclavos por la patria, Madrid, Temas de hoy, 2002.
[10] Pude verse un breve resumen en http://www.eldiario.es/murcia/reportajes/Cenajo-herida-abierta-pantano_0_417508781.html
[11] Encarna NICOLÁS MARÍN: La libertad encadenada. España en la dictadura franquista, 1939-1975, Madrid, Alianza, 2005, p. 132.
* El progreso económico y la represión durante el franquismo. El superávit de la violencia de Estado es el título original del artículo publicado en The social science post
