MADRID// A mediados del pasado diciembre, Mariano Calleja, letrado-coordinador del Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería Municipal, fue uno de los ponentes de la presentación del informe sobre trata y prostitución en España de APROSERS (Asociación de Promoción de Servicios Sociales). Una entidad que hace apenas unos días comunicó su cierre, después de 28 años trabajando con inmigrantes, por falta de subvenciones.
Durante su ponencia, Calleja explicó cómo de las 12.000 víctimas de trata identificadas entre abril y diciembre de 2013, solamente 100 de ellas pasaron a ser testigos protegidos, según afirmó, “probablemente porque quisieron colaborar y porque sus testimonios fueron los suficientemente relevantes”. Especializado en procurar asistencia legal gratuita a estas víctimas, el letrado también lamentó la aparente despreocupación por que estas personas “sean asesoradas legalmente, que tengan acceso a un juicio justo o que se le garantice protección a los familiares que tengan en sus países de origen”.
El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea advirtió que estaban dispuestos a demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no adaptaba su legislación a la directiva europea sobre trata, después haber caducado el plazo en abril. A pesar de ello, aún no se ha hecho nada al respecto. ¿Por qué esta inacción?
Creo que uno de los problemas es que el legislador desconoce la manera de hacerlo. Por ejemplo, sobre la parte que más manejo yo, que es el tema de justicia gratuita para las víctimas, que creo que es absolutamente sangrante. En el Colegio de Abogados aún no hemos recibido ninguna notificación del Ministerio de Justicia, de Interior o de Sanidad. Nadie nos ha llamado para saber lo que tenemos que hacer. Y, desde hace cuatro años, tendríamos que tener un turno de oficio especializado en este tema. Ni siquiera se han emprendido las acciones que se promovieron para que los letrados fueran conociendo el problema, como cursos para que tuviesen una formación específica, que se iba a hacer desde el Ministerio de Justicia. No sé si es vértigo del legislador, desconocimiento… O que como estamos metidos en la crisis y parece que prima lo económico sobre cualquier otra cuestión, y saben que implementar todas estas políticas tienen un coste elevado, pues la dejan inactivas.
Se ha hablado mucho sobre que la reforma que Gallardón pretende introducir en el artículo 188 del Código Penal puede abrir la puerta a la legalización del proxenetismo.
Sí, es cierto. El nuevo artículo propuesto penaliza a la prostituta que no está metida en un local de alterne. Es decir, lo que se quiere es invisibilizar la prostitución. Si tú a una prostituta le dices que solamente puede ejercer a través de un tercero, este tercero la podrá manejar como quiera. Se establecen lo que ellos llaman plazas y, para que una mujer esté dentro de un local, tiene que cumplir con una serie de condiciones. Así es como encubren el proxenetismo. Las prostitutas entran en un club que dicen que es un hotel (en el que, curiosamente, el 99% de los que se hospedan son mujeres extranjeras en situación irregular) y tienen que pagar, por ejemplo, 50 euros al día. Pero claro, en ese hotel te obligan a bajar al salón, a hacer una serie de pases, a estar con hombres, a no salir de ahí… Si, finalmente, se aprueba esta modificación, lo más probable es que todas las mujeres acaben en clubs y que todos ellos estén controlados por proxenetas.
De hecho, la abogada feminista María José Varela se ha quejado en muchas ocasiones de que España sea uno de los pocos países en los que la patronal de los proxenetas (ANELA) está normalizada.
Mira, hace muchos años, a finales de los 90, había un procedimiento, el contingente de trabajadores extranjeros. Era un procedimiento extraordinario y era la vía a través de la cual los extranjeros que estuvieran en España se pudieran regularizar de forma encubierta. Se solía usar para que estas personas cubrieran puestos de trabajo que rechazaban los españoles o los extranjeros residentes. Por ejemplo, ofrecían 200 plazas en hostelería en Madrid, 500 plazas en la construcción en Andalucía… Y de los últimos años en los que el contingente estuvo vigente, los de ANELA se fueron al Ministerio y presentaron una solicitud para traer alrededor de 800 mujeres en toda España para alterne, que es una categoría profesional y que muchas se veces se usa para tapar la prostitución. Claro, no les hicieron ni caso porque no les parecería muy normal que España estuviera pidiendo mujeres de alterne.
Pero no solamente están muy asentados sino que son un lobby de poder muy importante y apoyados por… No voy a decir que por medios de comunicación porque no lo tengo constatado, pero sí por personajes con cierta relevancia que nunca se cortan a la hora de intervenir en algún problema y defender la prostitución regulada porque va a suponer un punto de inflexión en las cotizaciones, en la recaudación, o dicen que es dinero negro que estamos perdiendo. O sea, que defienden la mercantilización del uso del cuerpo de la mujer.
Y todo este contexto legal, ¿puede ser el motivo por el que España es uno de los principales países de destino y de tránsito de trata de personas?
No. No, porque realmente la trata de personas se ceba con aquellos que no tienen documentación para residir en España. Utilizan medios para que esa irregularidad no se dé durante mucho tiempo. Por ejemplo, en los países que tienen el convenio de supresión de visado de turista con España, como Brasil, las personas que entran por fronteras brasileñas pueden permanecer tres meses aquí en situación regular como turistas. No podrían ejercer ninguna actividad laboral, pero como la prostitución no lo es, están hospedadas en uno de esos hoteles de los que hablábamos antes. Esto permite que muchas personas pasen por España como un punto de entrada y permanezcan aquí.
Además, en España hay mucha prostitución porque socialmente está muy aceptada, incluso tolerada. Una vez escuché al presidente de la Plataforma por la Abolición de la Prostitución decir que dos o tres de cada cuatro hombres recurrían o habían recurrido a la prostitución. Y se ve bien. De hecho, muchas veces lo que se dice cuando se habla del tema es que muchas están porque quieren. Hombre, a mí me parece que no es así.
En la presentación del informe de APROSERS afirmó que únicamente el 0,8% de las víctimas de trata detectadas en España entre abril y diciembre de 2013, las que habían aceptado denunciar, habían recibido protección policial y legal.
La semana pasada, precisamente, salió una noticia en relación a este tema. A mí siempre me sorprende, cuando leo en prensa que se ha desarticulado una red de trata, que haya cuatro testigos protegidos y se incoen otros cincuenta expedientes de expulsión. Ya no es tan frecuente, pero si tiramos de hemeroteca, veremos que es la tónica habitual. Para mí es muy raro que estas cincuenta personas que tienen expedientes de expulsión no hayan estado en situación de trata. Lo que pasa es que, como no van a colaborar con la Justicia, no se les aplica este protocolo, que tendría que activarse hubiera denuncia o no, mediante el que se les dan esos 30 días ampliables para ver si las victimas deciden denunciar. Pero si lo que haces es, directamente, poner una orden de expulsión, esa persona no va a colaborar contigo nunca.
No es un problema de la policía. He hablado y he colaborado con ellos en muchas ocasiones, y de lo que se quejan es de que no tienen medios para sacar a una mujer de un club porque no hay donde llevarla. Si en una determinada provincia existen, se les pude llevar a un centro, pero no se la puede tener vigilada. Y a esto hay que añadirle que las redes de trata y los proxenetas tienen sus propios equipos jurídicos. Entonces, cuando una prostituta es detenida, bien para incoar una orden de expulsión, bien porque estaba trabajando en uno de estos locales de alterne, lo primero que hacen es mandar a sus abogados. Claro, así no declara nadie. Por lo tanto, una de las medidas para impulsar una ley de protección de víctimas de trata sería, por ejemplo, que tuviesen asistencia letrada de oficio con una formación jurídica específica y adecuada.
Estamos hablando de trata y prostitución como de dos temas conectados íntimamente entre sí. ¿La violencia de género también es un problema relacionado con ambos?
Sí, claro. La trata con fines sexuales es una forma de violencia de género. Antes hablábamos de distintas asociaciones de prostitutas, que defienden que su profesión se basa en un intercambio libre entre personas adultas en la que ellas comercian con su cuerpo a cambio de dinero. La realidad es que, según se ha demostrado, la prostitución es una relación de dominación del hombre sobre la mujer. Incluso en los casos de prostitución masculina, que son anecdóticos, la mayoría de los clientes son hombres. El que acude a la prostituta paga por lo que quiere.
A esto algunos responden que la prostituta se puede negar. Si está controlada por un proxeneta, lo dudo. Y en los pocos casos en los que no están presionadas por proxenetas, son mujeres que tienen una necesidad acuciante de dinero. Un problema que se ha incrementado mucho con la feminización de la pobreza que se ha vivido en los últimos años. Es decir que, aunque no se quiera reconocer, la trata es un problema claro de violencia de género. La legislación no lo reconoce porque supondría homologar a una prostituta nigeriana con una ama de casa a la que su marido le ha estado pegando, lo que podría herir determinadas sensibilidades, cuando es lo mismo, es violencia ejercida por un hombre. No hay una relación afectiva previa para justificarlo pero sí una relación de poder.
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